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El socio incómodo

Leonidas Montes L..

El socio incómodo

«Hoy las dudas del PC pueden costarle —y costarnos— mucho más que hace tres años».

El PC, junto a otras fuerzas políticas de izquierda, no firmaron el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” de noviembre de 2019. En cambio, Gabriel Boric tomó un camino muy distinto. A contrapelo de su propio partido, decidió sumarse, asumir los costos y firmar. Su sentido de la responsabilidad republicana fue más importante.

Pero hoy el clima político y las fuerzas han cambiado. Esta vez, el PC no quiso o no pudo quedarse bajo la mesa y a regañadientes firmó el “Acuerdo por Chile” del 12 de diciembre. Al día siguiente, el partido salió a la palestra.

El martes 13 —efectivamente, para muchos en el PC fue un “martes 13”— el alcalde Daniel Jadue disparó primero: “persisten los fantasmas de la democracia tutelada y la medida de lo posible”, agregando que “faltó coraje y convicción”. En seguida, apareció el secretario general de la colectividad, Lautaro Carmona, apuntando que “es el costo de la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre, que hace que la derecha tenga capacidad de imponer, de presionar”. Adelantó que “viene una tarea muy dura, muy desafiante… no vamos a cejar jamás en batallar”. Pero fue pragmático y agregó que restarse del acuerdo “sería un error político de todos quienes hemos abrazado causas que son justas… Esta es una lucha justa en la cual hay que perseverar y no cansarse”. El PC bien sabe de “luchas justas”.

Ese mismo martes 13, el exconvencional Marcos Barraza declaró que el Acuerdo “es insuficiente en materia de estándares democráticos” e hizo un llamado “urgente a la reagrupación del movimiento social que asegure la instalación de demandas sociales que mejoren las condiciones de vida del pueblo”.

Desde el Congreso, fueron más cautos. Para el senador Daniel Núñez, el Acuerdo “no representa nuestras aspiraciones, nuestras demandas, nuestro sentido de lo que debe ser un proceso con una soberanía popular plena… pero es un costo necesario que hubo que pagar”. El miércoles 14, la senadora Claudia Pascual continuó con esa queja: “Este acuerdo nos permite seguir el proceso, pero, claro, no se puede decir que es mi ideal”. Y al día siguiente, fue el turno de la cuña de la diputada Karol Cariola: “Yo no estoy para nada de acuerdo con el acuerdo (…). No podemos decir que estamos felices”.

El sábado 17, el presidente del PC, Guillermo Teillier, salió a iluminar el camino hegeliano: “No se trata de avanzar en la medida de lo posible, sino que hacer lo posible por avanzar más, desde una posición hasta ahora desventajosa”. Y el domingo 18, nuevamente Pascual le echó otra mano a la honestidad: “Este no es un acuerdo que a mí me deje feliz… Pero este es el acuerdo que se pudo lograr”.

Ante las persistentes críticas de que el PC se había sumado al “avanzar en la medida de lo posible”, Teillier tuvo que volver a intervenir. Este lunes 19 remató que “no es esa la fórmula, sino que es avanzar lo más posible”. La dialéctica entró a la cancha. Inmediatamente Barraza dijo que ya había encontrado la fórmula: “en la mayoría de los 12 principios creo que es absolutamente disputable e interpretable el contenido de esos principios”. Por ejemplo, la libertad de enseñanza sería otra cosa. Y llamó a las fuerzas sociales a “retomar la iniciativa en términos de reagruparse y cumplir con el propósito que es presionar a esta nueva instancia constituyente, para que las demandas del pueblo queden debidamente plasmadas”.

El PC tiene 11 diputados, 2 senadores y 2 ministros. Es una fuerza política importante que ahora está anclada en el corazón de La Moneda. Aunque nada garantiza que respeten el Acuerdo o que sigan, como ha sido su historia, con un pie adentro y el otro afuera, el contexto es diferente. Hoy sus dudas pueden costarle —y costarnos— mucho más que hace tres años. El alma del PC seguirá buscando fórmulas con la mano izquierda en la hoz, pero con la otra en el poder.