La Constitución perfectamente podría disponer un sistema presidencial acompañado de una mejor y más equitativa distribución territorial y demográfica. Bien vale la pena debatirlo.
Los futuros convencionales no deberían negarse a debatir ninguno de los temas que, desde los partidos políticos y la sociedad civil, han salido a la palestra en estos meses. La discusión puede, de hecho, entregar herramientas para preservar las instituciones que, a pesar del vendaval de críticas que han arreciado sobre ellas, han permitido que el país se mantenga a flote. Así, por ejemplo, la mejor forma de defender la autonomía del Banco Central es convenciendo a la ciudadanía de que la estabilidad inflacionaria depende tanto de medidas técnicas como de que sus miembros continúen siendo independientes de los gobiernos. Y para ello la comunicación, la retórica y la deliberación son indispensables.
Tampoco habrán de negarse los convencionales a discutir un posible cambio de régimen político, una demanda que, a juzgar por los diferentes programas constitucionales desde la centroderecha a la centroizquierda, es transversalmente deseada y aplaudida por el espectro. Reconozco que tengo mis dudas de que una mudanza en nuestro sistema de gobierno vaya a traer los beneficios que se le atribuyen al semipresidencialismo y/o parlamentarismo. Pero poco o nada sacaría si me rehusara a debatir la materia, como si este u otro tema estuviera vedado por el mero hecho de contradecir la realidad actual.
¿A qué se deben mis dudas? En primer lugar, me parece que las razones de los problemas que nos aquejan son múltiples, y muchas de ellas no dicen relación con el presidencialismo. En efecto, tanto o más relevante es la polarización y atomización promovida por el régimen electoral proporcional, el que poco o nada tiene que ver con las prerrogativas del Ejecutivo. Por otro lado, la ingeniería que supone un cambio de este tipo requiere ser en extremo transparentes con el electorado: es muy posible que el país demore años antes de poner en práctica una modificación tan estructural. Años que, lo sabemos, poco ayudan a paliar la incertidumbre constituyente.
Hay una razón menos concreta, pero igualmente relevante: en las dos principales alternativas al presidencialismo no es la ciudadanía la que elige directamente a su jefe de gobierno, sino que el Congreso. Me pregunto hasta qué punto los votantes estarían dispuestos a ceder buena parte de su soberanía electoral para traspasársela a un grupo de parlamentarios cuya representatividad no va sino a la baja. ¿Se imaginan votando por un Jefe de Estado en elecciones abiertas y competitivas, pero que ese Jefe de Estado no sea el que en verdad gobierne?
Hay quienes sostienen que el presidencialismo es consustancial al centralismo y la concentración del poder. No tiene por qué ser así: la Constitución perfectamente podría disponer un sistema presidencial acompañado de una mejor y más equitativa distribución territorial y demográfica. Bien vale la pena debatirlo.
