A principios de los noventa el diario francés Libération le pidió a unos 600 académicos europeos calificar disciplina por disciplina a las universidades de ese continente. Una sola carrera en una sola universidad española clasificó entre las cinco primeras. Quince años después poco ha cambiado: una sola universidad española aparece entre las mejores 200 del mundo: 165 en el ránking Shanghai Jiao Tong University y 190 en el Times Higher Education Supplement. Sin embargo, históricamente una de cada cuatro becas Mideplan han sido para estudiar en universidades españolas.
Hay más evidencia de que la beca, sea en dictadura o democracia, no ha estado a la altura del fin de la ley, esto es financiar “estudios de postgrado en alguna universidad extranjera o instituto de estudios superiores de reconocido prestigio” (art. 6º DFL 22 de 1981). Por ejemplo, uno de cada cuatro becados ha ido a universidades que ni siquiera aparecen en los ránkings. Y la fracción de becas para estudiar en las top 50 cayó, según el ránking Shanghai, desde la mitad durante Pinochet a un tercio durante Aylwin y Frei y algo más de un cuarto durante Lagos.
Pese a esta evidencia, algunos dudan de que haya un problema. Los ránkings no servirían para diagnosticar, incluso los dos más importantes diferirían. Pero en 2006 la coincidencia entre el Shanghai y el Times no es baja: coinciden las dos primeras, el 80% de las top 10 y el 60% de las top 50. Más importante aun, el diagnóstico utilizando el ránking del Times es algo peor: con Pinochet 45,5% en las top 50; 32% con Aylwin; 28.5% con Frei; y 24.9% con Lagos. También se argumenta que los ránkings serían demasiado toscos para detectar departamentos buenos en universidades menos conocidas. Esto es cierto en casos puntuales, pero también hay carreras mediocres dentro de las 50 mejores universidades. En el agregado el deterioro es sostenido.
Otros dicen que hay más becas que estudiantes brillantes y al gobierno no le quedaría más que bajar el estándar para llenar los cupos. Pero ese argumento se desploma con sólo leer la ley. En ninguna parte hay cupos que llenar. Si hay pocos buenos candidatos, simplemente se dan menos becas. Por lo demás, la tesis de que hay pocos estudiantes brillantes seguramente es falsa. Deberían aumentar a medida que crece la población y el ingreso. Es más, aunque no hay datos duros, si hay anécdotas sugerentes. Por ejemplo, en años recientes una premio Montenegro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (señal irrefutable de excelencia) inexplicablemente quedó en lista de espera.
Y si se trata del resto de las becas que está dando el Gobierno, seguramente la cosa es peor. Por ejemplo, entre 2000 y 2003 se entregaron 91 becas Mecesup para doctorados. No sabemos en qué universidades estudiaron (el Ministerio de Educación no lo dice), pero apostamos que la mayoría fue a España. De estos 91 becados sólo 16 se graduaron, 28 terminaron sin graduarse, y los 47 restantes continúan “en ejecución”(*). Así tenemos dos grandes problemas: gasto ineficiente y accountability casi inexistente. De las becas Mideplan sólo sabemos quienes son y adonde fueron los becados. En Mecesup sólo conocemos los incumplimientos, dato que Mideplan nunca ha publicado.
¿Qué hacer? Aunque Mideplan ya ha propuesto mejorar varios detalles, en lo fundamental la ley es buena. Sin embargo, la gobernanza de la beca, que se puede apreciar en la figura, es ineficaz. La beca depende de la Presidencia, pero es administrada por Mideplan y el responsable directo es el Consejo Especial de Becas, presidido por el Ministro de Planificación e integrado por los Ministros de Educación y Hacienda. La ley es clara sobre las obligaciones del Consejo. Debe recabar “las opiniones que le permitan evaluar tanto las aptitudes profesionales de los interesados como el nivel académico de las universidades o institutos superiores a que postulan” (art. 2º). Al mismo tiempo debe supervisar que los estudiantes financiados mantengan “un alto nivel de rendimiento en sus estudios, […] cumplan con todas las exigencias académicas que los cursos demanden [y regresen] al país al término de los estudios correspondientes” para trabajar en universidades o el sector público por el doble del tiempo financiado (art. 7º). Por las razones que sea, este Consejo nunca se ha tomado muy en serio lo de “universidades de reconocido prestigio”. Tampoco la obligación de supervisar el cumplimiento.
Desde el 2006 el Comité Técnico, encargado de preseleccionar a los candidatos, lo integran 14 académicos ad honorem. A simple vista esto nos pareció progreso. Pero el organigrama muestra que, al final, el Consejo Especial sigue decidiendo las becas. Peor aún, confundiendo accountability con ‘ceguera’, los académicos no conocen el nombre de los postulantes. Y si no saben a quienes preseleccionaron, tampoco sabrán si el Consejo les hace caso. Así, el Consejo sigue libre para usar su discreción, pero ahora legitimado por 14 prestigiados académicos.
La solución ya la propusimos en la columna pasada: traspasarle todas las becas que da el gobierno a un consejo autónomo e independiente, integrado por alrededor de cinco personas con conocimientos suficientes para evaluar candidatos e identificar programas de reconocido prestigio. Este consejo también debería supervisar el cumplimiento de los becarios y decidir los casos de fuerza mayor. Por supuesto, todas sus decisiones debieran ser fundadas y públicas.
La beca Mideplan nunca ha cumplido cabalmente con su fin y las otras son, seguramente, mucho peores. Y no es que sus medios sean defectuosos sino que la gobernanza y la administración son discrecionales y poco transparentes. En definitiva el accountability de quienes toman las decisiones (Mideplan, el Consejo Especial, el Ministerio de Educación) es casi inexistente. Este estado de cosas debe cambiar ya, pues la solución es muy simple y la situación actual, inexcusable. Porque al final, las becas de excelencia, que también existen en otras partes del mundo, siempre han sido “para que se las ganen los más mejores”.
Alexander Galetovic es profesor en la Universidad de los Andes e investigador del CEP [email protected]
Leonidas Montes es profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del Consejo Directivo del CEP [email protected]
Ambos recibieron la beca.
(*) El dato se encuentra en mecesup.cl
