El sistema transitó desde una competencia por estudiantes en mercados bajamente regulados y con financiamiento mayoritariamente privado, hacia uno de competencia institucional por prestigios en mercados altamente regulados y con financiamiento crecientemente público.
Esta semana, 287 mil jóvenes rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), iniciando así el proceso de postulación a alguna de las 45 universidades adscritas al sistema de acceso, grupo que corresponde a una fracción del sistema nacional de educación superior, caracterizado por su alta complejidad y diversidad. En Chile, hoy existen 138 instituciones de educación superior (IES) reconocidas (47 centros de formación técnica, 33 institutos profesionales y 58 universidades), y más de 1,3 millones de matriculados en programas de pregrado, posgrado y postítulos. Un 59% de esa matrícula se concentra en universidades.
El sistema ha experimentado profundos cambios en la última década. Se crearon nuevas normativas, instituciones, agencias estatales y mecanismos de financiamiento, impulsados por una fuerte presión ciudadana y estudiantil. La demanda por una educación superior «gratuita y de calidad» se concretó en la implementación de la gratuidad y una fuerte regulación de los procesos de aseguramiento de la calidad de las IES. Se buscó así impedir que se repitieran las irregularidades en que incurrieron varias IES detectadas el 2012, cuyo caso más emblemático fue la Universidad del Mar, que sumergió a sus veinte mil estudiantes en la pesadilla de un largo proceso de reubicación y continuidad de estudios, con un enorme costo fiscal.
La Ley 21.091 de educación superior (2018) fue fruto de aquel trauma, e introdujo importantes modificaciones al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SINACES). Entre esos cambios estuvieron el reforzamiento del Comité de Coordinación del SINACES; compuesto por la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior (SES), el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Además, la nueva ley impulsó criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional de los subsistemas universitario y técnico-profesional, junto con otros específicos para la acreditación obligatoria de programas de posgrado, Educación, Medicina y Odontología, todos evaluados por la CNA.
Con esta ley, la acreditación institucional pasó a ser obligatoria, reconfigurando las cinco dimensiones de evaluación: docencia, gestión institucional, aseguramiento interno de la calidad, vinculación con el medio e investigación. Estas dimensiones se acoplaron a los tres niveles de acreditación existentes desde el año 2020: Básico (tres años de acreditación), Avanzado (cuatro a cinco años) y de Excelencia (seis y siete años). El financiamiento institucional para la gratuidad también se acopló al esquema de acreditación: acceden a él solo las IES que alcancen al menos el nivel avanzado.
En la actualidad, la matrícula de pregrado en instituciones acreditadas se encumbra al 97% (el año 2019 era del 92%). Es decir, los estudiantes y sus familias prefieren IES acreditadas. Además, el número de estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero se redujo a la mitad (de 146 mil en 2016, a 60 mil en la actualidad). El sistema transitó así desde una competencia por estudiantes en mercados bajamente regulados y con financiamiento mayoritariamente privado, hacia uno de competencia institucional por prestigios en mercados altamente regulados y con financiamiento crecientemente público.
Sin embargo, pese a la institucionalidad vigente, varias IES están experimentado graves problemas de funcionamiento.
La semana pasada, la SES ordenó a la Universidad Austral presentar un plan de recuperación para hacer frente a la profunda crisis económica por la que atraviesa, con un déficit financiero y deudas superiores a los $91 mil millones. Ese mismo día, la SES informó a la Universidad de Aysén que le formulará cargos por su crítica situación financiera y administrativa —que involucra problemas en el pago de sueldos y un déficit de unos $1.000 millones en 2022—, dando inicio así a un proceso administrativo que podría culminar en el nombramiento de un administrador provisional.
Lo llamativo es que se trata de dos universidades recientemente acreditadas el año 2022. La Universidad de Aysén alcanzó el nivel básico (por tres años), mientras que la Universidad Austral fue acreditada en un nivel de excelencia (por seis años). En ambos casos, la acreditación de la CNA hizo ver las debilidades financieras por las que atravesaban.
De acuerdo con lo que se ha conocido de ambos casos, los problemas apuntan principalmente a debilidades de gestión. Tal como ha reconocido recientemente el rector de la U. Austral, la institución no modernizó sus mecanismos de control, creciendo inorgánicamente a costa de importantes créditos, pasando de un endeudamiento que financiaba el 28,7% de los activos el año 2015, a 44,7% el año 2020. En el caso de la Universidad de Aysén, la reciente auditoría de la SES, informada por la prensa, constató una dotación funcionaria sobredimensionada para sus 652 estudiantes: el número de docentes pasó de 40 a 138 en cuatro años, mientras que el cuerpo administrativo se incrementó en 90% el 2021. Así, la planilla de sueldos de la universidad superaría los $7,7 mil millones anuales. La mala gestión de recursos también se extendería a su infraestructura, con arriendos y compras impagos.
Mientras tanto, la Subsecretaría de Educación Superior ha anunciado que en 2024 se enviará un proyecto de ley para condonar a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). En los mismos días en que se conoce la grave crisis por la que atraviesan dos importantes universidades, es fundamental para el país que, con el mismo entusiasmo con que trabaja por la condonación del CAE, la Subsecretaría —que por ley es la encargada de presidir el Sistema de Aseguramiento de la Calidad— defina una agenda clara en materia de prevención y fortalecimiento de la calidad. Los 60 mil estudiantes que están matriculados en planteles con riesgo financiero y los 287 mil jóvenes que acaban de rendir la PAES merecen que sus sueños de una educación de calidad no se transformen en una pesadilla.
