Pase lo que pase, el lunes 5 de septiembre el país despertará dividido y polarizado. La pregunta es qué haremos para volver a creer en la política y cuál será el rol de los partidos en esa búsqueda.
Hace unos meses sugerí en este mismo espacio que ya no es posible dividir a los chilenos en el tradicional eje izquierda/derecha y que, por el contrario, el electorado tiende a moverse ahora por identidades y causas que poco o nada tienen que ver con las ideologías del siglo XX. Dichas causas son a veces “empujadas por partidos o movimientos que usualmente consideramos de izquierda, pero otras tantas por sectores clásicamente de derecha”. Predecir el comportamiento de los votantes se ha vuelto, en consecuencia, un objetivo muy difícil de alcanzar.
Hay múltiples razones para explicar este paso hacia una “sociedad transideológica”, aunque la relación de los partidos con sus respectivos electores parece ser una de las principales. Hace años que las personas no se sienten atraídas por su ejercicio de mediación; de hecho, las últimas elecciones han confirmado que el resultado en las urnas es directamente proporcional al nivel de cercanía que tienen los candidatos con los programas partidarios. Hablar de partidos es una mala idea y una peor estrategia.
¿Debería alegrarnos esta constatación? ¿No descansa el correcto funcionamiento de la democracia representativa en la labor de los partidos? En efecto, una democracia equilibrada -en la que ninguna autoridad puede exceder en demasía a los otros componentes del cuerpo político- depende en buena medida de un buen sistema de partidos. Uno en que los militantes estén obligados a llevar a cabo su labor de manera transparente y en base a ideas que, sin importar si nos gustan o no, son conocidas y aceptadas como legítimas por la ciudadanía.
Los partidos pueden asimismo poner freno a los caudillos que cada cierto tiempo aparecen en la política. Por supuesto, muchos partidos se han inspirado en la obra y vida de líderes carismáticos, por lo que no hay que esperar una desconexión total entre agencia y agente. Sin embargo, al implicar una constante lucha por hacerse del poder, la competencia electoralista -incluso al interior de una misma colectividad- puede transformarse en un buen mecanismo para despersonalizar la toma de decisiones. A más competencia, más polarización y fragmentación. Pero también menos sumisión a las figuras todopoderosas.
Ahora bien, es indudable que los partidos no han estado a la altura de las exigencias de una sociedad compleja y diversa como la chilena. Ello explica la poca repercusión que, al menos públicamente, ha tenido el acuerdo de las izquierdas comprometiéndose a “reformar” algunos aspectos de la propuesta constitucional en caso de ganar el Apruebo. Más allá de que los puntos consensuados están muy lejos de modificar los ejes centrales del texto (motivo por el cual algunos podrían pensar que son extemporáneos e insuficientes), lo cierto es que la sola idea de unos militantes negociando a espaldas de la ciudadanía es totalmente contradictoria con lo que hemos vivido en los últimos tres años.
Porque eso fue lo que ocurrió: dirigentes de izquierda consensuaron una serie de reformas que, se supone, serán aceptadas y puestas en práctica con posterioridad al 4 de septiembre. El problema es que lo pactado ha quedado supeditado a la opinión que cada uno de los partícipes tiene del articulado de la Convención, cuestión que inevitablemente pone un manto de duda sobre la credibilidad de lo acordado. Las buenas intenciones y la buena fe no son, en otras palabras, suficientes para legitimar el propósito de las izquierdas. Se necesita credibilidad y convicción.
A la oposición -sobre todo a la que se ubica en la parte más a la derecha del espectro- se le podría acusar de algo similar, claro está. De ahí la importancia de contar con compromisos públicos y notorios entre todos los que, si bien críticos de la propuesta constitucional, apuestan a continuar el proceso constituyente más allá del plebiscito de salida. Lo relevante es que el diálogo no sólo sea transversal, sino que integre principios constitucionales y normas procedimentales. Y que se realice de frente a la ciudadanía, pues es la que está llamada a sopesar los costos y beneficios de lo que se propone.
Necesitamos, en breve, nuevos arreglos institucionales que vuelvan a acercarnos. Pase lo que pase, el lunes 5 de septiembre el país despertará dividido y polarizado. La pregunta es qué haremos para volver a creer en la política y cuál será el rol de los partidos en esa búsqueda. Si el eje izquierda/derecha ya no sirve, entonces habremos de buscar fórmulas alternativas: de lo que se trata es de consensuar una Constitución que pueda navegar las turbulentas aguas que amenazan con seguir dividiéndonos.
