Se ha cumplido un mes desde que el Consejo para la Transparencia (CPLT) no reúne el mínimo de integrantes para que su consejo directivo sesione (se requiere un cuórum de tres miembros), debido al rechazo del Senado a los nombres propuestos por el Gobierno.
Fuera de las apreciaciones políticas esgrimidas, el proceso de nombramiento contribuye con la paralización del CPLT, ya que al nominar candidatos de a pares, el rechazo de uno conlleva al rechazo de ambos. Esta nominación en colleras responde al diseño del CPLT, cuyo consejo directivo lo integran cuatro consejeros, en lo que el académico José Miguel Valdivia advirtió como una manifestación de la “cohabitación a la chilena”, consistente en haber trasladado la lógica del sistema binominal vigente al momento de la creación del CPLT a la “integración paritaria del Gobierno y la oposición en el seno de ciertas instituciones más o menos sensibles” (“Lo que oculta la transparencia”). En cuanto a la idoneidad técnica de sus integrantes, el proceso existente no es garantía suficiente de que llegarán personas con competencia o experticia en acceso a la información pública, materia en creciente especialización y complejidad.
Qué diferente sería si el consejo directivo del CPLT estuviese compuesto por cinco miembros, en un proceso de nominación cuyo primer filtro fuese realizado por la Alta Dirección Pública, que elevara un listado de nombres para que la Presidencia nomine ante el Senado para su eventual confirmación. Para evitar paralizaciones por el retraso que pudiese afectar a este proceso, el período de los consejeros salientes sería automáticamente extendido mientras no se produzca la nueva designación. Estas son algunas de las propuestas elaboradas conjuntamente por el Centro de Estudios Públicos, Chile21, Espacio Público, y Libertad y Desarrollo el año 2018 (“Transparencia, Acceso a información pública y Gestión de la información en el Estado”), que nuestros apasionados de la transparencia en el Congreso podrían revisar.
Dado que los tiempos legislativos que corren han sido escasos para abocarse a la reflexión pausada, un mínimo exigible para nuestros representantes consistiría en revisar su responsabilidad en el proceso de confirmación de consejeros. Cabría preguntarse por qué el Senado ha estado conteste en confirmar consejeros cuyos niveles de abstención por año han ido al alza. De un total de 361 abstenciones para el período entre abril de 2009 hasta mediados de noviembre de 2020, tan solo el año 2019 se registraron 47 abstenciones, llegando al extremo, el año en curso, de 212 abstenciones.
Si se pretende que el CPLT dé garantías de ecuanimidad, ponderación, equilibrio, y distancia de los extremos y fanatismos, nuestros congresistas podrían predicar con el ejemplo, legislando con al menos la misma tenacidad con la que han levantado sus dedos acusadores, con miras a responder por aquellas omisiones que han afectado a la continuidad y funcionamiento del principal órgano a cargo de la transparencia del Estado.
