Si no se resuelve prontamente la amenaza al orden público, se corre el riesgo de abrir la puerta a soluciones autoritarias y propiciar liderazgos populistas que no abordan el problema en su real complejidad.
La seguridad y el orden público son fundamentales para el desarrollo armónico de la sociedad. En el contexto de la crisis actual, es tal la importancia que tiene la criminalidad para la ciudadanía, que todos los otros temas pierden relevancia frente a ella. En la última Encuesta CEP, dada a conocer a principios de este año, la demanda por más salud y mejores pensiones no llegaba ni a la mitad del clamor por más seguridad. En efecto, el 60% de los chilenos indicaban que la delincuencia, los asaltos y los robos eran los temas de mayor preocupación y que deberían ser prioridad del Gobierno.
A nivel nacional, se observa un aumento significativo en los actos delictuales con respecto al año 2021. Al considerar tanto las denuncias como las detenciones flagrantes informadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones, en el año 2022, los delitos de mayor connotación social aumentaron en un 45% respecto del año anterior. Junto con ello, nos encontramos con cifras históricas de crímenes violentos, con un triste promedio de 3 homicidios y 13 violaciones por día. Se suma a lo anterior que estos delitos se asocian cada vez más al crimen organizado, con mayores niveles de crueldad, violencia y uso de armas de fuego.
Sin embargo, estas cifras esconden una profunda variación territorial. Las dos regiones en que más aumentaron los delitos de mayor connotación social son Atacama y Arica y Parinacota, con un incremento de cerca del 60%. De hecho, esta última región es la única con índices de delito superiores a los niveles prepandemia. Con esto, las tasas de crímenes en la macrozona norte llegan a cerca de 3 mil casos por cada 100 mil habitantes, alrededor de un 20% más que el promedio del país.
Al profundizar en algunos crímenes violentos las estadísticas son incluso más preocupantes. Respecto a la situación prepandemia, a pesar de que la macrozona norte evidencia un aumento relevante en el número de homicidios, donde más crece este tipo de delito es en la macrozona centro (Coquimbo y Valparaíso), con un incremento mayor al 100%. Causa inquietud que el número de detenciones relacionadas con los homicidios no haya experimentado un aumento similar y que, incluso, se encuentre por debajo del nivel de 2019. Lo anterior nos entrega indicios del cambio en la naturaleza de este delito, con una mayor proporción de imputados desconocidos, asociados posiblemente al crimen organizado.
Lo anterior es evidencia que tanto la delincuencia como sus efectos están desigualmente distribuidos en el país. Por esta razón, las políticas para enfrentar esta crisis deben incorporar una mirada territorial a riesgo de no ser efectivas. Es necesario considerar no solo los impactos directos que tiene la delincuencia, como una mayor necesidad en prevención o persecución penal, sino también las consecuencias indirectas e intangibles. En efecto, el impacto en el bienestar y salud mental de la población, la disminución de la confianza y cohesión social, el desincentivo a la inversión y la menor productividad de las empresas, pueden tener consecuencias relevantes y de largo plazo en las comunidades.
Ante esta situación no es de extrañar que la ciudadanía esté demandando con urgencia mayor protección al Gobierno. Ya decía Thomas Hobbes, filósofo del siglo XVII, que el rol principal del Estado es proveer seguridad y orden, sin los cuales es imposible el desarrollo y la vida en sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo es inquietante observar la disminución de la valoración de la democracia por parte de la ciudadanía y el aumento de aquellos que indican que un régimen autoritario puede ser preferible (CEP, 2022).
Si no se resuelve prontamente la amenaza al orden público, se corre el riesgo de abrir la puerta a soluciones autoritarias y propiciar liderazgos populistas que no abordan el problema en su real complejidad. Los enormes recursos anunciados por el Gobierno para atacar este dilema son bienvenidos, pero para asegurar su efectividad, el diseño de la política debe tener una mirada integral y multisectorial, que tome en cuenta las distintas realidades territoriales. Pero por sobre todo, debe incluir el establecimiento de metas junto a un sistema de monitoreo y evaluación, de manera que permita la rendición de cuentas, especialmente a la ciudadanía en las zonas más afectadas.
