Llevamos mucho tiempo paralizados sin poner en el centro de la discusión pública aquellos temas que en lo pronto preocupan a la ciudadanía; aquellos que, lejos de tener el corazón en la política, los tienen en la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas.
Antes de que termine la semana, el Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2023. ¿Cuál es la relevancia de este hecho? Que según lo que envíen, podremos ver qué desafíos considera cruciales el actual Gobierno.
Casi en perfecta sintonía, se publicó hace unos días el informe “OECD Economic Surveys: Chile”, en el que se evalúa cuáles son los principales retos que Chile tiene en materia económica. A grandes rasgos, la entidad hace un fuerte llamado de atención sobre la estancada productividad y pronostica una brusca desaceleración. En esta línea, realza la necesidad de efectuar reformas estructurales que impulsen el olvidado crecimiento y la generación de recursos fiscales adicionales; cruciales para potenciar el progreso económico y social.
¿Pero cómo alcanzar un crecimiento firme y sostenible? El informe pone el acento en aspectos pro-competitividad y en aumentar el gasto total en investigación, desarrollo e innovación, para mejorar la productividad. Además, contiene una sección dedicada a la actual reforma tributaria, lo que es bastante oportuno si consideramos que ya sorteó el primer paso legislativo. Al respecto, respalda parte de este ambicioso esfuerzo por generar mayores recursos, aunque es escéptico con la recaudación del impuesto a la riqueza, por las dificultades de la valoración de los bienes y la fuga de capitales que este conllevaría. Además, sostiene que el verdadero desafío para aumentar los impuestos a las personas naturales es ampliar la escueta fracción de la población que está afecta a este tributo.
Por otro lado, y considerando que desde octubre del 2019 no se ha avanzado en reformas sociales producto de que todos los huevos fueron puestos en la canasta del fallido proceso constitucional, el informe es enfático en recordarnos que no podemos congelarnos en un solo tema. Ni en lo constitucional, ni en solo lo tributario, como previno el ministro de Hacienda, quien recordó que dicha reforma debe relacionarse con el dónde serán destinados los recursos recaudados. ¡Pero cuidado! La OECD advierte que las reformas a financiar con los potenciales nuevos ingresos fiscales tienen algunos escenarios de riesgos en caso de que se lleven a cabo las inversiones sociales sin haber recaudado lo propuesto. Esto podría provocar que la deuda bruta se eleve aún más, pasando del 40% al 70% del PIB en un horizonte cercano.
Está claro que ha regresado la urgencia de invertir en más y mejores políticas públicas. A mi juicio, todo lo vivido tras el estallido y la pandemia revive con mayor fuerza las deudas sociales con la ciudadanía (que son de larga data). Sobre todo, aquellas reformas que podrían aumentar la productividad (como aconseja la OECD) y disminuir la desigualdad. Aquí, una pincelada de un par de temas:
- Protección social: Necesitamos desarrollar un mejor sistema, que garantice una protección social integral tanto para trabajadores formales como informales – ¿no lo dejó claro la pandemia? –. Debiesen impulsarse aquellos proyectos que proporcionen incentivos para aceptar un empleo formal, en favor de reducir la informalidad laboral. Aquí, también, cobra especial relevancia el tema de las pensiones. Los transcendidos de la reforma que se propondría no solo muestran un “tejo pasado” con la realidad oficialista en el Congreso, sino que generan algunas inquietudes. ¿Qué tan sostenible en el tiempo sería el nuevo sistema de reparto? ¿Cómo conversaría con el desafío de la informalidad laboral?
- Educación: No es ninguna novedad que esta es clave tanto para el despliegue de los proyectos de vida, como para reducir las desigualdades (y aumentar la productividad). Difícil situación tomando en cuenta que los resultados del aprendizaje siguen estando muy por debajo del promedio de la OECD. Urge menos ideología y más foco en lo que pasa en las salas de clases y en quienes las ausentan. Solo así podremos salir adelante tras el terremoto educacional que sufrimos, y que hoy, lamentablemente, se encuentra desatendido.
Llevamos mucho tiempo paralizados sin poner en el centro de la discusión pública aquellos temas que en lo pronto preocupan a la ciudadanía; aquellos que, lejos de tener el corazón en la política, los tienen en la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Nos mantendremos nuevamente congelados? ¿Seremos capaces de construir acuerdos legislativos dejando aquellas rígidas posturas? ¿Se actualizará el programa de gobierno a la luz de los resultados del plebiscito? ¿Será secundada la discusión presupuestaria del próximo año con el avance de la reforma tributaria? Todo esto está por verse, y el puntapié inicial será la ley de presupuesto 2023.
