El exceso de desigualdad es un mal. Está asociado con la falta de movilidad social y la ausencia de igualdad de oportunidades; dificulta el crecimiento económico y la superación de la pobreza.
Por eso, la desigualdad importa. Y en Chile, ésta es muy alta.
Así, hay amplio consenso sobre que la política pública debe intentar reducirla. Pero no siempre, ni a cualquier costo. Primero, hay desigualdad buena. Por ejemplo, para promover el emprendimiento. Segundo, hay desigualdad mala, pero inevitable. Y lo que no se puede resolver, en el mundo de las políticas no existe.
Además, el cómo importa: la desigualdad puede ser reducida, como en Europa, a través de transferencias monetarias desde el Estado, o mediante mejoras en el mercado laboral. Las transferencias tienen efecto inmediato, pero no son autosustentables y requieren importantes recursos fiscales. Esto exige recaudar más y plantea la discusión sobre el efecto de los impuestos en el crecimiento económico.
Las políticas que perfeccionan el mercado laboral, por su parte, tienen un impacto permanente, aunque requieren tiempo para manifestarse. En consecuencia, el diagnóstico y el tipo de política son clave en esta discusión.
Los hechos para Chile son de dulce y de agraz: los indicadores tradicionales de desigualdad nos ubican en el último lugar entre los países de la OCDE; la trayectoria reciente, sin embargo, es más alentadora. Durante los últimos años, la desigualdad se estaría reduciendo.
Por ejemplo, un estudio de Harald Beyer publicado en el Centro de Estudios Públicos, que utiliza la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, encuentra que, entre 2010 y 2013, la razón entre el ingreso autónomo per cápita del decil de hogares de más altos ingresos y aquel del decil de más bajos ingresos se redujo de 22,1 a 18,9 veces y el coeficiente de Gini, considerando sólo los ingresos autónomos, de 0,468 a 0,441. La explicación radica en el buen desempeño que ha tenido el mercado laboral.
Esta evidencia justifica la necesidad de una reforma laboral y de una educacional. Pero otra cosa son los detalles. Las prioridades, en esta materia, se asocian con cantidad y con calidad. Para lo primero, es necesario promover una mayor participación femenina, especialmente en los estratos más pobres; para lo segundo, mejorar la calidad de la educación. Estas políticas laborales y educativas, de paso, no solo ayudan a la desigualdad, también reducen la pobreza.
Con todo, el gran desafío de nuestro país en el ámbito de las reformas en curso es que su diseño permita mejorar la desigualdad, a la vez que promueva el crecimiento, gracias a un aumento en el empleo y su productividad.
Lo que conocemos de estas reformas avanza en esa dirección, pero sólo tímidamente. En el caso de la reforma laboral el foco está enfortalecer la sindicalización, y se intenta favorecer la contratación de mujeres ampliando las materias negociables al incorporar al proceso la jornada. Flexibilizar la distribución de horas semanales reducirá las barreras que enfrentan las mujeres. Pero el mecanismo definido se queda corto.
La reforma educacional, por último, ha priorizado temas ideológicos, postergando la calidad en los niveles primario y secundario para una segunda etapa. Habrá que esperar para atacar decididamente la desigualdad.
