A la Universidad Católica se la quiere afectar, se le tienen ganas, no solo por su raíz religiosa, sino porque en el curso de su evolución logró un éxito formidable.
El debate sobre el aborto no podía circunscribirse. Se encuentra en el medio de los monumentales cambios en la apreciación moral -aunque no necesariamente en su práctica- que la modernidad trajo sobre el sexo. En Chile se volvió a intensificar por el despertar súbito del llamado abuso sexual y por la redefinición de sectores políticos que apoyan al actual gobierno. Esto va a seguir y es parte, por lo demás, de una búsqueda de todos acerca de lo que somos, de nosotros mismos.
Ese es el marco donde debe pensarse el problema del protocolo sobre aborto y la obligación que tendrían o no las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado, en caso de presentarse una causal de aborto prevista por la ley. La discusión tiene una piedra de tope en la Universidad Católica. En una interpretación extrema de la letra de la ley, si uno de sus establecimientos ejerce el derecho a objeción de conciencia, se le negarían fondos públicos para atender pacientes de ginecología -que va mucho más allá del aborto-, afectando a considerables capas de la población. Supongo que importaría a quienes pretenden que la objeción de conciencia institucional acarree ese castigo a pacientes y a ciudadanos. La exigencia, a tenor de algunas encuestas, es popular, lo que no quiere decir que sea legítima. ¿Si el antisemitismo fuera popular (como lo fue en muchas partes y todavía en algunas regiones del mundo quedan resabios persistentes), sería entonces legítimo? El debate sobre el aborto es de otra raigambre, pero tampoco el people meter puede ser concluyente en decisiones de envergadura, ya sea institucionales o de valores.
Esa mayoría no parece percibir que la furibunda demanda surge de un oscuro resentimiento y también de cierta furia reciente. Por una parte, contra la Iglesia, por la crisis actual y cierta malicia al verla postrada, sobre todo en algunos sectores malagradecidos, mala leche. Pariente de esta vehemencia es el afán de querer afectar a la Universidad Católica. Se le tienen ganas, no solo por su raíz religiosa (la pugna con el laicismo tradicional pasó hace rato a la historia), sino porque en el curso de su evolución logró un éxito formidable, hasta ser evaluada como un centro de estudios de excelencia a nivel latinoamericano. Ello atrae aplausos e iras soterradas. Es una institución que, al catalogarla de «privada», se la describe de manera muy incompleta, porque de ella ha emanado una energía profesional e intelectual que ha sido parte de la vida pública del país y del mismo Estado, en un sentido amplio de este. Es justamente la función que ahora se pretende coartar.
Al tema en cuestión, el aborto, se le trata como si fuera la abolición de la esclavitud, que obviamente debía ser de ejecución instantánea. El aborto en cambio es un tema de debate que se refiere a otra dimensión de la existencia. No terminará con esta ley ni con las que vengan (los que impulsaron la actual legislación en su inmensa mayoría apoyan el aborto libre), sino que se extenderá en el futuro, y se vincula pero no se agota en los derechos de la mujer, puesto que hay un tercero incluido. La ciencia jamás podrá asegurarnos con certidumbre cuándo comienza la vida humana; fijar ese inicio depende de apreciaciones ilustradas combinadas con convicciones morales y espirituales, lo que ahora se pretende definir con un simple e iluso silogismo.
Así como en algunos temas de relaciones internacionales se pide «política de Estado», en estos asuntos debería haber libertad de parecer, tanto personal como institucional. Lo mismo en el Congreso, ya que los pareceres y creencias cruzan a gobiernistas y opositores. Es lo mínimo en una sociedad civilizada.
