El catastro de campamentos presentado recientemente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo oficializa una evolución preocupante de la que ya venía dando cuenta TECHO en su monitoreo permanente.
Entre 2011 y 2018 el número de familias en campamentos creció en 70%. Leyó bien, 70%. De 27 mil a más de 46 mil familias en 822 campamentos a nivel nacional. Independientemente de consideraciones metodológicas que puedan dificultar su comparabilidad, la cifra es simplemente desoladora.
El catastro de campamentos presentado recientemente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo oficializa una evolución preocupante de la que ya venía dando cuenta TECHO en su monitoreo permanente. Es algo que sabíamos, o que debiéramos haber sabido, pero que pareciera que nos cuesta incorporar y volver a poner en la lista de prioridades. ¿Por qué? Quizás porque es contraintuitivo. Porque no calza con los avances objetivos que viene experimentando Chile en una serie de ámbitos relacionados.
Con la economía creciendo (más o menos rápido, pero creciendo), con avances evidentes en varios de los indicadores de desarrollo social que habitualmente medimos, con el gasto público creciendo sostenidamente y un nivel de inversión en vivienda subsidiada que es hoy nueve veces lo que era en los noventa, ¿por qué entonces aumentan los campamentos? ¿No estaba resuelto este problema? ¿No es por eso que ahora estamos más preocupados de la calidad de la vivienda y de la integración social (y ya no tanto de la cantidad)?
Sin tener a la vista la base de datos del catastro oficial, y a la espera del levantamiento personalizado que hará el Minvu el primer semestre de 2019 para indagar sobre motivos de llegada, lugar de origen, educación y situación ocupacional, entre otros, por el momento solo podemos hacer conjeturas a partir de las cifras gruesas. Por un lado, que el crecimiento en el período se concentra casi exclusivamente en el Norte Grande y específicamente en Iquique (Alto Hospicio), Antofagasta y Copiapó; por otro, que nos ha costado muchísimo avanzar en las regiones de Valparaíso y del Biobío, que son las que arrastran las mayores cifras.
Que el aumento se dé principalmente en el norte, de la mano de oportunidades laborales, del influjo de población migrante, la escasez de suelo urbanizable y los altísimos precios de viviendas y arriendos, explica, en parte, la distancia e incredulidad con las que miramos el fenómeno desde Santiago. La distancia no es solo geográfica, sino también conceptual. Los campamentos más recientes se alejan de las imágenes de niños con los pies en el barro afuera de viviendas armadas entre tablas, plásticos y desechos, que es la escena que varios tendemos a asociar. Por lo pronto, buena parte de las nuevas construcciones está en terrenos secos, en zonas calurosas, con residentes con mayores niveles de consumo y donde las construcciones son menos precarias.
Ahora bien, las razones tras su formación y las características de las viviendas y sus residentes no debieran llevar a invisibilizar el problema. Si bien son distintos, siguen siendo lugares carentes de servicios, edificados de manera precaria e informal y en zonas muchas veces riesgosas. Tampoco podemos pasar por alto el contexto de exclusión que incidió en la conformación de estos asentamientos: si bien se está en una ciudad que ofrece oportunidades, se reside fuera de ella, sin sus servicios y seguridades. Los campamentos son un síntoma de un problema mayor de exclusión, y su solución no pasa solo por construir viviendas para quienes viven en ellos sin detenerse en las razones del por qué llegaron ahí.
Los esfuerzos realizados no han sido suficientes. De ahí que el problema persista en el centro y el sur del país, mientras en el norte vemos aumentos sustantivos que no responden a los motivos tradicionales. Pero más importante: la situación difiere muy significativamente de una región a otra y nuestros diagnósticos no alcanzan a dar cuenta de estas diferencias. Es necesario entender bien lo que ocurre en cada lugar y en eso la intención del Minvu de mejorar el diagnóstico es un punto a destacar. Es imprescindible también que las autoridades locales y la sociedad civil participen de este esfuerzo y que las acciones se diseñen en consecuencia, con al menos un ojo puesto en la especificidad territorial de cada lugar.
