Entrevista al abogado e investigador del CEP, Lucas Sierra.
Lucas Sierra es un escéptico de los resultados de la Convención Constitucional. Más allá de las críticas que se han levantado contra el proceso, lo suyo es más bien una cuestión de principios: desde hace años, cuando la fiebre constitucional se apoderó del debate público, este investigador del CEP, académico de la U.
De Chile, posgraduado en Yale y Cambridge, advierte que creer en un gran bautismo constitucional “es una ilusión políticamente peligrosa” («El Mercurio», 2016). Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores (creado por la presidenta Bachelet en 2015 para supervisar los “diálogos ciudadanos” de su malogrado proceso constitucional) y editor de varios textos sobre el tema (el último «Diez miradas sobre el sistema de gobierno»), apunta a que los principales problemas que tiene la Convención son las pocas atribuciones que tendrá la Comisión de Armonización para arreglar el texto; la falta de tiempo y el exceso de palabrería.
Este último es un tema que lo obsesiona. En medio de esta conservación se da el trabajo de leer los principios a los que debe someterse la Administración Pública (norma incluida en el borrador de la propuesta constitucional): “juricidad, publicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, buen trato y primacía del interés general. Cuando tienes 12 adjetivos calificativos para una institución, las posibilidades de desafiar eso son infinitas y se abre un espacio a la judicialización futura muy grande, que va a generar problemas no sólo para la certeza jurídica sino que también para la democracia”, explica el abogado.
—Siempre dijiste que la Constitución debía ser lo “más parca posible para dejar jugar a la política”. Es claro que ya no será una propuesta escueta, llevamos más de 240 artículos.
El sistema jurídico se mueve de la ley hacia abajo, fíjate lo que nos pasó con la pandemia: claro, la Constitución fue importante para la declaración del Estado de Emergencia, pero lo que nos dejó dentro de la casa era un código sanitario, una ley que venía de los años 30″ para colmo. Hoy se piensa que lo que no está en la Constitución no existe y eso es una manera políticamente viciosa de pensar. Vamos hacia una Constitución llena de palabras, llena de adjetivos. Me acuerdo siempre de Vicente Huidobro y su frase de que “el adjetivo que no da vida, mata”. Toda esta cantidad de palabras, de verborrea, de principios, va a ir matando la operación del sistema jurídico.
—¿La Comisión de Armonización debe tener más atribuciones para ver el texto final?
Debió diseñarse un mecanismo que empezara a trabajar junto con la Convención. Una alternativa hubiese sido la Secretaría Técnica y es sorprendente su papel irrelevante. Ha ayudando en la confección de los cronogramas, pero no se transformó en un mecanismo técnico para asesorar a los convencionales. Eso hubiese ayudado a reducir la especie de Torre de Babel que a veces uno encuentra en la discusión de los convencionales. ¿Cuál fue el sustituto? Los famosos Enlaces de transversalización, que tienen un nombre tan largo como inútil demostraron ser y que tenían por función, desde las distintas comisiones, ver cómo se estaba avanzando en materias de enfoque socio-ecológico, género, plurinacionalidad, etc. Ahí hay una carencia importante que se tratará de suplir por la Comisión de Armonización, que tiene poco tiempo. Sus facultades son escasas, puede apuntar ciertas incoherencias, pero no será una instancia que corrija sobre el texto.
—¿Y la calidad técnica del texto? Si bien se daba por hecho que no todos los convencionales eran expertos, uno confiaba en que las asesorías disimularían esas deficiencias, cosa que no ha ocurrido en muchos casos.
Desde el CEP hemos insistido en la importancia de la Secretaria Técnica porque una manera de “hacer hablar” a los convencionales dentro de un borde más o menos común, era una asesoría al estilo de la Biblioteca del Congreso. Se eligió un camino inverso, donde se reproduce una atomización entre los asesores de cada convencional. En ese contexto, ¿era razonable haberle pedido demasiada calidad al texto? Estamos apostando a que la Comisión de Armonización pueda arreglar la cosa.
Desde el punto de vista técnico depende mucho de las comisiones: hay comisiones que me ha llamado la atención la mala redacción, muy débil, deficitaria, llena de tensiones entre términos que se usan de distintas maneras dentro de un texto o que abren interpretaciones distintas incluso dentro de los mismos párrafos, entonces hay un trabajo enorme para la Comisión de Armonización. Lo que me ha impresionado de la Convención es su carácter principista y eso se ve en la obsesión por los principios y el exceso de adjetivos con que se califica todo.
El sistema político será un “bicameralismo asimétrico”, pero ¿ qué se puede mejorar de la propuesta?
Es curioso, ¿no? Se decía que la Comisión de Sistema de Gobierno iba a ser la “joya” de la Convención, porque ahí había un alto capital humano, y han tenido enormes problemas para producir algo que sea consistente. Yo soy parlamentarista, pero se ve que el “Peso de la Noche” es inamovible, es impresionante la poca oportunidad que se le dio y ahora, estamos ante una fórmula intermedia que es complicada. Si tenemos un régimen presidencial, hay que contar con dos cámaras. Si tú le das pocas atribuciones a esa cámara vas a tener las dificultades que tiene el Presidente Boric o las que tuvo el Presidente Piñera, es decir presidencias de minorías. Se ha dicho que el régimen al que vamos nos va a llevar a unas tiranías de mayorías y yo tengo dudas: si mantenemos un sistema más o menos unicameral con una segunda cámara muy débil, vamos a tener un problema de ingobernabilidad. Estamos en un zapato chino.
—¿ Se le deben entregar más atribuciones a la segunda cámara entonces?
Si tenemos un régimen presidencial, deberíamos tener una segunda cámara que tenga un peso más importante en el proceso legislativo. La segunda cámara es importante para incorporar la visión de “todo el país”, un complemento a lo que produce una cámara escencialmente política y de representación demográfica como lo es la Cámara Baja. Ahora, todo el régimen político y la gobernabilidad está en suspenso porque según cómo queden las relaciones entre el Poder Legislativo, cualquiera sea, y el Presidente, vamos a tener que mirar el ecosistema institucional. Están quedando una cantidad de órganos autónomos enorme, lo que encuentro que es una locura, entonces ¿ qué Presidente vamos a tener? Mi problema es que vamos a tener una presidencia que va a ofrecer pocas garantías de gobernabilidad.
—¿ Qué te han precido las reformas al sistema de justicia?
El Consejo de la Justicia no es una buena solución. Creo que tiene dos problemas: primero, su integración tiene muchos jueces. Posee 17 miembros, ocho de los cuales son elegidos por los jueces, más otros dos por los funcionarios judiciales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un consejo altamente corporativo. Yo no sé que tienen que hacer los funcionarios judiciales ahí. Está bien haber reformado el conjunto enorme de facultades distintas a juzgar que tenía la Corte Suprema, pero la solución no es buena. Y está también la competencia de evaluar a los jueces cada cinco años, aún cuando quedó excluido lo de revisar los fallos. Pero, ¿qué vas a evaluar? Esa evaluación es una puerta que se abre para presionar a los jueces y no hay para qué abrirla.
Hay una especie de talismán en la Convención: la ADP”
—También hay críticas respecto a los nombramientos del Banco Central.
Hay una especie de talismán en la Convención: la Alta Dirección Pública (ADP). Es divertido, con todo lo iconoclasta que la Convención ha sido con otros poderes, mete a la ADP para todo. Ahora la están metiendo para los consejeros del Banco Central. Lo que subyace en eso es un vicio parecido al de la Constitución de 1980: una profunda desconfianza en la política y esta obsesión por la ADP, que se ha propuesto para elaborar las listas de la futura Corte Constitucional o del Consejo de la Justicia, es parte de ello. Hoy la ADP no da abasto para eso, habrá que transformarla en un súper poder ya que participará en la selección de las autoridades de buena parte del Estado.
Yo pregunto con qué responsabilidad política lo hará si es un órgano autónomo constitucional? Estas propuestas me parecen muy incorrectas para el futuro de la democracia.
¿Está bien haber dejado a una ley los límites que tendrán los tribunales para los pueblos originarios?
Se ha ido puliendo la propuesta original y hay una idea de que sea la Corte Suprema la que uniforme jurisprudencia. el punto es ¿ cuáles son los derechos? Yo entiendo que algunos pueblos tienen tradiciones y costumbres jurídicas pero, y aquí hablo desde de la curiosidad enorme que me produce: ¿ cuál será el derecho chango? Ahí va a existir un proceso de rescate del pasado, medio arquelógico, pero también un proceso de invención académica de derechos. ¿Cuáles serán esos ordenamientos jurídicos a luz de los cuales se va a juzgar?, ¿Cuáles son esos derechos ancestrales para resolver problemas entre vecinos o problemas penales?.
—La convencional Tammy Pustilnick decía que “seguiremos siendo un país único e indivisible”.
¿Si hay riesgos de secesión? No creo, pero es una intuición. El problema con la plurinacionalidad es otro: un proceso constituyente no puede ser el lugar donde se cobren cuentas pasadas. Pero este alegato del pasado, que probablemente en muchos casos sea cierto, ha venido a ser puesto en la Convención y se ha tratado de compensar, consciente o inconscientemente, una cierta deuda en un diseño de un marco normativo que se proyecta a 50 años. Es como el sustituto de un tribunal que no hemos tenido. Eso ha generado harto ruido y si tú ves, en todos los órganos que la Convención creó la representación indígena se aumentó. En la Comisión de Armonización, en vez de tener el 11%, tendrán el 17,5 %.
Jaime Bassa dijo que “si gana el rechazo vamos tener una crisis política y social importante”.
¿Será tan así? —Sería una increíble pérdida de tiempo y recursos. Pero en absoluto se provocaría una crisis, no hay ninguna razón para pensar eso. En el CEP venimos preguntando hace años a qué se deben dedicar las autoridades y sistemáticamente la Constitución ocupa los últimos lugares de la lista. Pero de repente vino el estallido, vinieron infinitas demandas y como no hubo política ni liderazgo, la solución fue una nueva Constitución. Yo no sé hasta qué punto hubo algo de artificialidad en el énfasis constituyente por la situación en la que nos encontramos a partir del 18-0.
—Bueno, uno tiene la sensación de que fuera de las élites, hay poco interés en el proceso.
A lo mejor las personas pensaron que la Constitución les iba a arreglar sus problemas más inmediatos. Pero la Constitución no va hacer eso. Es un marco que queda lejos de la vida cotidiana, la solución a los problemas de la gente son las leyes y los reglamentos.
—¿ Qué hacer si gana el rechazo?
Habría que esperar un tiempo y lo que se podría hacer es que las elecciones de 2025 fueran constituyentes. Una alternativa que no me parece completamente descartable es que los poderes colegisladores se pongan las pilas y saquen las reformas en pensiones, salud y tributaria, ahí podría bajar la presión constituyente.
