Reformas esenciales que no avanzan, programas que no se cumplen, consensos que no llegan. Hace demasiados años que el inmovilismo y el bloqueo son la tónica en nuestro sistema político. Los ejemplos abundan y ya nadie duda de que la situación es crítica, aún más cuando aumenta a pasos agigantados la desafección de la ciudadanía. Hoy, la confianza hacia los partidos políticos pende de un escuálido 4% (CEP 2023), un verdadero caldo de cultivo para las alternativas populistas o autoritarias.
Sin duda, las causas son múltiples, pero hay una insoslayable: la excesiva fragmentación en el Congreso. Hace décadas, Giovanni Sartori calificaba al sistema chileno como multipartidismo fragmentado con la existencia de apenas siete partidos. Solo en la Cámara de Diputadas y Diputados, ya hay 21 partidos con representación parlamentaria (Sartori 1976, 129). Esto es más del doble del promedio de las llamadas ‘democracias plenas’ y el triple de cuando se retornó a la democracia (Democracy Index 2022). Esta tendencia desproporcionada no hace más que aumentar. Actualmente, hay una docena de organizaciones camino a constituirse como partido ante el SERVEL (ver listado aquí).
Las razones de por qué llegamos hasta aquí son conocidas. La necesidad de mejorar la representatividad, entre otros aspectos, enterró al vapuleado sistema binominal e instauró uno proporcional moderado en 2017.
Desde luego se llegó a una representación parlamentaria más proporcional y pluralista, aunque la pululación de partidos sin un anclaje ideologico atentó contra el buen funcionamiento del sistema. Desde el trabajo de Duverger (1954) se reconoce el efecto del sistema electoral en el sistema de partidos. De hecho, fuerzas que no tenían espacio entre las dos coaliciones lograron entrar al juego político (e incluso a La Moneda) a costa, sin embargo, de sacrificar gobernabilidad. Es el momento de los ajustes, gracias a la ‘ventana de reforma’ que nos ofrece el nuevo proceso constitucional, distante de los cálculos de conveniencia de corto plazo de los incumbentes.
Si hace un lustro el objetivo era corregir la representatividad, hoy debemos buscar la fórmula que, sin renunciar a ella, le devuelva gobernabilidad al país. Así, quienes opten por el trabajo territorial y logren articular mayorías, tendrán más posibilidades de cumplir sus promesas de campaña, podrán contribuir a estrechar la relación de la ciudadanía con los partidos y lograrán devolver el aliento a su maltrecha salud.
Esta es sin duda una relación que involucra diversas variables que escapan al sistema electoral únicamente. Por ejemplo, la relación Ejecutivo-Legislativo y la regulación de los partidos son fundamentales de considerar. Pero para que sean eficaces y eficientes deben contar con un sistema electoral funcional, es decir, que logre equilibrar la necesaria representación con la esquiva gobernabilidad.
Entonces, ¿cuáles serían algunas de las reglas “adecuadas” para elegir a nuestros representantes y cómo los votos se traducirán en escaños? Destaquemos algunas propuestas que son fundamentales para robustecer los partidos:
1.- Fin de los pactos en listas:
Anteriormente, el sistema binominal otorgaba dos escaños por distrito. Para que una lista lograra quedarse con ambos, debía más que duplicar los votos de su contendora. Como este “doblaje” era extremadamente difícil, la competencia se trasladaba al interior de las dos principales listas que tenían peso electoral para disputar los dos asientos disponibles. Fuera de esas listas, no había competencia, más bien se convivía desde fuera del Congreso.
Conscientes de esa falta de representatividad, en 2017 se aumentó la magnitud del distrito, es decir, la cantidad de escaños en juego. De esta forma, se amplió el elenco de partidos y los actores en el proceso legislativo. Un caso notable es el del Frente Amplio el que, de tener tres representantes, logró elegir 20 diputados (es decir un 13% de la Cámara) y un senador en 2017. Como era predecible, con el aumento de voces, también llegaron las dificultades para ponerse de acuerdo y gobernar.
¿Qué hacer ahora para no desandar el camino recorrido y asumir las lecciones? La solución no pasa por volver al sistema binominal. Por el contrario, se trata de encontrar fórmulas que corrijan el modelo actual, como el establecimiento de un mínimo de 5% de votos en la elección de diputados a nivel nacional para participar en la atribución de escaños en el Congreso (véase Capítulo IV “Congreso Nacional”, art. 6.2).
¿Qué implica esta fórmula? Al existir dicha barrera, ésta generaría incentivos electorales para que partidos pequeños busquen asociarse con otros, reduciendo parte del exceso de organizaciones políticas con baja representatividad y aportando al fortalecimiento del sistema de partidos (ver recuadro más abajo). Sin embargo, se agrega una interrogante: ¿Qué pasa con los votos de las colectividades que no superan el umbral pero compitieron en un pacto? Para evitar reintroducir el problema por otra puerta, se deberían eliminar también los pactos electorales.
2.- Despersonalización del voto:
Cumplido el punto anterior, habrá mayores incentivos para reforzar los alicaídos partidos políticos. Ya no existirán atajos para quienes no cuenten con un trabajo territorial robusto, bases comprometidas y militancias cohesionadas. En otras palabras, solo quienes trabajen en contacto permanente con la ciudadanía deberían entrar al hemiciclo.
Sin embargo, la sola incorporación de umbrales no logra esa aspiración. Es indispensable encontrar herramientas que premien la lealtad a los principios e ideas de un partido. ¿Cómo hacerlo? Hoy, votamos por un candidato dentro de un pacto, cuyos escaños se distribuyen según la suma de las votaciones individuales. Por lo tanto, todos los incentivos están puestos en fichar figuras que sean un imán de simpatías, sin importar cuánto se ajustan al proyecto colectivo. Personajes mediáticos, sin disciplina partidaria ni experiencia política, abundan en las papeletas, pues permiten no solo ganar asientos sino arrastrar a los menos competitivos.
Los comisionados propusieron mecanismos como la renuncia al partido y la expulsión conforme a procedimiento con el objeto de fortalecer a los partidos. Esto va en la dirección correcta, sin embargo es preciso abordarlo de manera integral por medio de la incorporación de listas cerradas y bloqueadas en las que se vote por la colectividad y no la persona (véase Capítulo IV “Congreso Nacional”, art. 21.10 y 21.11).
De esta forma, los partidos –si están acompañados de una regulación que favorezca su democracia interna, la disciplina electoral, la discusión programática y rendición de cuentas– pueden volver a ser protagonistas del proceso. Los escaños que obtengan dependerán de la robustez de los principios y no del éxito pasajero de una figura mediática. La decisión del votante se verá reflejada directamente en la composición partidaria y doctrinaria del Congreso. Actualmente, nos hemos encontrado con legisladores que con 0,2% de votos terminan sentados en alguna de las cámaras y en muchos de esos casos carecen de los incentivos para seguir siendo parte de un proyecto político. Los personalismos y las deslealtades han sido la tónica.
Estos son algunos aspectos centrales que es preciso ajustar en nuestro sistema electoral. Sin duda, el listado de factores es más amplio y con implicancias sistémicas. Se espera que mediante futuras enmiendas se mejoren e incorporen ciertas normas, como la inclusión de la paridad y la representación indígena. Además, no hay que olvidar otros elementos decisivos como el diseño del calendario electoral o el entramado institucional de los órganos autónomos garantes de la función democrática.
Es cierto que el sistema electoral no es una materia que necesariamente deba estar regulada detalladamente en la Constitución, pues tiene que existir flexibilidad para ajustarse a los cambios sociales y políticos (Dixon y Ginsburg 2011). Y, justamente, el anteproyecto, contempla correctamente la incorporación de una ley especial de 4/7 exclusiva para esta materia (véase Capítulo IV “Congreso Nacional”, art. 30.2). Solo de esta forma tendremos una sala de máquinas eficiente, basada en la cooperación y el diálogo.
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