Lo que parece más trágico es que la confianza en el otro y en las instituciones sociales es arrojada a un vacío del que difícilmente se puede escapar.
La reciente Encuesta CEP ha entregado un panorama desolador respecto de las percepciones sobre Chile actual. Un 58% califica la situación económica como mala o muy mala; un 42% cree que empeorará en los próximos doce meses; y un 89% opina que el país está estancado o en franca decadencia. Para el 52% de la población la situación política actual es mala o muy mala, y el 44% considera que es peor que hace cinco años atrás. En los últimos doce meses, la percepción de la delincuencia, asaltos y robos subió del 42% al 50% como el principal problema que nos afecta. Algo similar aconteció con el narcotráfico, el que ascendió del 17% al 23%. Y problemas sociales como las pensiones (33%), la salud (33%) y la educación (28%) completan la lista de los cinco primeros dramas que aquejan a las personas en su vida cotidiana.
Con datos cualitativos en la plataforma digital C22 del CEP (Hablar de Chile) es posible reconocer la experiencia tras estos problemas. En la zona norte las expectativas más recurrentes son la necesidad de apoyo en educación y el acceso a la salud. En la zona central se trata de estos mismos anhelos cruzados por el tema de la calidad, y se agregan distintivamente las pensiones y el costo de la vida. En la zona sur y austral, en tanto, el acceso y la calidad en salud y educación son expectativas importantes, como también lo es la vivienda. Y en relación con la inseguridad vital, en todas las regiones de Chile la violencia de género al interior de la familia y la inseguridad en el entorno barrial son experiencias que marcan la vida cotidiana de las personas. Y es evidente que, en la Araucanía, la violencia ha traspasado su umbral crítico.
Todo esto es caminar sobre hielo delgado. Por una parte, sabemos que la economía y la política son altamente sensibles a las expectativas de los públicos y reproducen la desesperanza en forma de profecías autocumplidas. Por otra, deficiencias en salud, educación, pensiones, y especialmente la exposición a hechos cotidianos de violencia incrementan la incertidumbre sobre la vida presente y las expectativas de futuro. Con condiciones sociales de este tipo todo se vuelve difícil. De los economistas sabemos que la inversión decrece; de los politólogos escuchamos que la gobernabilidad se ve afectada. Pero lo que parece más trágico es que la confianza en el otro y en las instituciones sociales es arrojada a un vacío del que difícilmente se puede escapar.
En un Estado de derecho, la primera tarea es asegurar la vida de las personas para absorber el temor mediante el imperio de la ley. Y la segunda es ofrecer alternativas institucionales de inclusión social para reducir la incertidumbre de la desprotección. El gobierno actual fue elegido por su agenda social. Tiene que avanzar en ella con independencia de lo que acontezca con la propuesta constitucional. Pero también se ha encontrado con un recrudecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en espacios públicos. A estas debe enfrentarlas decididamente con la legitimidad que le otorga el derecho. De otro modo, no podrá rescatar la esperanza ciudadana y la confianza perdida, y el hielo delgado bajo nuestros pies cederá nuevamente.
