Introducción
No es correcto ni conveniente reducir a una sola causa los múltiples problemas que atraviesa el sistema político chileno. De hecho, vistas las cosas en una perspectiva de largo aliento, hay razones históricas, sociológicas e incluso culturales que explican el estado deficiente de nuestro régimen representativo. Ahora bien, puestos a escoger un motivo que resuma los problemas de la relación entre el ejecutivo y el legislativo (de eso se trata, ni más ni menos, el corazón del sistema político), nos parece que, tal como se argumentó en el Boletín N°52, la fragmentación tiene una alta cuota de responsabilidad.
La fragmentación implica inevitablemente la difusión del poder. Si hace unos años la toma de decisiones estaba en manos de agrupaciones políticas fuertes, ahora descansa cada vez más en transacciones particularistas. En efecto, el sistema proporcional actual propicia el multipartidismo exacerbado y tiende a premiar a las minorías en desmedro de las mayorías. Como consecuencia, lo que se gana en representatividad formal, se pierde en gobernabilidad. Lo anterior, sumado a una debilidad doctrinaria de los partidos, se ha traducido en una atomización desgastadora.
En esta columna se analizan los orígenes del sistema electoral proporcional, las razones de la fragmentación del régimen político chileno, los artículos que ha diseñado la Comisión Experta para enfrentar dicha fragmentación y cuáles son, a nuestra manera de ver, los principales beneficios (aunque también los eventuales peligros) de las normas consensuadas en las últimas semanas. Sostenemos que la Comisión ha acertado en su cometido de fortalecer a los partidos políticos mediante reglas antidíscolos y la introducción de barreras de entrada para la asignación de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, alertamos contra una posible injerencia indebida de los actuales parlamentarios (los incumbentes) a la hora de negociar excepciones que torpedeen el objetivo que se busca obtener.
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