Solo entre noviembre y enero, se abrirán dos nuevas vacantes en la Corte Suprema, dos en el Tribunal Constitucional, una en el Banco Central, una en el Consejo para la Transparencia y la de Contralor General de la República.
Desde 2019, el frenesí constituyente ha llevado a descuidar muchos temas importantes. Esta desatención es aún más notoria cuando no existe una presión ciudadana que movilice a nuestra clase política, como ocurre con la creciente demora en suplir las vacantes que se producen en instituciones que son centrales para mantener los equilibrios democráticos.
Hace más de un año y medio que permanecen sin llenarse dos vacantes en el Tribunal Constitucional, mientras que en la Corte Suprema también existe una hace casi un año y en agosto se abrió la de su fiscal judicial. De igual manera, en febrero debería haberse efectuado la nominación presidencial para el consejo del Servicio Electoral y en marzo para el Consejo para la Transparencia.
Este escenario de sillas vacías tiene como telón de fondo una clase política marcadamente incapaz de alcanzar acuerdos para poder suplirlas, aún a pesar de existir profesionales con sobradas competencias para asumir tales desafíos. El cargo de fiscal nacional solo pudo ser ratificado en enero luego de tres caóticas votaciones en el Senado y en julio se retiró la nominación a la Corte Suprema de una destacada jueza. Todavía peor, aún no se han realizado nominaciones para el Tribunal Constitucional luego de que en junio el Senado rechazara por segunda vez la propuesta de la Cámara de Diputados, en la que se sometió a ratificación a dos respetados académicos.
Bien podría argumentarse que este fenómeno no es nuevo en nuestro país. Por ejemplo, en 2006 y 2015 se rechazaron las nominaciones para la Contraloría, como también esporádicamente han fracasado algunas ratificaciones para la Corte Suprema (la última de ellas en 2020).
Pero incluso si se acepta esta prevención, existen razones para no desestimar este problema. La ausencia de una propuesta constitucional de consenso permite anticipar que, cualquiera sea el desenlace del plebiscito de diciembre, solo podrá esperarse una creciente polarización política que dificultará cualquier acuerdo en la materia. Esto se produce además en un complejo escenario de corto plazo, ya que en los próximos meses se producirá un importante número de vacantes. Solo entre noviembre y enero, se abrirán dos nuevas en la Corte Suprema, dos en el Tribunal Constitucional, una en el Banco Central, una en el Consejo para la Transparencia y la de Contralor General de la República. Pocos meses después, se producirán en medio de las elecciones municipales otras dos en el Tribunal Constitucional y una en la Corte Suprema.
Este fenómeno parece además reproducirse en varias democracias latinoamericanas. En algunos casos, el problema responde a presidentes que han aprovechado las vacantes para desarticular contrapesos constitucionales cuando tales instituciones han opuesto resistencia a sus agendas populistas o autocráticas. Así lo evidencia el caso mexicano, en el que el presidente López Obrador ha procurado impedir el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos luego de sus recriminaciones a los abusos en seguridad pública. En otros casos, se produce por la desidia de la clase política, como sugiere el caso argentino, en el que el cargo de Defensor del Pueblo se encuentra vacante desde 2009, el de Procurador General desde 2017 y el de uno de los jueces de la Corte Suprema desde 2021.
Lo importante de resaltar de la experiencia comparada es que, cualquiera sea la razón por la cual tales vacantes se producen, sus consecuencias pueden ser las mismas: contribuir a una erosión democrática al debilitar los contrapesos institucionales sobre los que ésta se sostiene.
Todo esto debe servir como un llamado de alerta. Ante una clase política crecientemente incapaz de arbitrar sus propios conflictos o de ofrecer soluciones políticas a problemas institucionales, estas instituciones se vuelven cada vez más imprescindibles (un fenómeno que Mark Tushnet denomina debilitamiento democrático). Así al menos lo evidencian las recurrentes intervenciones de la Contraloría y el Ministerio Público en los cada vez más numerosos casos de corrupción o el rol de regulador sectorial que están cumpliendo la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en materia de salud.
De ahí que debamos ser conscientes de lo mucho que hay en juego en estos nombramientos, sobre todo porque abundan ejemplos en otros países que sugieren que, cuando los efectos de este problema sean percibibles, puede que sea muy tarde abordarlos sin que nuestra democracia deba pagar costos altísimos.
