Ahora es momento oportuno para fijar el cumplimiento de este desafío en el proyecto constitucional.
Basta de ignorar la imperiosa necesidad que tenemos de modernizar el Estado. Su desafío no puede seguir paralizando y atemorizando a los gobiernos, ni seguir siendo bloqueado por ciertos grupos que se rehúsan a perder sus beneficios. Lo que importa es el bien superior. En efecto, sin un Estado eficiente y transparente en el gasto público no podremos desarrollar políticas públicas modernas, garantizar la equidad, fomentar el progreso económico y enfrentar los innumerables desafíos que nos aquejan hoy. La actual crisis política y de confianza en las instituciones es una muestra más de la necesidad de reformas. El impacto en productividad y crecimiento del mal uso de recursos públicos es significativo, pues el Estado no solo representa una cuarta parte del PIB, sino que también desempeña un papel regulador del resto de las actividades económicas. Sin ir más lejos, en el ámbito social, su rol es ineludible al proporcionar prestaciones esenciales a la mayoría de los ciudadanos.
La complejidad de esta tarea trasciende el clásico dilema del porcentaje del gasto público en relación al PIB, o cuántos más o menos ministerios. Es fundamental considerar no solo la variación total, sino también la composición del gasto y la eficacia gubernamental en su conjunto, para lo cual debemos ir más allá de ese enfoque simplista, muchas veces cargado de ideología, para abordar los desafíos de manera integral. Solo así el Estado podrá desempeñar sus múltiples y vitales funciones con la calidad que las sociedades actuales demandan.
Si aún no se convence de la urgencia de esta necesidad, considere que la estrechez fiscal actual ha sido el gran impedimento para abordar las crecientes demandas ciudadanas. Es imperativo hacer más con los mismos recursos. No olvidemos que después de períodos prolongados de déficit fiscal, la situación se agravó debido a la pandemia, alcanzando una deuda del 38% del PIB. Bajo estas condiciones, cada gobierno se ve obligado a buscar más ingresos fiscales para cumplir sus programas, llevándonos a un círculo vicioso en el que se alteran las reglas económicas y se siembra incertidumbre. Esto impide alcanzar un desarrollo económico que sea capaz de hacer sostenible fiscalmente cualquier esfuerzo social.
Necesitamos un trabajo permanente y amplio, además de una política de Estado sólida y valiente. Hasta ahora nuestros esfuerzos han sido aislados y temporales, generalmente motivados por escándalos de corrupción como el que nos afecta actualmente. Ahora es el momento oportuno para fijar el cumplimiento de este desafío en el proyecto constitucional. Esto no solo responderá a las principales demandas de la ciudadanía, sino que además permitirá que este compromiso se transforme en un mandato permanente para los gobiernos y el Estado en sí mismo. No es la solución definitiva, pero es el principio de ella. Así podremos impulsar el requerido consenso político para distribuir de manera equitativa los costos y beneficios del proceso de cambio, así como una visión estratégica compartida a largo plazo que incentive a que los compromisos y objetivos, así como sus detalles, sean asumidos por el poder Ejecutivo y Legislativo. Se trata de esfuerzo perseverante y sostenido, cuestión que a la luz de lo que hoy acontece, está lejos de ocurrir.
