Tantas motivaciones a lo largo de los años no nos hablan de creatividad, sino de una preocupante falta de claridad doctrinaria sobre cómo implementar el aspecto primario de la institucionalización del Estado: el uso legítimo de la fuerza.
Es claro para todos que Carabineros requiere una profunda reforma. Sin embargo, las motivaciones para esto han zigzagueado en los últimos años. El impulso original vino de la malversación de fondos públicos en 2017. Entonces, el objetivo principal de la reforma fue la rendición de cuentas de la institución, Luego vino la presentación de pruebas falsas en la oscura Operación Huracán. Como era de esperar, se apuntó a la falta de inteligencia policial, la ética y la fiscalización civil. En 2018, el caso Catrillanca reforzó esa motivación. En 2019, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante el estallido puso el eje en los derechos humanos. Y desde 2022, con el actual gobierno, se agregó la motivación del enfoque de género. Todo ello se enmarcó bajo el concepto de legitimidad de las policías.
Tantas motivaciones a lo largo de los años no nos hablan de creatividad, sino de una preocupante falta de claridad doctrinaria sobre cómo implementar el aspecto primario de la institucionalización del Estado: el uso legítimo de la fuerza. Se incluye lo que en el momento parece ser “lo más relevante” para la opinión pública, o para sectores de ella. Se legisla a golpe de encuestas y titulares en un tema central de nuestra convivencia.
Asociadas a esos momentos, varias propuestas se fueron sucediendo. En 2018, el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública ponía el foco en la profesionalización, la inteligencia y la relación con la ciudadanía. En 2019, la Comisión de Seguridad del Senado convocó a expertos para diseñar la reforma. En 2020, el Consejo Asesor de Reforma enfatizó en derechos humanos y transparencia.
En agosto de 2022, la ex ministra Siches inició un diálogo cuya primera medida fue permitir que a Carabineros entraran personas con tatuajes, caries y pie plano. Un mes después, la comisión se reinició con la ministra Tohá. Y este 29 de marzo, la Cámara aprobó y despachó al Senado la ley Naín-Retamal que entrega a Carabineros la presunción de uso justificado de armas de servicio.
En las propuestas hay miradas de largo plazo, como la profesionalización y la inteligencia policial; medidas triviales, como “permitir las caries”, y otras cuyos riesgos se advierten de inmediato, como en la ley Naín Retamal. El Presidente se ha esforzado en declaraciones y gestos simbólicos en los últimos días. Pero lo urgente es que las fuerzas políticas finalmente acuerden la forma jurídica que adopta el principio fundamental del monopolio legítimo de la fuerza.
Para que lo anterior ocurra es preciso que la oposición retome su rol en la mesa de seguridad convocada por la ministra Tohá. Acabar con el zigzag de la reforma requiere de acuerdos transversales. Ellos son la fuente de legitimidad. No tenerlos es seguir jugando al slalom con la República.
