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«A la dictadura le tomó casi una década dictar las leyes para implementar la Constitución de 1980”

Luis Eugenio García-Huidobro H..

Entrevista al investigador, Eugenio García-Huidobro.

La adecuación de la legislación vigente a un nuevo texto constitucional y la dictación de las leyes que lo implementen es un proceso lento que puede tomar muchos años, plantea el abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Eugenio García-Huidobro.

“A la dictadura militar le tomó casi una década dictar todas las leyes necesarias para implementar la Constitución de 1980 y no tenían contrapeso alguno”, menciona el magíster y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Yale.

“En la Constitución española de 1978 y la colombiana de 1991 todavía hay artículos que no han sido implementados legislativamente”, abunda el columnista, quien cree, en todo caso, que “hay que restarle dramatismo al tiempo que esto pueda tomar y confiar que será la democracia la que se encargue de dictar estos ritmos”.

Investigador en las áreas de derecho administrativo y constitucional, modernización del Estado, instituciones políticas, derecho público comparado, y diseño institucional en Chile y América Latina, García-Huidobro se declara, eso sí, preocupado por el diseño del sistema político en la propuesta constitucional que podría agravar su atomización y generar ingobernabilidad.

Y aunque piensa que la sucesora del Senado -la Cámara de las Regiones- “mejoró bastante con el último informe de la Comisión de Sistema Político”, considera que sigue siendo una segunda cámara débil “y es una interrogante si podrá constituirse en un contrapeso real al nuevo Congreso de Diputadas y Diputados”.

SISTEMA POLÍTICO

-En lo esencial, ¿qué destaca y qué cuestiona del borrador de la propuesta constitucional?

– Como casi todo texto constitucional, tiene luces y sombras. En materia económica es muy positiva la introducción de reglas sobre responsabilidad fiscal. Las reglas sobre paridad son una innovación muy interesante. La creación del consejo de la Contraloría General de la República es también un avance saludable para limitar la discrecionalidad al interior de la institución. En la otra vereda, el diseño del sistema político, del poder judicial y de las autonomías territoriales contienen elementos problemáticos.

– Como abogado constitucionalista, ¿qué es lo que más le preocupa y por qué?

– Todavía pueden cambiar muchas cosas, pero mi mayor preocupación se relaciona con la gobernabilidad política que ofrece la futura Constitución. Uno de los mayores problemas de nuestro sistema político es su atomización y la ingobernabilidad que se produce como consecuencia. Hay quienes dicen que un sistema con más de 10 partidos ya es atomizado, pero nosotros tenemos entre 18 y 21 partidos en la Cámara de Diputados.  La nueva Constitución no solo no resuelve el problema, sino que podría profundizarlo. Al reconocer a las organizaciones políticas en desmedro de los partidos, se abre la puerta para legitimar movimientos sociales o políticos como intermediadores políticos igualmente válidos, aun a pesar de que ellos no ofrecen democracia interna, predictibilidad ideológica o transparencia en su financiamiento. De materializarse, esto podría traducirse en una ingobernabilidad extrema. Esta determinación dependerá en última instancia del legislador, pero el peligro está implícito en el texto constitucional.

-¿Qué le parecen las declaraciones del ministro Jackson, refrendadas por el Presidente, de que “con la Constitución actual, muchas de nuestras reformas no se podrían llevar adelante”?

-El problema de este gobierno no es tanto constitucional como electoral. La ciudadanía democráticamente le negó una mayoría parlamentaria para impulsar estas reformas, problema que se da tanto bajo la Constitución vigente como en la futura.

UN TEMA ABIERTO

– Usted ha señalado que independientemente del resultado del plebiscito, “es imprescindible que la derecha entienda la necesidad de contar con una verdadera propuesta constitucional”, tras anunciar su opción por el Rechazo. ¿Lo ve factible?

– Esa afirmación la hice antes que se pronunciaran sobre el rechazo, lo que me pareció una torpeza hacerlo antes de finalizado el trabajo de la Convención. Con independencia de si gana el apruebo o rechazo, hay cierta claridad que el tema constitucional seguirá abierto. De esta manera, cualquiera sea el escenario, la derecha deberá ofrecer una alternativa viable que le permita enfrentarse a esta discusión propositiva y no contestatariamente.  Ahora, de prevalecer el rechazo, es importante ofrecer una alternativa viable con la mayor rapidez posible, ojalá dentro del plazo que tiene el Servel para calificar los resultados. Como muchos son escépticos de que ello ocurra, esta propuesta -o, al menos, sus lineamientos generales- sería bueno conocerla antes del plebiscito de septiembre. Si en algo tenemos todos claridad es que la Constitución vigente en su estado actual es inviable políticamente.

-El senador Huenchumilla afirma que la estrategia de Chile Vamos de apoyar el Rechazo para impulsar otro mecanismo que permita tener una nueva Constitución solo busca “mantener el modelo económico, social y político” vigente. ¿Qué cree usted?

– A diferencia del senador, prefiero no cuestionar intenciones ajenas. Es cierto que la derecha enfrenta un problema de credibilidad en esta materia, sobre todo luego del plebiscito de entrada y de la actitud poco constructiva de algunos de sus convencionales. Pero sus actuaciones recientes -especialmente las del senador Macaya- van en la línea correcta al ofrecer cambiar las reglas de reforma constitucional. A ello, yo agregaría una propuesta adicional: limitar seriamente el control preventivo del Tribunal Constitucional o derechamente eliminarlo.

¿CONTRAPESO REAL?

– ¿Sigue pensando que la Cámara de las Regiones “tendría en el mejor de los casos un rol anecdótico” o ese escenario se modificó tras los acuerdos que le otorgaron más atribuciones que las originalmente fijadas?

– Todavía hay vacíos importantes. Por ejemplo, no sabemos qué ocurrirá en caso de desacuerdo entre las cámaras respecto de los informes de las comisiones mixtas. La Cámara de las Regiones mejoró bastante con el último informe de la Comisión de Sistema Político, pero sigue siendo una segunda cámara débil comparativamente hablando. Es cierto que se avanzó en permitirle conocer mayor cantidad de materias, pero en muchas otras dimensiones quedó debilitada y es una interrogante si podrá constituirse en un contrapeso real al nuevo Congreso de Diputadas y Diputados.

– El borrador establece que “Chile es un Estado regional”, pero no detalla el alcance de la autonomía “política, administrativa y financiera” que tendrían las nuevas entidades ni sus competencias legislativas, como tampoco las atribuciones de las autonomías indígenas, que deberá resolver la ley. ¿Qué alcances le ve a esta situación?

– La vaguedad de los conceptos utilizados y la cantidad de delegaciones que se hacen al legislador en temas básicos llevan a que en este punto el rol del Congreso sea fundamental. Al implementar estas normas constitucionales, los parlamentarios tendrán que darle contenido a conceptos completamente nuevos, como el de autonomía indígena. Este es tal vez uno de los cambios más ambiciosos que propone la nueva Constitución, por lo que ante la indefinición constitucional es importante tomarse un tiempo para diseñar bien el modelo de Estado regional hacia el que queremos avanzar. Para evitar una implementación caótica y que ponga el riesgo el éxito de este cambio, es conveniente revisar los plazos que están proponiendo los convencionales.

– ¿Qué efectos le ve a la reposición para 2026 del término del Senado, y que si no se legisla a tiempo la normativa electoral para los comicios de la Cámara de las Regiones y el Congreso se apliquen paridad de género y escaños reservados como ocurrió al generarse la Convención?

– Hay algo en lo que insisten los convencionales que no debemos perder de vista: la adecuación de la legislación vigente al nuevo texto constitucional y la dictación de las leyes que lo implementen es un proceso lento que puede tomar muchos años. Pensémoslo de esta forma: a la dictadura militar le tomó casi una década dictar todas las leyes necesarias para implementar la Constitución de 1980 y no tenía contrapeso alguno. Si por otro lado nos atenemos a casos exitosos de procesos constituyentes promovidos en democracia, este proceso puede ser todavía más largo. Por ejemplo, en la Constitución española de 1978 y la colombiana de 1991 todavía hay artículos que no han sido implementados legislativamente. Hay que restarle dramatismo al tiempo que esto pueda tomar y confiar en que será la democracia la que se encargue de dictar estos ritmos.