La situación actual demanda actuar con cautela y agilidad, evitando cualquier cambio abrupto, ya que, sin exageración, errores de cálculo pueden costar la vida a las personas.
¿Podré pagar la cuenta médica en caso de tener una enfermedad grave? Esta es la pregunta que genera temor en más de un 80% de los chilenos, solo superado por el miedo a la muerte de un familiar (Encuesta Bicentenario 2020). No importa si la persona está en Fonasa o Isapre, la sensación de desprotección se mantiene. “No puedo esperar más de un año para la cirugía” piensa la persona en el asegurador público; “suben los precios y cada vez soy menos conveniente para la Isapre” sospecha el usuario de un ente privado.
Hay consenso en que nuestro sistema de salud necesita cambios medulares. A pesar de las mejoras que experimentó en la década antepasada, el país no ha logrado generar un marco institucional que regule de manera efectiva la acción de los privados, así como su integración al sistema en general. Junto con ello, existen importantes falencias en el Fonasa. Su actual organización se ve afectada por los ciclos políticos y carece de las atribuciones de gestión necesarias para desempeñarse como una verdadera aseguradora, además de los desafíos netamente de gestión (CEP 2020).
Esta situación se ve reflejada en la demanda de la población por una mayor protección financiera y en los bajos niveles comparados de satisfacción de los usuarios del sistema de salud (OCDE 2021). A pesar de los relevantes aumentos del presupuesto público en salud de los últimos años, el gasto de bolsillo de los hogares no ha cedido, el tercero más grande entre los países de la OCDE. En el sector público, una de las principales falencias son las listas de espera, que incluye incluso a las patologías garantizadas. Actualmente el sistema estatal cuenta con aproximadamente dos millones de consultas de especialidad y más de 300 mil cirugías en espera. Por otra parte, en el sector privado la problemática se relaciona con los aumentos de precios y los incentivos a la selección y segmentación que genera esta regulación.
La situación de crisis de las Isapres viene a introducir mayor incertidumbre y presión al régimen actual. Esta se deriva de las consecuencias de la pandemia y de la profunda judicialización de nuestro sistema de salud. En su último y bullado fallo, la Corte Suprema demandó que se transite a la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud de 2019. Lo anterior implica menores precios en los planes que no estaban ajustados, así como la restitución de cualquier excedente cobrado a los afiliados desde ese año. También estableció que no debía cobrarse por niños menores de dos años. Esta sentencia no ha estado exenta de críticas por el alcance general de su demanda y su incidencia en la política pública, que viene a radicalizar un fenómeno de judicialización preocupante que ya se venía observando.
Se esperaba que la “Ley Corta” que presentaría el ejecutivo, junto con acatar el fallo, daría la necesaria sostenibilidad operativa a las Isapres, y de paso a todo el sistema, y así evitar un cambio abrupto con consecuencias insospechadas. Sin embargo, el proyecto presentado dista de ofrecer una solución al problema y parece ir más en la línea de sacar provecho de esta delicada situación para avanzar en las promesas de campaña.
Mientras no se resuelvan las deficiencias que tiene el Fonasa, difícilmente podrá hacerse cargo de nuevos usuarios. Tampoco los recursos extras que recibiría el ente estatal serían sustanciales, incluso en el caso en que ya no existan las Isapres. En efecto, si se excluyen la cotización adicional y cerca del tercio que corresponde a licencias médicas, los ingresos del Fonasa aumentarían en menos de un 15%. Dicho de otro modo, este incremento es menor al que tiene su presupuesto en dos años, considerando el crecimiento promedio en la última década. En ese periodo, mientras el ingreso total del Fonasa casi se duplicó, los problemas de oportunidad en la atención médica no han mejorado y la satisfacción de sus usuarios incluso muestra una tendencia a la baja.
Sin duda nuestro sistema de salud requiere de importantes reformas, que nos permitan transitar a un esquema de plan único universal donde el riesgo sea compartido por todos. Para ello se requiere de acuerdos políticos amplios, que entreguen un norte y un camino definido a recorrer. La reciente apertura del Presidente Gabriel Boric a buscar nuevas alternativas abre una puerta para sortear la primera etapa de esta crisis. La situación actual demanda actuar con cautela y agilidad, evitando cualquier cambio abrupto, ya que, sin exageración, errores de cálculo pueden costar la vida a las personas.
