El abogado Franco Brzovic, en una carta en que discrepa de nuestra columna «Crisis de la política en perspectiva comparada», señala que la encuesta citada «fue realizada antes de 2014». Tal como señalamos en la columna, la encuesta fue aplicada en Chile en noviembre de 2014, cuando el caso Penta ya era público y se conocía a sus involucrados.
La encuesta se aplicó en los 45 países miembros de ISSP en 2014, y por eso no es posible evaluar un potencial deterioro de la posición relativa de Chile durante 2015, año en que se iniciaron la mayoría de las investigaciones por financiamiento ilegal de la política que hoy conocemos. Sin embargo, el CEP siguió aplicando en Chile algunas de esas preguntas, que permitirían evaluar parcialmente esta afirmación. Por ejemplo, el CEP aplicó en noviembre de 2014 y abril y agosto 2015 la pregunta «¿Qué tan extendida piensa usted que está la corrupción en el servicio público de Chile?», cuya escala de respuesta tiene cinco opciones que van desde «Casi nadie está involucrado» hasta «Casi todas las personas están involucradas». El promedio de respuestas a esta pregunta fue 3,5 en noviembre 2014, 3,7 en abril 2015 y 3,8 en agosto 2015. Esto significa que los chilenos perciben más corrupción en agosto 2015 que en noviembre 2014, pero tal variación no es significativa en términos estadísticos. Por lo tanto, de haber un deterioro de la posición relativa de Chile, este tendría su origen en posibles mejoras en las percepciones de otros países, y no por un empeoramiento de las mismas en nuestro país.
Por último, los datos que derivan de las encuestas, en general, admiten distintas interpretaciones, producto de la propia subjetividad de los analistas. Por supuesto, ello en ningún caso contribuiría a invalidar la encuesta como tal. La validez de una encuesta, desde una perspectiva «racional» y «objetiva», se juzga de acuerdo a la rigurosidad de su metodología, la confiabilidad de su método de entrevistas y la transparencia con que se manejan sus resultados y procedimientos.
