Ojalá que, a diferencia de ese catastrófico hecho, seamos capaces de lograr una transición socio-ecológica justa, parar detener un desastre que ha ido destruyendo lentamente todo a su paso.
El ambiente es desolador. Una larga y vacía playa; paseos costeros, restaurantes y comercios que no reciben turistas desde hace décadas; los días parecen levemente nublados, pero en realidad es el vapor y gas tóxico que emanan de las casi veinte industrias que terminaron por destruir la bahía de Quintero. Este es el escenario en el que se encuentra un lugar que originalmente era un gran atractivo vacacional, rica en pesca y en agricultura, menoscabada tras la instalación de la primera termoeléctrica y fundición estatal en Ventanas. La creación de este polo industrial, que ha crecido en sus décadas de funcionamiento, significó una importante fase de desarrollo, hoy anulada por una serie de desastres medioambientales.
A comienzos de los 90, tras declarar que la zona se encontraba saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado respirable, se hizo el primer intento por rescatarla, con la creación de un plan de descontaminación. Sin embargo, el proceso de revisión de dicho proyecto no inició hasta el 2011; mismo año en que se dieron a conocer los episodios de convulsiones, vómitos y desmayos de la escuela La Greda, ubicada a 600 metros de una termoeléctrica. ¿La solución? Paradójicamente esta tuvo que cerrar, tras cuatro generaciones de exalumnos que alojaban en sus recuerdos un abandonado establecimiento con restos de hollín.
Un par de derrames de petróleo y otros cuantos más que no se supieron, y decenas de alzas de emisiones de dióxido de azufre y otros incidentes ambientales, han sido la tónica en esta zona de “sacrificio”. Considerando esto, el cierre de la anacrónica fundición de Ventanas -que obliga a Codelco a fundir subsidiariamente a grandes fortunas disfrazadas de pirquineros- es una señal poderosa. Así, no es de extrañarse que el Ejecutivo, interesadamente, quisiera sumarse por medio de la intromisión en la decisión del gobierno corporativo, otorgándose la responsabilidad de que “ningún trabajador se quedará sin empleo”. En lo que el gobierno sí debe tener injerencia, es en el diseño de un plan de progreso que determine construir una nueva fundición de mayor capacidad, que cumpla con los más altos estándares internacionales, ubicada en una zona que no esté saturada, como ya lo está Puchuncaví.
Sorprende que conociendo la larga trayectoria que tiene el “accidente” ambiental en Quintero-Puchuncaví, estemos tan en pañales. Un informe que emitió recientemente la Contraloría, respecto de por qué la gestión ambiental no ha permitido dar solución al desastre, obtiene conclusiones preocupantes: tenemos un orden regulatorio insuficiente para los contaminantes, pues no hay estándares para el suelo ni para algunos contaminantes del aire; se desconoce la cantidad de gases producidos por cada empresa de la zona; y la descoordinación estatal ofrece un futuro poco esperanzador. Son muchos los desafíos para rescatar a lo que muchos califican como el “Chernóbil chileno”. Ojalá que, a diferencia de ese catastrófico hecho, seamos capaces de lograr una transición socio-ecológica justa, parar detener un desastre que ha ido destruyendo lentamente todo a su paso.
