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A más no poder

Sebastián Izquierdo R..

A más no poder

Está claro que los 83 recintos carcelarios del país no dan abasto. Tan importante como hacer frente a la delincuencia fuera de las rejas, es preocuparnos de que las prisiones funcionen como corresponden.

El aumento de los homicidios, del crimen organizado, del narcotráfico, de los ingresos clandestinos y los últimos ataques a Carabineros, ha llevado a que resuene con fuerza una especie de relación entre la inmigración desregulada y la actual crisis de seguridad.

Si bien la evidencia indica que los extranjeros participaban relativamente poco en delitos, a excepción de los atentados contra la Ley de Drogas (Blanco et al. 2019), los recientes datos de Gendarmería dejan ver que hoy existe una mayor representación de inmigrantes en recintos penitenciarios que respecto al promedio nacional de residentes: un 11,3% del total de la población presa es extranjera, mientras a nivel nacional esta cifra solo alcanza el 7,5%. No se puede soslayar la posibilidad de que el aumento en la proporción de imputados desconocidos, que en 2022 llegó al 59%, se deba en parte a la inmigración irregular: un indocumentado no puede ser denunciado ni procesado regularmente.

Así se entiende que el fiscal nacional instruyera una directriz que apunta a dejar en prisión preventiva a los extranjeros indocumentados sorprendidos en actividades delictivas (independiente de la gravedad). Ahora bien, por muy necesaria la medida, se abre un nuevo problema: ¿qué ocurrirá con las ya saturadas cárceles?

Según el INDH, de los 83 recintos carcelarios del país, 45 tienen una sobrepoblación penal. A nivel nacional se ha alcanzado la ocupación penitenciaria por sobre el 100%, llamando particularmente la atención los casos de Taltal (261%), Copiapó (221%), Santiago Sur (204%) y Petorca (200%). Hay cerca de 42 mil personas en régimen cerrado y las proyecciones para el 2024 señalan que llegarían a 50 mil. De cumplirse estas estimaciones, la situación empeoraría y podría poner en riesgo las medidas que buscan perseguir la delincuencia, además de dificultar los objetivos de rehabilitación, lo cual también implica un riesgo para la sociedad.

Lo recién descrito es solo una pincelada de lo encarecido que está el sistema penitenciario, el cual sufre además de problemas de higiene, descontrol y seguridad. Hay quienes no tienen una cama propia, recintos con plagas y falta de espacios básicos como comedores. A modo de ejemplo, un informe entregado por Contraloría la semana pasada determinó que sistemas informáticos internos de Gendarmería tienen fallas que no les permite saber quienes están dentro. Estos errores generan el riesgo de que los internos puedan suplantar la identidad de otros para fugarse.

Está claro que los 83 recintos carcelarios del país no dan abasto. Tan importante como hacer frente a la delincuencia fuera de las rejas, es preocuparnos de que las prisiones funcionen como corresponden. Para terminar con la precariedad de estas especies de “bodegas humanas”, es necesario ampliar su capacidad y repensar la política criminal. Esto permitiría no solo aplicar lineamientos como el del fiscal nacional o asilar a los cabecillas de las bandas que sabemos que operan campalmente al interior de los recintos, sino también mejorar, entre otras cosas, la rehabilitación. De lo contrario, ¿cómo se podrá efectivamente asegurar que el actual esfuerzo legislativo nos brindará más seguridad?