La abdicación de Juan Carlos tomó a los españoles por sorpresa. Durante algunos minutos toda actividad se detuvo, mientras los súbditos del Borbón trataban de entender la noticia. Cuando finalmente la digirieron, las reacciones fueron diversas. Desde las más frívolas, hasta las más sesudas. Hubo comentarios de arribistas que recordaron haber visto o tocado a este o ese miembro de la familia real, y de gente común y corriente que reclamaba el fin de la monarquía.
El término del reinado de Juan Carlos llega cuando España se encuentra ante una verdadera encrucijada; cuando muchas de las instituciones creadas por la Constitución de 1978 tienen un bajísimo nivel de aceptación y popularidad. El tema es tanto económico como político.
Al borde del abismo
Hace tan sólo dos años, España se encontraba al borde del abismo.Analistas de todas las estirpes predecían la cesación de pagos y un rescate masivo por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto era visto como la máxima humillación, como algo propio de república bananera, algo que podía sucederle a la Argentina, pero no a un miembro pleno de la Unión Europea.
La prima por riesgo de los bonos españoles superaba los 500 puntos básicos, capturando el sentimiento generalizado de que la nación ibérica sería incapaz de cumplir con sus compromisos. Era la caída de España a las filas del tercermundismo, y la pérdida de su soberanía ante una institución burocrática e impopular.
Hoy, todo es distinto. La tasa de interés de los bonos soberanos de 10 años está por debajo del 3% -2,86% durante la última semana; por debajo, incluso, del costo del dinero enfrentado por Chile-, el PIB ha crecido por dos trimestres consecutivos (poco, pero ha crecido), el número de personas desempleadas ha disminuido, y las exportaciones siguen expandiéndose a una tasa saludable. Además, la Bolsa de Madrid, un barómetro que, en general, captura los sentimientos de los distintos actores económicos, ha experimentado un rebote impresionante. Es verdad que su nivel es aún muy inferior a los máximos históricos, pero ha aumentado en más de un 50% desde fines del 2012.
España es un país en recuperación. El gobierno de Mariano Rajoy ha manejado la macroeconomía de la crisis con dedicación y pericia.
Pero el que la larga y dolorosa recesión haya terminado oficialmente no significa que el país haya llegado a puerto. Las secuelas sociales y psicológicas de la crisis continúan y se ven por todas partes: la tasa de desempleo está alrededor del 25% – es casi el 50% entre aquellos que no han superado la educación primaria -, y el déficit público se empina por encima del 5% del PIB. Además, hay un malestar político masivo, el que se manifestó hace dos semanas en las elecciones por el Parlamento Europeo. Los partidos tradicionales -el PP de Rajoy y el PSOE – sufrieron fuertes disminuciones en su votación. A sus expensas crecieron partidos y movimientos nacionalistas, como “Podemos”, del politólogo Pablo Iglesias, que enarbolan un programa repleto de populismos al más puro estilo de Hugo Chávez y su lugarteniente Maduro.
Un esfuerzo mayúsculo
La historia de España durante la década de los 2000 es una historia simple. También es una historia que terminó mal.
Durante años, el país gastó con desenfado, endeudándose a un ritmo claramente insostenible. Cuando, en esa época, uno les explicaba a los españoles que eso no podía seguir y que una crisis se avecinaba, encogían los hombros y decían que tenían al euro y al Banco Central Europeo, que eran un país avanzado y que en esas naciones no había crisis como en Sudamérica o Asia o Africa o Rusia. “Somos diferentes”, era el cliché del momento.
Pero como las familias de Anna Karenina, todas las crisis son iguales. Una de las consecuencias de endeudarse a un ritmo insostenible es el surgimiento de burbujas inmobiliarias. Los precios de las propiedades se disparan y todos se sienten riquísimos. Sobre la base de esa supuesta riqueza las personas se endeudan aún más, y siguen gastando. Y así se crea un círculo vicioso de gasto, deuda, burbuja, y más deuda. La burbuja se expande hasta que ineludiblemente estalla. Luego vienen el caos y el dolor.
En enero del 2008, el déficit externo de España llegó al 10% del PIB, cifra nunca vista entre países “normales.” Entre 1999 y el 2008 el precio de las propiedades se triplicó gracias a la especulación y a la irresponsabilidad con la que los bancos otorgaban préstamos a diestra y siniestra.
El chispazo que hizo detonar este polvorín fue lejano -la caída de Lehman-, pero eso no tiene importancia. Si no hubiese sido el colapso del banco de inversiones, hubiera sido otra cosa. Cualquier otra cosa.
Desde el 2008, el ajuste macroeconómico español ha sido impresionante. Hoy en día el déficit externo es de tan sólo el 1,9% -una compresión brutal, como pocas veces se ha visto en la historia-, y el índice de precios inmobiliarios ha caído en más del 33%; hoy se encuentra a los niveles de hace una década. Pero no ha sido fácil. El desempleo mayúsculo, la desazón y el hastío, el malestar y las enfermedades psicológicas han sido las consecuencias más graves de este ajuste.
A medio camino
Pero a pesar de los avances, todavía queda mucho por recorrer. Y lo que falta por andar no es fácil. España ha hecho la mitad de los deberes, la mitad macroeconómica; ahora tiene que enfrentar el tema de su ineficiencia microeconómica. Porque resulta que España sigue siendo un país extremadamente protegido y regulado, lleno de trabas, prohibiciones y reglamentos burocráticos. Sin cambios profundos en sus reglas competitivas, la solución no será ni completa ni permanente.
Ante esta aseveración, mis amigos ibéricos contraatacan diciendo que la productividad ha aumentado, que así lo consignan las estadísticas de la Ocde y que -y esto, me aseguran es importante- la expansión de las exportaciones ha sido sustancial.
Sin embargo, las cosas no son exactamente así: es verdad que la productividad -medida como PIB promedio por persona empleada- ha crecido. Pero esto es, más que nada, porque el empleo se derrumbó. Además, lo importante no es la productividad en sí misma, sino que cómo se compara con la de otros países.
Y en ese terreno, España va para atrás: en el año 2007, antes del estallido de la crisis, España se encontraba en el lugar 39 en el prestigiado ranking Doing Business del Banco Mundial. Hoy en día se encuentra en el lugar 52. Vale decir, en vez de ir para adelante, retrocede. Alemania, en contraste, se ha mantenido en el puesto 21. Es difícil emprender en España: hay trabas de todo tipo, reglamentos absurdos, códigos y estatutos que dificultan la innovación y la creación de empleo.
Para verdaderamente salir adelante y dejar las secuelas del colapso atrás, España necesita transformarse en un país eficiente, en un país que les dé verdaderas facilidades a los emprendedores, que atraiga a más y más inversionistas, y que sea amable con quienes tienen una devoción por innovar. Tiene que romper la inercia, terminar con la burocracia, mejorar la calidad de sus universidades -esto es posible, después de todo tiene magníficas escuelas de negocios-, apostar por la investigación y el desarrollo. Si no lo hace, se quedará, inevitablemente, a medio camino, oscilando entre el abismo y la mediocridad. El problema, claro, es que con la caída del costo de la deuda y con la recuperación incipiente en el PIB, las urgencias por hacer las reformas han disminuido. Existe la tentación de no avanzar y de tomar un respiro. Hacerlo sería un error gravísimo y costoso. Este no es el momento de bajar la guardia; al contrario, es el momento de avanzar a todo vapor.
La encrucijada española también es política. Hace poco más de una semana, en la reunión anual del Círculo de Economía en Sitges, varios líderes -Rajoy, el saliente secretario general del PSOE Alfredo Rubalcaba y el presidente del Generaliat, Artur Mas- insinuaron que el tiempo es propicio para considerar una reforma a la Constitución. No una reforma total o amplia que cubra todas las áreas, sino que una específica, centrada en las comunidades autónomas y en su rol dentro del país. Ahora que el rey ha abdicado es el momento de moverse en esta dirección. El nuevo rey puede jugar un rol similar al que alguna vez jugó su padre: pensar en grande, buscar el progreso y la estabilidad, y ayudar a que aumenten los ámbitos de la libertad y de la democracia.
