La discusión sobre el rol de los aportes reservados en las elecciones está plagada de imágenes sin sustento empírico. Ello se debe, en parte, a la falta de estudios sobre esta materia.
Uno de los mitos más recurrentes en esta discusión sostiene que los aportantes que utilizan el mecanismo de donaciones reservadas lo hacen para «comprar» favores legislativos futuros. En otras palabras, los aportantes apostarían a ganador.
Un estudio reciente elaborado en el CEP por los firmantes de esta columna muestra que en las elecciones parlamentarias posteriores a la entrada en vigencia de la ley que regula el financiamiento electoral, cerca del 80% de los diputados y 60% de los senadores en promedio logra reelegirse. Ello en parte se debe a que tienen una ventaja implícita al participar en la reelección, ya que cuentan con asignaciones parlamentarias y semanas distritales para dar a conocer sus ideas en las zonas en que fueron elegidos en las pasadas elecciones.
Por tanto, si el mito fuera cierto, entonces los aportantes deberían financiar a los incumbentes solamente porque ellos son quiénes tienen más posibilidades de ganar. Sin embargo, nuestro estudio muestra que quiénes efectúan aportes reservados financian por igual a candidatos desafiantes e incumbentes. Esto parece debilitar el argumento de que los aportantes que utilizan el mecanismo de donaciones reservadas lo hacen para «comprar» favores legislativos futuros, pues no tiene mucho sentido financiar candidatos desafiantes que tienen, en promedio, baja posibilidad de ganar.
Más aún, el estudio muestra que mientras más alta es la fracción de aportes reservados respecto del financiamiento total, mayor es la probabilidad de que un desafiante pueda ganar la elección. Esto aumenta la competitividad de las elecciones, al hacer más «desafiables» los escaños, lo que aumenta la posibilidad de renovación en el Congreso.
Mitos como este pueden llevar a malas decisiones legislativas en esta materia. Por esa razón, es importante contar con estudios empíricos que informen con miras a lograr una mejora de la regulación existente.
