Agosto 2024
BOLETÍN VOCES DEL CEP – N°8
En esta octava edición del boletín Voces del CEP, dedicado al análisis de temáticas relevantes para Chile, publicamos una columna de nuestros investigadores Juan Rozas, Ariadna Chuaqui y Aldo Mascareño que aborda el cambio en la percepción de la violencia y la delincuencia en la población chilena, utilizando datos la Encuesta CEP 91.
Del hampa al narco. El peligro inminente de la violencia en Chile
Juan Rozas, Ariadna Chuaqui y Aldo Mascareño, investigadores CEP1
Resumen
La preocupación por la delincuencia en Chile ha sido permanentemente alta desde inicios de siglo. Sin embargo, la creciente violencia asociada a ella, especialmente en los últimos años, ha transformado esta preocupación en un peligro inminente para las personas, es decir, la violencia delictual puede irrumpir en cualquier momento y lugar. Por medio de datos de la reciente Encuesta CEP 91, en este artículo sostenemos que este peligro inminente es producto de una constelación que vincula delincuencia y violencia de modo estrecho. Esta constelación se caracteriza por la irrupción del narcotráfico, la organización y disputa territorial, el tráfico y consumo de drogas y la exaltación de la violencia. En la observación de las personas, la delincuencia común queda también subordinada a esta constelación. La respuesta de los encuestados frente a ella es una alta inclinación a la militarización y a la supresión de libertades públicas y privadas. El artículo concluye que este es el punto más débil de la democracia liberal; aquel por donde puede penetrar el autoritarismo neopopulista contemporáneo.
1. Introducción
No hay duda de que la preocupación por la delincuencia ha sido una constante en Chile desde el tránsito al siglo XXI. Sin embargo, esa preocupación se transforma hoy en una sensación de peligro inminente en la vida cotidiana porque se experimenta día a día en carne propia o demasiado cercanamente. El problema no es únicamente individual, pues la vivencia de ese peligro tiene profundas consecuencias para la forma en que proyectamos la convivencia social y su futuro.
En la investigación más original sobre delincuencia en las décadas finales del siglo XX en Chile, la socióloga Doris Cooper (1994) describió en detalle lo que en ese entonces se denominaba el hampa, una constelación estructurada de ‘ladrones profesionales’ con una estratificación basada en el prestigio y regulada a través de una ética compartida que proponía evitar el ejercicio de la violencia en la acción delictual y no afectar a poblaciones vulnerables con el delito. En la cima de esta estratificación de prestigio estaban los asaltantes, los internacionales y los monreros. Los primeros –explica Cooper– asaltaban camiones de cigarros y bebidas, supermercados pequeños y ocasionalmente robaban joyas. Los internacionales eran asaltantes chilenos en el extranjero, mientras que los monreros se especializaban en el robo de especies en casas. Luego de ellos venían los lanzas, expertos en el robo por sorpresa en la calle; los toco y los mecheros, dedicados respectivamente al robo desde el interior de los autos y de ropa en tiendas. Seguían después los especializados en el robo por descuido en lugares públicos; los cuenteros, actores profesionales que simulaban historias; los cogoteros, quienes cometían robos con violencia con arma blanca y pocas veces con armas de fuego, y los ocasionales, que robaban de acuerdo a necesidades. En el último estrato se encontraban los choros de esquina, principalmente jóvenes sin educación ni trabajo que formaban pandillas, consumidores de drogas y alcohol, cuyos actos criminales se orientaban a la obtención de dinero para mantener tal consumo y para incrementar el status con artículos de prestigio. Eran jóvenes ‘sin futuro’ en la interpretación de Cooper (1994, 64-68).
Aquella era ‘el hampa’ de las décadas de 1980 y 1990; probablemente esta estratificación se mantuvo en la década de 2000 y algo más. Por medio de datos de la Encuesta CEP 91 (2024), en este artículo argumentamos que ese mundo ordenado, de alguna manera previsible, en el que los ciudadanos podían manejar el riesgo de la delincuencia evitando ciertos lugares a ciertas horas o estando más atentos a sus propios descuidos, ya no existe. El arma de fuego antes ocasional, está ahora en la canasta básica del delincuente; el robo de cigarrillos dio paso a mortales disputas territoriales; y el ‘choro de esquina’, “jóvenes sin futuro” según Cooper (1994, 68), tuvo que construir uno incorporándose al staff del crimen organizado y el narcotráfico. El hampa de fines del siglo XX dio paso al narco del siglo XXI, una figura que hoy emerge y captura la imaginación de la ciudadanía como simbolización de la violencia y la delincuencia que cubre con sus redes distintos rincones de la sociedad.
La violencia y delincuencia están hoy más presentes en la percepción de las personas. Aquello que antes quedaba reservado a cogoteros y eventualmente a algunos asaltantes, hoy puede irrumpir aleatoriamente de un momento a otro: en casa, en el trabajo, en el tránsito entre ambos, en la calle, en el auto, en plazas y lugares públicos. La violencia, que antes era contenida por la ética del hampa porque desprestigiaba la imagen del ‘ladrón profesional’, hoy es exaltada y exhibida como mecanismo de dominación y amedrentamiento. Esto hace que la percepción de violencia crezca en intensidad y que en varios casos se generalice de manera transversal en la sociedad. No solo se trata de haber sido víctima de violencia delictual, sino de experimentar que ser víctima de ella es una posibilidad cercana. Esto es lo que denominamos peligro inminente (Mascareño et al. 2024). Todo ello tiene profundas consecuencias para la proyección de la convivencia social y la forma en que la sociedad se organiza bajo una democracia liberal, consecuencias que exploramos en este artículo.
Para desplegar este argumento, partimos por la observación de algunos datos seleccionados de la Encuesta CEP 91 (2024) que evidencian la intensidad y generalización de la relación entre delincuencia y violencia. Continuamos con las consecuencias. En primer lugar, analizamos la irrupción de la figura del narcotráfico como una nueva condición que trastoca la imagen clásica de la delincuencia. Continuamos con la percepción sobre la defensa del orden social a nivel público por medio de la demanda por militarización. Luego abordamos la individualización de la defensa a nivel privado, para entonces explorar la consecuencia de todo esto sobre la percepción de la ley y la democracia. Algunas conclusiones cierran el artículo.
2. El peligro inminente de la violencia delictual
Al menos desde inicios de este siglo, la preocupación por la delincuencia se ha mantenido entre las primeras inquietudes de los chilenos. De acuerdo con datos de la Encuesta CEP (2024), rara vez ella ha abandonado el primer lugar de los problemas críticos que el gobierno debiera solucionar (Figura 1). Hacia el año 2011, la educación y la salud lograron equipararla. En pleno estallido social, ellas, junto a la preocupación por las pensiones, incluso la superaron. La pandemia, sin embargo, fue el mejor agente de control de orden social: las demandas sociales se transformaron en demandas por la vida y el virus también intimidó a los delincuentes. No obstante, con el fin de la pandemia todos pudimos salir a las calles; todos, incluidos los delincuentes. Desde ese momento, la preocupación por el crimen retornó a su posición dominante entre las preocupaciones de los chilenos; más aún, ella se distanció de la salud, la educación y las pensiones y, paralelamente, la preocupación por el narcotráfico y por la inmigración –aunque en niveles inferiores– comenzó a crecer de manera paralela con la delincuencia, los asaltos y los robos.
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Esta posición dominante de la preocupación por la delincuencia puede ser suplementada con cifras sobre percepción de inseguridad de ENUSC (2024). En 2012, el 70,6% de las personas percibía que los delitos habían aumentado en el país; en 2022 (con el término de la pandemia) este porcentaje alcanzó un 90,6% y en la actualidad llega a un 87,6%. Es decir, hay una tendencia de aumento constante de la inseguridad frente al delito en la población chilena. Dicho de otro modo, la preocupación parece contener un componente de peligro en la percepción de las personas. Uno de los principales resultados de la Encuesta CEP 91 (2024) confirma la existencia del sentimiento generalizado de inseguridad en la población, pero además muestra el temor de ella hacia delitos violentos (Figura 2a, 2b y 2c). En esto radica justamente el giro desde la preocupación al peligro.
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Como se observa en la Figura 2a, el 85% de los entrevistados están muy preocupados de ser víctimas de un delito violento o de que alguien de su familia lo sea. Si bien existen algunas diferencias al distinguir por variables sociodemográficas (mayor preocupación entre mujeres, residentes en zonas urbanas y personas que se identifican políticamente con la derecha), la magnitud de la preocupación se mantiene alta y constante en todos los casos. Ella es la que indica una situación de peligro, es decir, la alta cercanía de la posibilidad de ser víctima directa de una acción violenta.
La Figura 2b, en tanto, muestra las fuentes en las que el peligro (la alta y constante preocupación) puede basarse: que lo asalten en casa (45%), en la vía pública (20%), presenciar o quedar en medio de balaceras en la vía pública (19%), sufrir el robo del auto o un portonazo (9%). De interés es que las dos primeras categorías (que lo asalten en su casa y en la vía pública, cuya suma es 65%) son situaciones presentes en las preocupaciones delictuales de décadas pasadas. Monreros, lanzas o carteristas se encargaban de ellas (Cooper 1994). Sin embargo, la percepción de los ciudadanos es que hoy los grupos articuladores de esta violencia delictual son distintos, han cambiado cualitativamente su manera de operar y han generalizado la violencia como un componente definitorio de esa operación, por ejemplo, mediante el uso de armas, enfrentamientos abiertos en las calles, descuartizamientos, uso de drogas.
El asalto en la casa (45% en Figura 2b) no se imagina pacífico ni negociado; se imagina violento; también el asalto en la vía pública (20%). Una balacera en la vía pública (19%) se podía experimentar antes como espectáculo en medios, pues era una situación extraña y ajena. Más bien respondía a relaciones de conflicto entre vecinos de poblaciones periféricas que eventualmente se enfrentaban, o a pugnas entre pandillas de un mismo sector; pero rara vez el conflicto sobrepasaba ese espacio social. El portonazo (9%) no existía. Hoy el temor de ser asaltado en casa, en la vía pública de manera violenta, de verse involucrado en una balacera y de sufrir un portonazo parece ser ubicuo, así como lo es la sensación de peligro generalizado que produce estar involucrado en cualquier enfrentamiento.
La generalización del peligro desplaza las cargas simbólicas y límites materiales de la constelación delincuencia-violencia en la percepción de las personas: a) entran nuevos actores y grupos que articulan la violencia; b) aparecen nuevos hechos concretos que no habían sido observados previamente que reproducen el temor; y c) se atribuyen nuevas causas y factores que son percibidos como sus principales productores.
La Figura 2c es ilustrativa con respecto a los componentes de la constelación delincuencia-violencia en la perspectiva de las personas. El primer componente es la inmigración irregular, cuyo peso en las causas de la delincuencia cambia significativamente desde la medición anterior de 49% (2023) a 60% (2024). En otras mediciones recientes (CEP 90 2024), un 70% de las personas opinaba que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad, mientras que un 74% sostiene que la inmigración de los últimos 5 años es peor que en períodos anteriores (Chuaqui et al. 2024; Vergara y Ugarte 2023; Salgado 2024).
El segundo componente de la nueva constelación delincuencia-violencia sugiere desconfianza hacia el sistema jurídico (‘falta de condenas’) y hacia el proceso legislativo (‘las penas son bajas’), con un 53%. La misma encuesta muestra que la confianza en tribunales (15%) y fiscales (14%) es reducida. Un tercer componente de la constelación delincuencia-violencia es su atribución al consumo de alcohol y drogas y a la pobreza; y un cuarto componente identifica al narcotráfico (33% en 2c) como un actor emergente y responsable de la nueva situación.
Vistas las cosas de este modo, el modelo delincuencial del tránsito del siglo XX al XXI tan detalladamente descrito por Cooper (1994), con una ética del hampa que controlaba el ejercicio de la violencia, se ha invertido. La violencia es hoy dominante en la visión de las personas; está presente de manera ubicua y es simbolizada en un nuevo agente: el narcotráfico. Si algo permanece de aquella descripción, es la triada alcohol, drogas, pobreza, la que afectaba principalmente a los ‘choros de esquina’, hoy bandas organizadas asociadas a redes delictuales. El peligro inminente de la violencia ha cambiado claramente la configuración del escenario delictual.
3. La irrupción del narcotráfico en la constelación de la delincuencia
Diversos datos muestran que la percepción de las personas atribuye alta presencia y organización a la actividad delictiva actual. Esto incrementa la sensación de que la fuente principal de peligro actual se organiza en torno a la figura del narco (tráfico de drogas, crimen organizado, bandas organizadas). La Figura 3 presenta datos relativos a esto.
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La Figura 3a muestra que un abrumador 91% percibe que el tráfico de drogas ha aumentado en el país en los últimos 5 años. Esta cifra no baja del 90% en distintas variables sociodemográficas (sexo, urbano/rural, edad, educación, posición política), salvo para el caso de la zona norte de Chile, donde llega al 85%. En este caso, las personas perciben que el tráfico se ha mantenido, lo que es esperable para el norte de Chile (Sampó y Troncoso 2022; Valdés et al. 2022). Cuando la pregunta es por el barrio (Figura 3b), un 49% sostiene que el tráfico de drogas aumentó, un 24% que se mantuvo y un 7% sostiene que disminuyó. La interrogante por el barrio refleja una experiencia más cercana, muchas veces directa (por observación o redes) con la acción de tráfico de drogas. Por ejemplo, ante la pregunta por la existencia de bandas de narcotráfico en el barrio (Figura 3c), un 28% considera que sí existen, un 39% que no, y un alto 33% no responde. No es posible establecer representación comunal para estas cifras, pero un 14% de ABC1, 28% de C2 y C3, y un 34% de D y E sostienen que las bandas sí existen en el barrio. Ello sugiere que las bandas de narcotráfico se concentran en sectores medios y bajos.
Todo esto muestra que la imagen del narcotráfico irrumpe con fuerza en la constelación delincuencia-violencia. Las figuras 4a y 4b consolidan esta visión.
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La Figura 4a aporta una importante visualización sobre la estructura percibida del peligro de la violencia en Chile. Para las personas, el principal grupo tras los hechos de violencia –alejado de otros– es el narcotráfico. Le siguen en un nivel similar inmigrantes y delincuentes comunes; luego drogadictos y alcohólicos, jóvenes y bandas organizadas, para concluir con vecinos, grupos vulnerables y autoridades. Esta percepción es altamente cercana a las 5 primeras opciones de la opinión sobre las principales causas de la delincuencia en la Figura 2c (inmigración, bajas penas, consumo de drogas y alcohol, pobreza y narcotráfico). Es decir, en la interpretación de las personas emerge una constelación delincuencia-violencia que asocia libremente narcotráfico, inmigración, drogas y alcohol, delincuencia y organización criminal. Esto es cualitativamente nuevo; no existía en la configuración social de la delincuencia en el tránsito del siglo XX al XXI.
La Figura 4b, en tanto, pone el acento en expresiones concretas de esa nueva configuración dominada por la idea del narcotráfico: el uso de armas, el control territorial, el uso de drogas y la exaltación de la violencia. A estos elementos debiera agregarse la capacidad de corrupción que redes de narcotráfico pueden tener sobre distintas instituciones. Datos de la Encuesta CEP 91 (2024) indican que al menos un 50% de las personas piensan que muchos o casi todos son corruptos en instituciones como el Congreso, el gobierno, los tribunales, las fundaciones, el Ministerio Público, las municipalidades y los gobiernos regionales. Las prácticas corruptas más comunes son ubicar a familiares o amigos en posiciones de poder (29%), usar información o fondos para beneficio propio (25%) y aceptar sobornos (16%). Como lo ha indicado Pablo Zeballos (2024), el ejercicio crudo de la violencia es la fase inicial del narcotráfico; la corrupción de las instituciones públicas es la fase de consolidación. Chile parece estar ahora en la fase inicial de generalización de la violencia; con algunos anuncios de la segunda (como se observa en el ítem ‘Autoridades’ en 4a).
Si la actual imagen de la delincuencia es invadida por la percepción de una criminalidad organizada en torno al narcotráfico, entonces la ética criminal del presente no es la del hampa, sino que es la del narco: una ética de la exuberancia de la violencia, frente a la cual las personas perciben un peligro inminente, es decir, la posibilidad de que el turno de enfrentarse con ella llegue en cualquier momento o espacio.
4. Sofocar el peligro: militarización
Cuando la percepción de inseguridad de la población es consistentemente alta hace al menos dos décadas, es esperable un mayor apoyo y confianza hacia instituciones que, al menos desde su dimensión operativa, contienen la promesa de reestablecer el orden. Tal es el caso de Carabineros y Policía de investigaciones (PDI), las cuales, luego de las universidades, son las instituciones que gozan de mayor confianza por parte de los y las chilenas: un 52 % de confianza en la última medición (CEP 91 2024).
Bajo la distribución de poderes de una democracia liberal, Carabineros y la Policía de Investigaciones son las instituciones autorizadas para el ejercicio legítimo de la fuerza física para el restablecimiento del orden social. No obstante, desde que la preocupación delictual se transformó en peligro inminente, la población (incluso autoridades de distintos sectores políticos) comenzaron a pensar en la militarización como suplemento del rol de orden y seguridad constitucionalmente asignado a las policías (Briones 2024; Carrasco 2024; Carrillo 2024; Cisternas 2024). Estas últimas estarían sobrepasadas por una violencia exuberante que, en la percepción de la gente, requeriría de una fuerza de igual exuberancia para sofocarla. La Figura 5 sostiene esta idea.
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La Figura 5 ilustra el apoyo que la ciudadanía declara al rol y las atribuciones de los militares para la gestión del orden y la seguridad. En este sentido un 86% de las personas apoya que los militares deban complementar a las policías en el combate del crimen organizado, un 84% considera que los militares deben ayudar a las policías en las tareas de enfrentar la delincuencia en los barrios con altos índices de criminalidad. Asimismo, un 84% de la población está de acuerdo con que los militares sean un agente activo de apoyo en el restablecimiento del orden en casos donde este se vea alterado gravemente. Las cifras de apoyo a la militarización son generalizadas y transversales dentro de los encuestados; no responden a grupos o sectores particulares.
Por ejemplo, un 65 % de las personas identificadas con la izquierda apoyan el uso de militares para combatir el crimen organizado, 66 % para intervenir barrios con altos índices de criminalidad y 73 % apoyan la intervención militar para reestablecer el orden en casos en que este se vea alterado gravemente. Una tendencia similar se observa en aquellos que aprueban al gobierno actual: 70 % de apoyo al rol de militares contra el crimen organizado, 69% en la intervención de barrios conflictivos por el crimen, y 77% para el restablecimiento del orden cuando este se ve alterado gravemente. En grupos que desaprueban al gobierno y más identificados con el centro y la derecha, las cifras escalan y oscilan alrededor de 85% de apoyo en cada una de las categorías de la militarización, alcanzando peaks de hasta 95%.
Con ello, la distinción entre instituciones policiales que resguardan el orden permanentemente en la vida social cotidiana y aquellas que son requeridas para emergencia, catástrofes naturales o amenazas a la seguridad nacional, se pone en duda en la percepción de una ciudadanía. Ella parece cada vez parece más dispuesta a flexibilizar o reinterpretar principios normativos como la democracia o las libertades personales y públicas con el fin de sofocar el peligro. La militarización se convierte así en una solución directa que la ciudadanía distingue para hacer frente al problema y que muchas autoridades siguen sin discutir acerca de los riesgos y peligros que asoman tras su implementación.
5. Supresión de libertades: la renuncia
El peligro inminente de la violencia es peligro para la vida propia y de los cercanos. Como lo mostró la Figura 2a, el 85% de las personas temen que alguien de la familia o ellos mismos sean víctimas de un delito violento. Por esto, el peligro de la violencia no es negociable. La respuesta a la situación que las personas construyen, parece ser la siguiente: se pueden emplear todos los medios disponibles para defenderse de la violencia y proteger la vida; y si el Estado de derecho tiene vacíos en la capacidad de protección, entonces sus límites se pueden sobrepasar en forma de militarización del espacio público, de zonas en conflicto y de fronteras; en forma de supresión de libertades públicas y privadas, y en forma de una defensa propia absoluta, ajena a cuestionamientos. Las figuras 6a y 6b respalda esta visión.
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En la Figura 6a, la obediencia a la ley por su sola existencia o porque es fruto de un orden democrático, así como la mantención del orden social y la convivencia son las razones de más peso para atenerse al derecho. Sin embargo, 6b muestra el límite de este sometimiento al derecho. Prácticamente la mitad de los chilenos (49%) opina que todas las libertades deben suprimirse para controlar la delincuencia; un 35% también lo haría con ciertas dudas o en algunas ocasiones; y un 11% se resiste a ello y mantendría las libertades, aunque esto no permita el control de la delincuencia.
El peligro de la vida propia y de cercanos mueve a una renuncia a las libertades públicas y privadas que constituyen un Estado de derecho democrático en buena parte de la población. Esto incrementa la justificación del uso de la violencia en defensa propia y de terceros. La delincuencia, la exuberancia de la violencia, su ubicuidad y el peligro inminente que ella provoca para las personas –por su aparición sorpresiva tras cualquier esquina y en el próximo minuto– son el hielo delgado de la democracia. Cuando se transita por ese hielo delgado, la atracción autoritaria neopopulista de suprimir o suspender el sistema democrático de libertades mediante estados de sitio y una militarización que excede fronteras del Estado de derecho, solo espera que aparezca alguien que sea exitoso (o exitosa) en encarnar el rol.
6. Conclusiones
En base a datos de la Encuesta CEP, en este artículo hemos sostenido que la preocupación por la delincuencia en Chile, constantemente alta desde inicios de siglo, hoy se ha transformado en peligro para las personas debido a su asociación con la violencia. Un gran porcentaje de la población manifiesta una preocupación alta o muy alta por ser víctima de delitos violentos en casa, en la vía pública, por verse involucrado en balaceras, robos de auto o portonazos. Es decir, a la preocupación por la delincuencia (en principio material) se suma el temor vital (vida o muerte) a la violencia del delito. No solo se trata de ser víctima de violencia delictual, sino de experimentar que ser víctima de ella es una posibilidad cercana, que irrumpe en cualquier momento y lugar. Esto es lo que hemos denominado peligro inminente.
Esta es una situación nueva en la configuración del crimen. Clásicas descripciones sobre la estructura de la delincuencia en Chile en el tránsito del siglo XX al XXI observaban una ética del hampa que evitaba la violencia. Hoy la violencia es el instrumento clave de dominación, una exuberancia de la violencia simbolizada en el uso de armas, enfrentamientos, asesinatos y consumo de drogas. Este es un modelo que las personas asocian al narcotráfico, el nuevo actor que irrumpe en el escenario delictual para reestructurar el crimen a través de la exaltación de la violencia, el control territorial, el tráfico y consumo de drogas y las redes de corrupción.
La irrupción del narcotráfico como actor central en la constelación delincuencia-violencia incrementa el temor de la población, generando una demanda por respuestas contundentes que, en muchos casos, desafían los límites del Estado de derecho. La confianza en las instituciones tradicionales de seguridad, como Carabineros y PDI, aunque alta, se ve superada por la necesidad de una fuerza aún más poderosa que pueda enfrentar la violencia exuberante asociada al narcotráfico. En ese contexto, la militarización del espacio público y la intervención militar en la seguridad interna han ganado respaldo significativo y transversal en la ciudadanía, lo que plantea interrogantes sobre la permanencia de los principios democráticos. La disposición a renunciar a libertades fundamentales frente a amenazas a la seguridad, la percepción de que las leyes son insuficientes para proteger a las personas, y la ampliación del sentido de defensa propia mediante cualquier reacción, revelan una erosión de la confianza en el sistema jurídico, una percepción de ineficacia de las fuerzas de orden en el resguardo de la vida y, a partir de ahí, un deslizamiento hacia tendencias autoritarias que debilitan los pilares de la democracia liberal. Este es el punto débil de ella, el clivaje por donde penetra el autoritarismo neopopulista contemporáneo.
El complejo desafío que hoy enfrentan las fuerzas políticas que sustentan la democracia liberal consiste en emplear toda la fuerza legítima del Estado democrático de derecho sin renunciar a los derechos fundamentales que lo sostienen. No se trata solo de sofocar la violencia delictual y organizada, sino también de preservar los fundamentos democráticos que permiten llevar adelante esta tarea sin sucumbir a la deriva autoritaria y neopopulista. La percepción de un peligro inminente es un llamado a controlar el problema por medio de la fuerza legítima y los medios de inteligencia necesarios que permite el derecho democrático; no es la justificación para rebasar sus límites. Es un emplazamiento a la eficacia del Estado de derecho, a sus fuerzas de orden y seguridad, para que resguarde los fundamentos de una democracia liberal desde los cuales se obtiene la legitimidad para enfrentar la violencia ilegítima. Es fundamental encontrar ese pasillo sin sacrificar las libertades que definen la convivencia democrática. Solo de tal modo es posible evitar que el delgado hielo sobre el que transitamos termine quebrándose, llevándonos a un abismo de autoritarismo y pérdida de derechos que, en última instancia, sería la victoria definitiva del peligro que se intenta combatir.
1 Los autores agradecen a César Gamarra por la colaboración en el procesamiento de datos empleados en este artículo y a Sebastián Izquierdo, Macarena Lescornez y Eugenio García-Huidobro por sus comentarios a una versión previa de este texto.
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1. Delincuencia e inmigración
Tres investigaciones realizadas en el Centro de Estudios Públicos exploran la percepción de la población sobre los migrantes que han llegado al país en los últimos años, y cómo esto se asocia con el aumento de la delincuencia.
En el Puntos de Referencia N° 663 ‘Inmigración y delincuencia: últimas cifras’, Vergara y Ugarte (2023) analizan de forma empírica la participación de extranjeros en los delitos en los últimos años. Para esto, utilizan datos de condenados por tipo de delito según la Defensoría Penal Pública, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la encuesta CASEN para estimar la relación entre la participación de los inmigrantes en delitos y su participación en la población total.
Los autores encuentran que, si bien la población extranjera sigue estando subrepresentada en el número total de condenados (Figura 7), existe una sobrerrepresentación de extranjeros en delitos relacionados con la Ley de Drogas: más de un tercio de los extranjeros fueron condenados por esta legislación en 2022, lo que se compara con el 7,3% de los nacionales (Figura 8).
(Puedes ver la tabla en mayor detalle haciendo clic aquí)
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Utilizando los datos recopilados por el CEP a través del Estudio de Inmigración en la Zona Norte (CEP 2024), los Puntos de Referencia ‘El valor de la experiencia: dualidad y ambigüedad en la interacción entre migrantes y chilenos’ y ‘Ellos y nosotros: El migrante de los chilenos’ muestran la complejidad que subyace a las relaciones sociales entre grupos cuando hay un cambio repentino y significativo en las condiciones de la relación social, como acontece con una ola migratoria masiva en un periodo corto de tiempo (Chuaqui et. al 2024; Salgado 2024).
Por un lado, Chuaqui et. al (2024) encuentra que una gran mayoría de la población percibe la existencia de conflictos fuertes o muy fuertes entre chilenos y extranjeros (78%), y asocia a estos últimos con el aumento de los índices de criminalidad (el 69% está de acuerdo con esta afirmación) y el incumplimiento de la ley (el 49% considera que ‘ninguno, casi ninguno o menos de la mitad’ cumple la ley). Esta visión negativa toma particular relevancia al comparar la percepción sobre los inmigrantes que han llegado en los últimos cinco años al país, en comparación con aquellos que llegaron hace más de cinco años.
(Puedes ver las figuras en mayor detalle haciendo clic aquí)
No obstante, también se observa una visión positiva de los inmigrantes como personas honestas y trabajadoras (el 52% considera que ‘todos, casi todos, la mayoría o la mitad’ son honestos, y el 65% que son trabajadores).
Por otro lado, Salgado (2024) analiza las actitudes de los chilenos hacia grupos particulares de inmigrantes que buscan entrar al país. El estudio encuentra que las preferencias de los chilenos varían según ciertos atributos: existe una preferencia significativa por la migración femenina y con mayor nivel educacional. Además, las actitudes varían considerablemente con respecto a la nacionalidad de los inmigrantes, con una menor preferencia hacia migrantes colombianos y venezolanos y una indiferencia hacia los de nacionalidad española, peruana y haitiana.
El estudio concluye que las actitudes de los chilenos hacia los inmigrantes no están principalmente basadas en xenofobia o discriminación racial, sino que son el resultado de una compleja interacción entre los atributos del migrante y las características personales y culturales de los encuestados, como su nivel de educación, la frecuencia de contacto con extranjeros y sus preconcepciones sobre los efectos económicos y sociales de la inmigración.
En su conjunto, estos tres estudios muestran que, si bien existen preocupaciones sobre la relación entre inmigración y delincuencia, también se perciben las contribuciones positivas de los migrantes y los beneficios que conlleva la integración de nuevos grupos en la sociedad. La percepción acerca del fenómeno migratorio, y en especial de los inmigrantes de los últimos años y su asociación con la delincuencia, tiene múltiples niveles de complejidad que combina relaciones sociales individuales como también intergrupales.
2. Justificación de la violencia en defensa propia
La justificación de la violencia en defensa propia se relaciona, para las personas, con la consideración de que la ley es injusta porque exige estándares de proporcionalidad difíciles de aplicar en una situación de enfrentamiento.
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En la Figura 11a, un 86% justifica el uso de la violencia en defensa propia ‘siempre o casi siempre’ y ‘a veces’; solo un 13% no la justifica nunca. La defensa propia legítima es una causal de exención de responsabilidad penal, pero regulada en su ejercicio. Debe ser en respuesta a una agresión ilegítima, con un medio proporcional y sin provocación de quien se defiende. Su legitimidad también depende de constatar que se impidió la consumación de delitos específicos como secuestro, homicidio, violación o robo con violencia, entre otros (BCN 2024).
Esta conjunción de circunstancias es una de las razones relevantes por las que las personas consideran –como se formula en 11b– que la ley es injusta, no igual para todos, o que restringe libertades y decisiones personales. La defensa propia y de terceros –indican los encuestados en respuestas abiertas– tendría que considerar legítimas conductas como las siguientes: atropellar a alguien si a uno lo asaltan, disparar al delincuente con un arma inscrita independiente de acciones previas, atacarlo al entrar a la propiedad, matar a alguien porque afectó de manera grave a un familiar. La ausencia de sintonía entre este tipo de expectativas de defensa propia y lo estipulado en el Código Penal conduce a las personas a pensar que la ley es injusta, a que no se aprecie el modo en que el derecho puede mantener el orden social y a que, en consecuencia, la confianza en él sea reducida: un 15% en tribunales y un 14% en los fiscales (CEP 91 2024).
Bibliografía:
BCN 2024. Código Penal. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984 [20 de agosto 2024].
CEP 91 2024. Encuesta CEP 91, junio-julio 2024, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/encuesta/encuesta-cep-n-91/ [20 de agosto 2024].
Para profundizar:
- Puntos de Referencia N° 689 ‘El valor de la experiencia: Dualidad y ambigüedad en la interacción entre migrantes y chilenos’ – Ariadna Chuaqui, Aldo Mascareño, Juan Rozas, César Gamarra, Sandra Quijada y Benjamín Lang.
- Puntos de Referencia N° 663, ‘Inmigración y delincuencia: últimas cifras’ – Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte.
En esta edición de nuestro boletín, queremos recomendarles los siguientes eventos que tuvieron lugar en el CEP:
- Conversación sobre el libro “Milton Friedman. The last conservative”, entre su autora, la académica en Historia de la Universidad de Stanford, Jennifer Burns, el economista Rolf Lüders y Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos.
- Lanzamiento del número especial de Estudios Públicos, “300 años de Adam Smith”, con los comentarios del economista argentino, Walter Castro.
- Un nuevo seminario de Voces en el CEP sobre “Cárceles en Chile: La urgente reforma al sistema penitenciario”, con Luis Cordero, ministro de Justicia y el senador Manuel José Ossandón.
- Y la segunda entrega de la colección “Pensadores e Ideas” dedicada a “Adam Smith. El filósofo economista”, escrito por Leonidas Montes.
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