Encuesta CEP 96: Las claves del país que recibe
al presidente José Antonio Kast
Por Sandra Quijada y Roberto Cases.
La literatura sobre opinión pública y ciclo político sostiene que el inicio de un gobierno suele tener características especiales[1]. En este contexto resulta especialmente relevante la primera medición de la Encuesta CEP de los primeros meses de gobierno[2] para vislumbrar si las nuevas autoridades lograrán transformar su triunfo electoral en capital político duradero y para comprender el tipo de sociedad que recibe al nuevo presidente.
La victoria en las urnas que tiene como base las propuestas de campaña del presidente José Antonio Kast, se organizaron en torno a tres “emergencias”: la seguridad (acompañada con un mayor control de la inmigración irregular), la reactivación económica —impulsada por la megarreforma[3]— y una agenda social que abordará salud, educación y familia[4].
En este boletín analizamos, con la Encuesta CEP 96, cómo las percepciones de la sociedad que recibe al gobierno se conjugan con sus principales propuestas.
Nuestra hipótesis es que el Ejecutivo recibe una legitimidad condicional: el alza de la confianza en las instituciones, un respaldo basado en el desempeño esperado y no un apoyo arraigado. La sostenibilidad del apoyo ciudadano dependerá de un factor transversal —la incertidumbre— que recorre las agendas de seguridad, economía y demografía.
El aumento en la confianza de las instituciones
Los resultados de la Encuesta 96 muestran que el gobierno llega a un país con una confianza institucional al alza, pero construida sobre una base históricamente frágil. Asimismo, esta se refuerza con una mayor valoración por la democracia como sistema de gobierno[5]. Estos elementos configuran un escenario favorable desde la opinión pública para implementar el programa de gobierno.
Cerca de la mitad de las instituciones sondeadas exhiben incrementos significativos respecto de la Encuesta 95 de septiembre-octubre de 2025. Incluso instituciones que históricamente registran bajos niveles de confianza, como el Congreso y los partidos políticos, presentan aumentos significativos (ver Tabla 1).
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Al profundizar los cambios por institución, emergen dos patrones interesantes. Primero, el alza inicial en la instalación del gobierno es amplia, pero no uniforme. Las que más suben son las instituciones políticas y del Estado que mostraban niveles de confianza débiles en la medición anterior, destacando las municipalidades, el Gobierno y los tribunales de justicia, mientras que las que ya tenían niveles altos de confianza, como PDI (59%) y Carabineros (56%) presentan variaciones leves; suben a 63% y 58% respectivamente en la medición actual.
Segundo, la jerarquía institucional se mantiene intacta. Las instituciones de orden público (PDI, Carabineros, Fuerzas Armadas, con la participación de las universidades entre ellas) continúan entre las primeras, mientras que las instituciones políticas, como el Gobierno y el Congreso, a pesar del alza, siguen siendo las de menor confianza, con una brecha de entre 35 y 50 puntos respecto de las primeras.
Desde una perspectiva histórica, la Figura 1 sobre la confianza en instituciones políticas muestra una recuperación significativa en términos estadísticos, aunque frágil. En el caso del gobierno, el repunte actual (28%) es el más alto desde julio de 2014, pero aquel nivel no se sostuvo y la confianza llegó a un mínimo de 5% en diciembre de 2019, unas semanas después del estallido. Las municipalidades siguen una trayectoria similar, tras caer a un mínimo histórico de 17% en diciembre de 2019, recuperan hoy su nivel más alto desde octubre de 2009 con un 34%. El Congreso, en cambio, desde 2011 no ha superado el 15% de confianza.
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Este aumento de la confianza debe leerse como una oportunidad para el gobierno y no como un logro consolidado. Los niveles actuales implican que más de dos tercios de la población aún no confía en las instituciones políticas, y la serie histórica advierte que los repuntes previos no se sostuvieron en el tiempo.
El desafío de la nueva administración consiste en aumentar de manera sostenida la confianza en las instituciones, particularmente aquellas en las que el gobierno tiene agencia directa: como la gestión del ejecutivo, el desempeño del sistema de salud, la eficiencia de los tribunales de justicia y la capacidad de las fiscalías para abordar temas de seguridad, tales como la persecución del crimen organizado. Son precisamente estas instituciones las que más subieron en la Encuesta CEP 96, lo que sugiere que la ciudadanía está dispuesta a otorgar credibilidad inicial, aunque esta podría tener fecha de vencimiento si en el futuro no se cumplen las expectativas en torno a las promesas y acciones de la nueva administración.
La amenaza del narcotráfico
La preocupación por la “delincuencia, asaltos y robos” ha sido recurrente en la población chilena. Según la serie de la Encuesta CEP, ha fluctuado entre un 43 y 60% desde el 2005 hasta antes del estallido social, cuando cae a 26%; luego sigue su tendencia al alza hasta un 57% en la última medición. Actualmente, a esta tendencia se suma una problemática relacionada, pero de mayor complejidad: el narcotráfico. Hoy, no se trata únicamente de la preocupación por la “delincuencia, asaltos y robos”, en efecto, la Encuesta CEP 96 revela que el narcotráfico, expresión del crimen organizado nacional y transnacional, disputa el tercer lugar con educación entre las problemáticas que la ciudadanía cree que el gobierno debería dedicar mayores esfuerzos a solucionar.
Al indagar sobre la evolución de la proporción de personas que, al seleccionar tres problemas de una lista, señala el narcotráfico como su primera mención (un proxy de las urgencias que identifica la población) se observa un incremento significativo de 4% a 10% en la Encuesta 96 (ver Figura 2). El nivel alcanzado en esta última medición es estadísticamente similar a la Encuesta 92 (agosto-septiembre de 2024), un momento de auge de secuestros, de revelación de casas de tortura y de una seguidilla de gravísimos hechos de sangre, como el homicidio de cuatro menores en Quilicura[6] y un tiroteo que dejó cinco muertos en Lampa[7], así como también incautaciones históricas de drogas[8].
Una posible hipótesis para explicar este reciente incremento apunta a la influencia de una serie de casos de alta connotación pública, entre ellos las relaciones incipientes de las instituciones de seguridad con el narcotráfico, en Gendarmería[9], Carabineros, Fuerzas Armadas[10]. A esta conjetura se suma un cambio en la forma del delito: hoy ya no tiene que ver con el modelo clásico regulado por una “ética del hampa”, ahora la violencia es exaltada y su exhibición se transforma en un mecanismo de dominación territorial[11], como por ejemplo los secuestros[12].
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El incremento en la preocupación por el narcotráfico puede modificar la percepción ciudadana sobre la conducción de la agenda de seguridad del país. Como muestra la Figura 3, quienes mencionan el narcotráfico como uno de los tres problemas en que el gobierno debe concentrar mayores esfuerzos se sitúan, en promedio, más cerca de la afirmación “se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia” que quienes no lo consideran como prioridad (49% y 39%, respectivamente).
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¿Paradoja de la inmigración?
Asociado al eje de seguridad, el programa de gobierno del presidente Kast contiene una serie de medidas asociadas a frenar la inmigración irregular. Algunas de ellas se han estado implementando, tales como convocar a instancias multilaterales de coordinación con países de origen o tránsito para reforzar las fronteras y los pasos fronterizos con la construcción de zanjas; otras, en tanto, se encuentran todavía en proceso de evaluación[13].
Los resultados de la Encuesta CEP 96 revelan que la inmigración como problema prioritario a resolver por el gobierno ha disminuido de un 21 a un 13% respecto de la medición anterior, este es el cambio más significativo registrado en la serie desde 2019. Esto podría interpretarse como una paradoja cuando observamos las actitudes hacia la inmigración.
En efecto, la Figura 4 muestra que un 55% se posiciona más cerca de la opción “prohibir toda la inmigración”. Esta percepción se agudiza en las personas que votaron por el presidente Kast (65%), en el grupo de 45 años y más (62% promedio) y entre quienes viven en el norte con 64%[14]. Además, desde 2023 se mantiene en torno a 67% la proporción de quienes están “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad[15].
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Sin embargo, al analizar en detalle, la urgencia que le da la ciudadanía al problema de la inmigración, utilizando como proxy la proporción de personas que lo indican como primera mención entre los principales problemas a solucionar por el gobierno, observamos una disminución desde la Encuesta 94 (mayo-junio 2025), que se puede explicar, al menos en parte, por las expectativas de solución que prometía la nueva administración.
En este punto, se diluye la potencial paradoja, pues esta disminución no debe interpretarse apresuradamente como una pérdida efectiva de relevancia del tema migratorio. Una parte importante de este cambio parece quedar contenida en otros de los problemas como, por ejemplo, seguridad, violencia, delincuencia, en los cuales la inmigración pasa a ser leída de manera indirecta, en línea con el relato del propio gobierno. En otras palabras, más que desaparecer de las prioridades ciudadanas, el problema de la inmigración cambia de forma y se incorpora a una estructura más amplia de preocupaciones relativas al orden público, como lo indicado previamente para el caso de narcotráfico[16].
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Adicionalmente, la opinión pública hace una distinción entre inmigración considerada como una amenaza y aquella población migrante que se considera valiosa y funcional. Ante la pregunta si la inmigración debiera ser selectiva favoreciendo a las personas más educadas un 58% está muy de acuerdo o de acuerdo.
Las cifras del mercado laboral refuerzan precisamente este punto. Desde principios de 2019, en promedio, uno de cada cuatro migrantes (25,2%) que tiene un trabajo, posee un nivel educacional superior al necesario para desempeñar tal actividad, fenómeno conocido como sobreeducación y que suele suceder con la población migrante en los dos primeros años de residencia[17]. Esta proporción es mayor que la registrada por los chilenos (12,1% en promedio), lo que indica que la población migrante podría ser más que funcional a las necesidades del país[18].
El tema migratorio sigue siendo una promesa de campaña completamente vigente para el gobierno, especialmente entre sus votantes. La Encuesta CEP 96 sugiere que el desafío no solo consiste en controlar las fronteras, sino en comprender que la inmigración se ha desplazado desde un problema en sí mismo a ser parte del ámbito de la seguridad, sin dejar de plantear inquietudes sobre cómo se integra, se reconoce y se aprovechan las capacidades de la población migrante.
El incierto futuro de la economía
Desde su instalación, el gobierno ha mantenido como uno de los temas centrales en la agenda aumentar urgentemente el crecimiento económico[19]. Sin embargo, la instalación de la nueva administración ha enfrentado cifras poco auspiciosas en esta materia, con un 0,5% de crecimiento en el primer trimestre de 2026, una caída del 1,2% en el Imacec de abril. A este escenario, se añade un mercado laboral poco dinámico, un contexto geopolítico complejo, en el que la guerra en Medio Oriente pone una cuota de incertidumbre, particularmente respecto de los efectos en el precio de los combustibles, y un intenso debate sobre el real estado de las finanzas públicas del país[20].
Todos estos antecedentes inciden en el deterioro de las expectativas económicas de las personas. En la Encuesta CEP 96 destacan dos resultados asociados a la pregunta sobre la perspectiva de la situación económica en los próximos 12 meses. Primero, cae de forma inédita, de 51 a 33%, el porcentaje de personas que cree que la situación económica no cambiará y, segundo, se registra un aumento de 15 a 31% de quienes piensan que empeorará. Se trata de uno de los incrementos más importantes del pesimismo económico registrados en los últimos 20 años (ver Figura 6).
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Si miramos hacia atrás, el pesimismo económico aumentó aún más al inicio del gobierno anterior. Las expectativas de que la situación del país empeorará en los siguientes 12 meses pasaron de 21 a 42%, y en la siguiente medición siguieron empeorando hasta un 49%. Esto ocurrió en el contexto de un fracaso constitucional y una inflación galopante que llegó a 14%. La situación comenzó a mejorar recién a partir de 2023, cuando se logró moderar el aumento de los precios.
En general, hasta 2015 (ver Figura 6), las expectativas económicas futuras empeoraban en períodos de crisis económica, pero se recuperaban rápidamente. Un buen ejemplo ocurrió en 2008 por los efectos de la crisis global con un aumento de un 16% en noviembre-diciembre 2007 a 29% en marzo-abril 2008 y que se mantuvo en niveles similares en las siguientes dos mediciones de 2008 y luego bajó a 14% en junio de 2009.
Estas tendencias son especialmente relevantes para el gobierno, ya que la literatura da cuenta de una fuerte relación entre las expectativas económicas sobre el país y la aprobación presidencial[21]. En este sentido, el escenario económico no solo constituye una emergencia material, sino también un desafío de credibilidad política. Además, como muestra la Figura 7, hay una alta correlación entre la confianza en que el presidente cumplirá las promesas de campaña y las expectativas económicas (72%).
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De esta manera, el gobierno tiene la desafiante tarea de mejorar las expectativas económicas de quienes hoy aún no confían en las promesas del gobierno, como por ejemplo las mujeres, las personas con educación superior, quienes viven en el centro del país y quienes se declaran indiferentes.
En caso de no revertir este pesimismo, la emergencia económica puede comenzar a competir con la agenda de seguridad por atención, recursos y legitimidad. Entonces, la dificultad no radicará solo en gestionar malas cifras, sino en evitar que la sensación de estancamiento reduzca el capital político necesario para impulsar proyectos de largo plazo.
La presión de la crisis demográfica
La agenda social del programa de gobierno incluyó el “Plan Renace”, cuya implementación fue anunciada por el presidente Kast en su cuenta pública mediante la creación de la Secretaría del Plan Chile Renace y una Comisión Asesora Presidencial[22]. Estas propuestas no son ortogonales a la realidad demográfica del país. Según el último informe de estadísticas vitales del INE[23], los nacimientos cayeron de 275.916 en 1993 a 145.446 en 2025, una disminución de 129.470 equivalente a un 46,9% en solo 32 años, que se traduce en una tasa de fecundidad en 2025 de 0,99 hijos por mujer en edad fértil.
Los datos de la Encuesta CEP 96 permiten entender mejor las razones tras estas cifras. Las personas manifiestan que tendrían más hijos (2,4 en promedio) de los que tienen. En la práctica, sin embargo, solo tienen 1,7 según los datos de la Encuesta. La brecha es el nudo central del problema.
La brecha entre el número ideal y el efectivo es mayor entre los 18 y 29 años: un 77% no tiene hijos, pero solo un 14% no querría tenerlos. Esto refleja una postergación de la decisión, coherente con que las madres tienen su primer hijo entre los 30 y 34 años[24]. Entre los 30 y 44 años la brecha se reduce a siete puntos. En ambos grupos, el número ideal más frecuente es de dos hijos (ver Figura 8).
Las razones para un número menor de hijos de los que se tendría idealmente en ambos grupos convergen en el costo económico y en el desarrollo personal. Esto implica, particularmente para las personas jóvenes (en especial las mujeres), la decisión sobre el avance de sus carreras académicas y profesionales, no avanzar en sus planes de vida y enfrentar un futuro que genera incertidumbre[25]. Por el lado de los costos directos de tener hijos, la incertidumbre económica prolongada desde 2014 con un bajo crecimiento estructural y el pesimismo sobre el futuro que muestran los datos de expectativas económicas en la misma Encuesta 96, son parte del entorno que hace que tener hijos se sienta como una decisión demasiado riesgosa[26].
Y, sin embargo, en ambos grupos 79 y 82%, respectivamente, admite estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que ver crecer a los hijos es la satisfacción más grande de la vida. Lo que sugiere un desafío y también una oportunidad para la política pública orientada a apoyar la decisión de aquellos que sí quieren tener hijos, pero que encuentran obstáculos que les impiden concretar ese deseo[27], principalmente la incertidumbre en el futuro, que puede ser reducida en la medida que los resultados del gobierno permitan aumentar la confianza en las instituciones mostrando su capacidad de pensar más allá de la emergencia.
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Reflexión final
La Encuesta CEP 96 muestra que el inicio del nuevo gobierno encuentra un escenario de mayor confianza en las instituciones, aunque la sostenibilidad de este incremento estará condicionada por las acciones de la nueva administración, particularmente en aquellas que forman parte de los tres ejes de su programa.
En primer lugar, en seguridad se observan desafíos de mayor complejidad como el aumento de la preocupación por el narcotráfico y la gestión de las promesas de campaña sobre la inmigración en un contexto donde esta preocupación pareciera diluirse, a pesar de la prevalencia de actitudes más rígidas respecto a la población migrante, tales como prohibir toda inmigración y considerar que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad.
En segundo lugar, el deterioro de las expectativas económicas se posiciona como un riesgo para la futura evaluación de la gestión del gobierno. En este marco, los avances en materia económica vinculados a los proyectos que se encuentran en tramitación en el congreso, como el de megarreforma y sala cuna universal, serán clave.
Por último, en cuanto a la agenda social, específicamente la crisis demográfica, los datos indican que este fenómeno no se explica únicamente por factores económicos, sino también por la incertidumbre en diversos aspectos de la vida, la cual parece estar más presente en la población más joven. Este grupo evidencia la mayor brecha entre hijos que desean y que efectivamente tienen.
Con todo el gobierno del presidente Kast comienza con una dualidad entre confianza institucional e incertidumbre sobre sus promesas de campaña. En este sentido, el ejecutivo tiene el desafío de convertir un respaldo condicional, asociado a los resultados futuros en cada una de las agendas, en un apoyo más arraigado que configure la consolidación de su capital político. Para ello, las acciones del gobierno deben anticipar la potencial erosión de confianza vinculada a la incertidumbre que existe en seguridad, economía y las decisiones de vida.
Sobre los autores
Sandra Quijada es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversas instituciones públicas y privadas en el campo de la opinión pública y estadísticas, llegando a ser directora del INE entre 2020 y 2023. Actualmente es coordinadora de Opinión Pública CEP.
Roberto Cases es ingeniero comercial con mención en Economía y magíster en Economía de la Universidad Católica. Formó parte del equipo económico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP). Actualmente es investigador del CEP y profesor del Instituto de Economía UC.
*Los autores agradecen a Aldo Mascareño, Sebastián Izquierdo, Macarena Lescornez y Alfonso España por sus comentarios a una versión previa de este boletín.
Notas al pie
[1] En una revisión de los hallazgos en el campo de estudio de las funciones de voto-popularidad, Stegmaier, Lewis-Beck y Park (2017) afirman que suelen identificarse altos niveles de apoyo cuando el gobierno es recién electo y un descenso constante cuando un partido permanece más tiempo en el poder, efecto denominado “luna de miel”. Lo anterior, también es acompañado de mejores condiciones para el actuar del gobierno desde un punto de vista legislativo (Beckmann y Godfrey, 2007). Por otro lado, en los inicios de un nuevo gobierno existe una tendencia a la conducción políticas de austeridad fiscal, la cual cambia hacía mayores presiones de gasto a medida que se acerca un nuevo período electoral (Strobl et al 2021).
[2] Al contemplar esta medición, los primeros meses de gestión del gobierno, sus resultados deben ser interpretados de acuerdo a la etapa de inicio del ciclo político.
[3] Vergara, R., Eyzaguirre, S., Rodríguez, J., Soto, S., Cases, R., Pliscoff, P. y Araya, A. (2026). Crecimiento futuro versus déficit presente: la gran apuesta de Hacienda. Voces del CEP 27. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-cep-27-mayo-2026/: también Rodríguez, J. y Vergara, R. (2026). Las 3 metas del ministro Quiroz: difíciles, pero no imposibles. Voces del CEP 25. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-cep-25-marzo-2026/.
[4] José Antonio Kast. La fuerza del cambio. Bases programáticas. Disponible en: https://goo.su/hNPhWw [27 de mayo de 2026].
[5] El 54% de la muestra está de acuerdo con que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, con una variación positiva de 7 puntos porcentuales y significativa con respecto a la medición anterior.
[6] Teletrece. “Masacre en Quilicura: el motivo real del ataque que dejó cuatro muertos” T13 19 de agosto 2024. Disponible en: https://www.youtube.com/results?search_query=Teletrece.+%E2%80%9CMasacre+en+Quilicura%3A+el+motivo+real+del+ataque+que+dej%C3%B3+cuatro+muertos%E2%80%9D
[7] Andrews, P. “Sangriento “after party” en Lampa: qué pasó al interior de la parcela donde cinco personas fueron acribilladas”. La Tercera, 17 julio 2024. Disponible en: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/sangriento-after-party-en-lampa-que-paso-al-interior-de-la-parcela-donde-cinco-personas-fueron-acribilladas/CYKFQPAYKJDJJGO3JYLQJRGZB4/
[8] Navarrete, J. ““Droga zombie”: reportan uno de los mayores decomisos de fentanilo en Chile”. La tercera 12 agosto 2024. Disponible en: https://www.latercera.com/nacional/noticia/droga-zombie-reportan-uno-de-los-mayores-decomisos-de-fentanilo-en-chile/AYE5HJTHFJHTZP3LJ4752E54HE/
[9] 24 horas “Caso de corrupción en Gendarmería: piden prisión preventiva para 62 imputados” TVN 21 de diciembre. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bDsFGjvbgkE&t=41s
[10] Meganoticias “General Iturriaga es enfático contra “narco-militares”. Meganoticias, 19 septiembre 2025. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=v-kfPTVvS9A. Chilevisión Noticias. “Alerta por segundo caso de intento de tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas”. Chilevisión 7 julio 2025. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=h5GlfGg1lvA
[11] Rozas, J; Chuaqui, A y Mascareño A (2024). Boletín Voces del CEP Nº8: «Del hampa al narco. El peligro inminente de la violencia en Chile». Centro de Estudios Públicos.
[12] Andrews, J. (2026). “Dos secuestros en 24 horas: delincuentes piden rescate por empresario y se conocen detalles de nuevo caso en Estación Central”. La Tercera, 23 abril 2026.
[13] Mascareño, A. (2026). Seguridad, más allá de la emergencia. Voces del CEP 28. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-cep-28-junio-2026/
[14] La proporción de personas que indica que votó por el presidente Kast en segunda vuelta es 45%, el tramo de edad de 45 y más corresponde al 58% de los entrevistados y quienes se consideran en el norte corresponde a 9,1% de la muestra.
[15] Bastidas, F. y Vergara, R. 2025. ¿Cómo afecta la migración a la criminalidad en Chile? En Aldo Mascareño, Rodrigo Vergara y Nicole Gardella, Violencia en Chile. La fragilidad del orden social. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2025, pp. 215-238.
[16] La proporción de personas que señala la inmigración como principal problema disminuye en 3 puntos porcentuales respecto de la Encuesta 95, mientras que quienes mencionan el narcotráfico aumentan en 6 puntos porcentuales.
[17] Aleksynska, M. y Trita, A. (2013) “Occupation-education mismatch of inmigrant workers in Europe: Context and policies”. Economics of Education Review. pp 229-244. Baran. J. (2024). “Overeducation in the EU: Gender and regiona dimension”. Labor Economics 90, 102603.
[18] Serie de Resultados Casen Indicadores de integración social de las personas nacidas fuera de Chile. Encuesta Casen 2006-2022. Marzo de 2024 División Observatorio Social Subsecretaría de Evaluación Social Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
[19] De hecho, una de las metas iniciales de la nueva administración es terminar el gobierno con una tasa de crecimiento del 4%. A esta se suman dos objetivos igualmente ambiciosos: reducir la tasa de desempleo a 6% y mantener el balance fiscal en equilibrio (Rodríguez y Vergara, 2026).
[20] El IPC de abril registró un incremento mensual de 1,3%, el más alto desde julio 2022. Ver Vergara, R. (2026). El momento económico internacional y nacional. Junio 2026. Puntos de Referencia 772. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/el-momento-economico-internacional-y-nacional-junio-2026/.
[21] Para mayor detalle ver Abrigo, V., Cases, R. y Vergara, R. Economic perceptions and government approval in Chile: An analysis of democratic transition (1990–2022). Acta Polit 61, 324–346 (2026). https://doi.org/10.1057/s41269-024-00374-2
[22] Presidencia de la República de Chile. “Discurso de S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, en Cuenta Pública 2026”. Presidencia de la República, 1 de junio de 2026. Disponible en: https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=330270 [3 de junio de 2026].
[23] INE 2026, “Panorama demográfico en Chile a partir de los nacimientos y las defunciones con las cifras de estadísticas vitales (2023-2025(p)), disponible en https://goo.su/oQ8fq1
[24] Ver slide número 5 en: https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/prensa-y-comunicacion/270526-presentaci%C3%B3n-eevv-2023-2025(p)version-final.pdf?sfvrsn=e35568ac_2
[25] Ayala, A., Palacios, R., Mascareño, A. y Gamarra, C. (2025). Cuando la autonomía personal limita el número ideal de hijos. Un análisis en base a la Encuesta CEP. Puntos de Referencia 742. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://static.cepchile.cl/uploads/c22/2026/02/12-190237_soip_29.-Cuando-la-autonomi%CC%81a-personal-limita-el-nu%CC%81mero-ideal-de-hijos.pdf
[26] Yopo Díaz, M. (2023). La postergación de la maternidad en Chile: Entre autonomía y precariedad. Universum, 38(2), 591-616.DOI: 10.4067/S0718-23762023000200591.
[27] Chuaqui et al. 2026. “Tiempo, género y familia: el costo del cuidado”. Puntos de referencia N°765. Centro de Estudios Públicos, 9 de marzo 2026. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/tie
En nuestro canal de YouTube ya está disponible la comparecencia de Sandra Quijada, coordinadora de Opinión Pública CEP, con todos los datos de la edición 96 de la Encuesta CEP.
Aquí puedes descargar la presentación junto a sus anexos, además de la base de datos completa, el cuestionario, el diccionario de variables y el manual de usuario.
