Piove, governo ladro! es un chiste común entre los italianos, que se traduce algo así como ‘¡está lloviendo, gobierno ladrón!’ y con el que se busca, aun sabiéndolo falso, culpar al gobierno de todo lo malo que aqueja a esa sociedad. Los chilenos tenemos una versión propia de esta parodia, pero que lo reduce todo a la constitución. El problema es que, antes que chiste, ella se ha vuelto una tragicomedia.
Uno de los principales propósitos buscados con una constitución es diseñar una democracia en torno a reglas cuyos significado e interpretación sean razonablemente claros y predecibles. Su establecimiento busca fijar marcos de deliberación política que no puedan ser discutidos constantemente, que estén previamente zanjados. El hecho de que estas reglas hayan sido determinadas con anterioridad es el que nos libera de tener que debatirlas nuevamente en cada momento y nos permite así orientar nuestra atención a las discusiones de la política cotidiana. Tal como las reglas del ajedrez, son ellas las que nos permiten establecer un marco que en definitiva posibilita que podamos jugar a algo. Es en este sentido que se dice que una constitución es anterior a la política: aquélla debe quedar de ordinario sustraída de las discusiones que se dan dentro de ésta.
Para que esto sea posible, existe una premisa básica sobre la que descansa toda democracia constitucional y que muchas veces olvidamos: el constitucionalismo tiene escaso valor sin élites políticas dispuestas a honrar los acuerdos que subyacen a toda regla constitucional, hayan sido o no acordados por ellas. En su esencia, una constitución no es más que una serie de acuerdos para organizar el poder que toda la élite política se compromete a cumplir y hacer cumplir sin importar las consecuencias o el propio beneficio.
Aquí radica precisamente nuestro principal problema constitucional. Las últimas décadas han atestiguado la dificultad cada vez mayor que supone tener discusiones de política ordinaria, sea que se trate de políticas públicas, modernización del Estado o emergencias sociales. Cada vez que uno de estos debates tiene lugar, se cuelan recriminaciones o reproches en contra de las reglas constitucionales llamadas a encausarlos. Estas reglas terminan así funcionando –con mayor o menor intensidad– como una excusa para la inacción política.
Podríamos discutir largamente las causas que nos llevaron a esta situación o sus méritos (que los hay, no cabe duda). Pero llevamos ya cuatro décadas enfrascados en discusiones constitucionales, con un costo altísimo para nuestra democracia. Más importante aún, rara vez se menciona que los recientes intentos por solucionar este problema constitucional han fracaso en parte importante porque ellos han estado marcados por distintos tipos de exclusiones.
En el fallido proceso constituyente de la Presidenta Bachelet se marginó torpemente a los partidos políticos, lo que explica que su propuesta constitucional haya sido recibida con transversal indiferencia por los parlamentarios. La Convención Constitucional, por su parte, deliberadamente relegó a sectores completos de la sociedad para avanzar con una propuesta refundacional que fue rechazada masivamente en las urnas. De distintas formas y en otra escala, en ambos intentos se incurrió en el mismo pecado original que terminó siendo la marca indeleble de la constitución vigente: haber empujado un diseño institucional con vencedores y perdedores que se construyó desde la exclusión.
No está de más recordar todo esto en el día que comienza un tercer intento por solucionar nuestro problema constitucional. Son tantos los temas a tratar y tanta la profundidad con que cada uno de ellos debe ser abordado que es fácil olvidar cuál es la principal prioridad de este nuevo esfuerzo. Esto requiere no sólo de diálogo, sino también de generosidad y renuncias recíprocas con independencia de quienes se hayan visto favorecidos en la última elección parlamentaria y de quienes prevalezcan en las de mayo próximo. Parece difícil, pero sólo así será posible que la propuesta constitucional resultante sea percibida como un pacto de gobernabilidad duradero cuya legitimidad no sea cuestionada a través de excusas por quienes pierdan las distintas discusiones de la política cotidiana.
