(…) parece necesario ajustar la estrategia de transición de la reforma, al mismo tiempo que avanzamos en la tan anhelada modernización del Estado.
La reforma de pensiones planteada por el Gobierno es ambiciosa pero necesaria. Junto con aumentar tanto el monto como la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), introduce cambios sustanciales en el pilar contributivo. El proyecto mantiene el sistema de capitalización individual y lo complementa con un seguro social que será financiado con una cotización adicional, que impactará a las actuales y a las futuras generaciones. Junto con ello, crea una nueva estructura institucional, cambiando de manera relevante los actores, roles y el marco regulatorio, donde el Estado pasa a tener un rol preponderante. A continuación, indicamos los cuatro nudos críticos que a nuestro juicio deben resolverse.
1. La reforma plantea una cotización adicional del 6%, la que se destinará a un nuevo fondo colectivo. Las cotizaciones se registrarán en cuentas nocionales que financiarán tanto los derechos de pensión, según los registros de cada trabajador, como los beneficios inter e intrageneracionales. Dado que con este fondo deberán pagarse los beneficios a los actuales jubilados, este entregará una menor rentabilidad a los futuros pensionados en comparación con las cuentas de capitalización individual.
Dependiendo de la diferencia de rentabilidad, ese impacto puede incluso revertir el efecto del factor de solidaridad que beneficia a los cotizantes con salarios bajo el promedio. Reconociendo el imperativo de aumentar las pensiones de los actuales jubilados y considerando el incremento propuesto de la PGU, se hace indispensable la discusión respecto de cuántos puntos de la cotización son suficientes para las transferencias intergeneracionales y complementos, asegurando la sustentabilidad del fondo. De esta forma, el resto de la cotización podrá aprovechar la mayor rentabilidad que ofrece el mercado de capitales y, al mismo tiempo, fortalecer la relación entre cotización y beneficios, disminuyendo así el impacto en el empleo formal (Banco Central, 2017).
2. La reforma creará un Administrador Previsional Autónomo (APA), sucesor del IPS, y el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), ambas entidades autónomas con consejo propio. La independencia —en distintas dimensiones y niveles— es una característica deseable que busca que las directrices en pensiones estén desvinculadas de la toma de decisiones de las autoridades políticas electas. ¿Son suficientes las garantías del proyecto de ley? No, pues la autonomía “etiquetada” pierde fuerza cuando el nombramiento de las autoridades no queda suficientemente protegido del ciclo político, cuando existen procesos de rendición de cuentas frente al gobierno de turno, y cuando las modificaciones a la autonomía de los entes solo requieren de mayoría en el Congreso. Es fundamental que el proyecto fortalezca la autonomía, en pos de evitar el clientelismo político y la falta de profesionalismo, en favor de asegurar una operación adecuada y eficiente bajo el marco regulatorio propuesto.
3. Adicionalmente, el IPPA ingresará al mercado de capitales, ya que estará a cargo de las inversiones del seguro social y de los fondos de capitalización individual de las personas que no elijan explícitamente cambiarse a un inversor privado. De esta forma, el Estado concentrará una relevante proporción de los recursos. Asumiendo, conservadoramente, que la mitad de las cotizaciones se realizarán en el IPPA, se puede proyectar que el Estado administrará fondos por un monto cercano a dos tercios del PIB, incluyendo el fondo colectivo en régimen. Es clave avanzar en acciones que otorguen blindaje político a esta institución, que velen por aumentar la competencia en la gestión de las inversiones de cuentas individuales y que atenúen los efectos indeseados en el mercado de capitales.
4. Por último, el plan de la transición es casi tan importante como el diseño del nuevo sistema de pensiones. Como botón de muestra, en Chile hay cerca de diez millones de afiliados, de los cuales más de la mitad cotizan mensualmente. Basta imaginar la cantidad de transacciones y contactos —tanto digitales como presenciales— que se dan a diario. Solo para tener una idea, son cerca de dos millones de pensionados que recurren, mes a mes, en busca de sus pensiones. La reforma plantea plazos acotados para la implementación de la nueva estructura estatal, traspasando tareas que hoy realizan las AFP, con décadas de experiencia y sistemas muy especializados, a un Estado que adolece de ineficiencia. Para no afectar los niveles de servicio y expectativas de la ciudadanía, parece necesario ajustar la estrategia de transición de la reforma, al mismo tiempo que avanzamos en la tan anhelada modernización del Estado.
