Si bien las redes se construyen desde lo local, era preciso aportar lineamientos para organizar los aspectos sociotécnicos de la generación de bienes colectivos. Sin ellos, el Estado regional queda desprovisto de una arquitectura de gobernanza multinivel sobre la cual la iniciativa local pueda apoyarse y consolidarse en el tiempo.
Uno de los aspectos clave para la construcción de un Estado regional es el diseño de una gobernanza multinivel. Este es el mecanismo de coordinación privilegiado en estados federales modernos y en la articulación de zonas multinacionales como la Unión Europea. La gobernanza multinivel se caracteriza por una orientación a la creación y provisión de bienes públicos, por la formación de redes de política pública y por su articulación administrativa descentralizada. Esta constituye un elemento imprescindible para cualquier forma de Estado descentralizado. El proyecto constitucional describe extensamente la arquitectura de autonomías territoriales, pero no entrega lineamientos para su gobernanza multinivel.
La gobernanza multinivel supone la construcción de espacios de interacción cuasi formales entre múltiples actores que generan relaciones vinculantes, desarrollan planes para la provisión de un bien público e implementan su producción y distribución. En este sentido, los mecanismos de gobernanza multinivel se organizan localmente, pero desde ahí se despliegan transregionalmente para optimizar su funcionamiento.
El rol de los actores públicos, privados, semipúblicos y semiprivados es central en la coordinación por medio de este esquema de gobernanza. Ellos intercambian, negocian, diseñan e implementan la producción del bien colectivo. Es decir, la coordinación no se logra simplemente por la prescripción de principios como la solidaridad o la asociatividad, o por la creación de órganos políticos que medien entre niveles, como se hace en el proyecto constitucional chileno.
Para que opere funcionalmente, la gobernanza multinivel se coordina desde abajo hacia arriba por medio de consejos sociotécnicos y de agentes corporativos que actúan con una lógica orientada a la provisión de bienes. El proyecto constitucional busca crear algunos consejos, como el de Alcaldes y Alcaldesas, el Consejo Social Regional, o el de Gobernaciones, pero estos consejos operan con una lógica política. Pueden, por tanto, transformarse en obstáculos para la articulación descentralizada de las redes producto de su aproximación desde una posición de autoridad, la que regularmente funciona desde arriba hacia abajo.
La creación de empresas a nivel comunal y regional propuesta en el proyecto constitucional podría ser una base para la formación de redes de política y la provisión de bienes colectivos en formatos semipúblicos. Para esto, sin embargo, se requiere de una arquitectura que fomente la coordinación eficiente y descentralizada de actores sociales y corporativos, públicos y privados en cada autonomía territorial, y no únicamente una estructura de órganos políticos de supervisión.
El texto constitucional no refiere a esta arquitectura. Si bien las redes se construyen desde lo local, era preciso aportar lineamientos para organizar los aspectos sociotécnicos de la generación de bienes colectivos. Sin ellos, el Estado regional queda desprovisto de una arquitectura de gobernanza multinivel sobre la cual la iniciativa local pueda apoyarse y consolidarse en el tiempo.
