El Mercurio, 30 de septiembre de 2016
Opinión

Elección de intendentes

Lucas Sierra I., Ricardo González T., Francisco Szederkenyi V..

Guillermo Pérez, Jaime Lindh y Juan Pablo Rodríguez han comentado una columna nuestra en que criticamos el debate en el Congreso sobre la elección de las autoridades regionales.

Ellos nos hacen tres críticas. La primera, relativa a la oportunidad. Para ellos, pensar como lo hacemos, que una materia como esta debería ser incluida en la anunciada discusión constitucional, sería desconocer la capacidad de introducir antes reformas parciales a la Constitución. Para nosotros, en cambio, significa tomarse en serio dos cosas: la descentralización y el debate constitucional. Todo indica que este abarcará no solo la forma de Estado y su descentralización, también la forma de gobierno, los órganos con autonomía constitucional y los pueblos indígenas, entre otras cosas. Todas ellas deben pensarse en conjunto, sistémicamente, porque están interrelacionadas. Una reforma parcial impedirá esa mirada sistémica.

La segunda crítica se refiere a nuestra idea de que se deberían definir primero las competencias y luego la forma de elección de las autoridades regionales. Señalan que el proyecto de ley sobre las competencias lleva cinco años en discusión, y que la reforma constitucional sobre elección, solo 18 meses, por lo que nuestra crítica sería «injusta». El tiempo transcurrido, sin embargo, parece reforzar nuestra tesis, no debilitarla. Ese proyecto de ley fue objeto de una indicación sustitutiva en 2015 y, hace poco, se acordó un «protocolo» al respecto. Y no hay definición todavía. Hay que lograrla y no parece evidente que discutir ambas iniciativas a la vez, como ellos señalan, pueda facilitar un acuerdo razonable sobre las competencias.

La tercera crítica se refiere al riesgo de cohabitación. En nuestra columna advertimos que la eficacia en el ejercicio del poder se reduce si un gobernador regional de oposición se enfrenta al delegado presidencial regional y a todos los jefes de servicio que, en su región, dependen de La Moneda. Este riesgo se multiplica si no hay una adecuada distribución de competencias. Ellos interpretan que nos preocupa «una acción gubernamental menos eficaz», lo que no sería «razón suficiente para detener el proceso descentralizador». Sin embargo, también nos preocupa la eficacia de los gobernadores regionales. Estos pueden ser ineficaces porque no se les dan competencias reales o porque estas quedan mal distribuidas con el gobierno central. Por esta razón, insistimos: tener claras y decididas las competencias primero y, luego, discutir la forma de elección de las autoridades.