En época de campaña se inflama la retórica y abundan los adjetivos. Es natural que así sea, aunque sería deseable que los equipos técnicos se enfoquen en destacar las bondades de sus propios programas antes que denostar los programas ajenos.
Esta semana hemos sido testigos de fuertes discusiones sobre la magnitud y rapidez de los ajustes fiscales propuestos por los candidatos a la presidencia. Más allá de las propuestas específicas —si son US$6.000 millones en 18 meses o US$2.000 millones por año—, hay dos cosas que vale la pena volver a poner en perspectiva: la coincidencia en la necesidad de un ajuste y la importancia de éste para volver a priorizar las urgencias sociales.
Sobre la necesidad de un ajuste fiscal, no son solo los candidatos quienes insisten en el punto, sino el mismo Consejo Fiscal Autónomo quien reitera, una vez más, la “necesidad de adoptar medidas estructurales para corregir una trayectoria de déficits persistentes y aumento de la deuda iniciada en 2008” (CFA 2025).
Si las proyecciones se mantienen, antes de incurrir en cualquier nuevo gasto, la próxima administración deberá partir por hacer un ajuste cercano a los US$3.000 millones sólo para cumplir con la meta en 2026. Salvo, claro está, que se establezca una meta distinta para el período.
En cualquier caso, el desafío es muy grande. Propuestas para enfrentarlo hay muchas, y habrá que analizar cada una en su mérito, con sus fortalezas y debilidades. Pero tal como celebramos que el crecimiento económico se ha vuelto a poner al centro de las prioridades de los candidatos —incluso de la candidata del oficialismo—, deberíamos celebrar también que la necesidad de un ajuste importante al gasto público sea hoy una prioridad.
Eso me lleva a un segundo punto. El ajuste no solo es importante para cumplir con algunas metas o tener las cuentas ordenadas. Es importante, sobre todo, porque obliga a mirarnos al espejo y revisar cuales son nuestras prioridades como país.
En un trabajo reciente publicado por el CEP (2025), hicimos el ejercicio de identificar algunos espacios de mejora en esta materia. En él, por ejemplo, estimamos que el (mal) gasto en programas mal evaluados ascendería a cerca de US$600 millones ; el sobregasto por ineficiencia en las compras públicas rondaría los US$350 millones ; o que el costo de la evasión del Transantiago alcanza los US$150 millones anuales, entre muchos otros.
La magnitud de estas cifras debiesen escandalizarnos. Por lo mismo, es necesaria una revisión no solo del nivel del gasto público, sino también de su destino. No se trata únicamente de cuánto gastamos, sino de en qué estamos gastando. Más aun, cuando una nueva metodología nos indica que hay un 22,3% de la población viviendo en condiciones de pobreza (Ugarte e Izquierdo 2025), también tenemos la obligación de gastar bien cada peso que tenemos. Por muy difícil que sea.
En época de campaña se inflama la retórica y abundan los adjetivos. Es natural que así sea, aunque sería deseable que los equipos técnicos se enfoquen en destacar las bondades de sus propios programas antes que denostar los programas ajenos. Sobre todo, cuando hay tanta coincidencia en los fines, como parece haber entre las distintas candidaturas y, especialmente, en las de oposición. Porque más allá de las diferencias en las propuestas específicas, se va a requerir de la ayuda de todos para ajustar las cuentas fiscales y volver a priorizar el gasto ahí donde más se necesita.
