Se requiere una entidad pública independiente del Minsal, y técnica, a cargo de hospitales estatales. El Minsal tiene un evidente conflicto de intereses y sus decisiones se guían por criterios políticos.
Los sistemas de salud buscan asegurar que la población reciba atención en salud según sus necesidades y no sus capacidades económicas. Por ello, muchas veces se mancomunan todos o parte de los recursos en un “Fondo único”, sean impuestos generales, contribuciones salariales o ambos.
Respecto de la administración de los recursos, en Canadá e Inglaterra hay un “administrador único” estatal (Seguro Nacional de Salud y Sistema Nacional de Salud, respectivamente). En cambio, en Alemania y Holanda, hay varios administradores privados (en otros países hay también estatales), que integran la seguridad social (Seguros Sociales de Salud). En dichos esquemas, quien administre los recursos debe garantizar la entrega de todo lo contenido en un plan de salud amplio —“plan único”— a toda la población. La diferencia es que en los sistemas donde el Estado es el administrador, dicho plan no siempre es explícito y exigible, por problemas asociados a los monopolios y al Estado (captura por grupos de intereses, burocracia, falta de financiamiento, entre otros).
En Chile, el “fondo único” y el “plan único” han generado bastante acuerdo, no así el “seguro único”, no siendo claro a qué se refiere. Ello no es trivial. Si bien la potencial ventaja de un único administrador está en los ahorros de recursos al haber una única entidad administradora, la evidencia muestra que Canadá e Inglaterra destinan un monto per cápita y proporción de su PIB a salud mayor que el promedio de los países de la OCDE. Asimismo, tienen listas de espera importantes, que afectan a los grupos más vulnerables y minorías (las personas de mayores recursos se las “saltan”).
En nuestra región, a pesar de que Brasil garantiza el derecho constitucional a la salud con un Sistema Único de Salud (SUS), cerca de un cuarto de su población contrata seguros privados, más que el 18% de chilenos en isapres. Cuando existen múltiples administradores, la sensibilidad a las necesidades de las personas es mayor, puesto que deben atraerlos y retenerlos mediante servicios de calidad, como se evidencia en diversas encuestas de satisfacción. Pero… se requieren reglas muy diferentes a las que actualmente operan en Chile, no solo en el financiamiento, sino que debe haber libre afiliación, métodos de pago eficientes y uso de redes de prestadores, puesto que deben operar bajo las normas de la seguridad social.
Un esquema con un único administrador requiere entidades estatales a la altura del desafío, con mirada de largo plazo, que antepongan siempre la salud de sus beneficiarios y con financiamiento y atribuciones que viabilicen su independencia y capacidad de ser garantes del plan de salud. Ello está lejos de cumplirse hoy en Chile, menos aún si se acota la atención a la red de prestadores del Estado, que ya se ve superada por más de dos millones de personas en listas de espera y con un déficit fiscal creciente de más de 1.200 millones de dólares en 2018.
Lo anterior no obsta a la necesidad de otros cambios estructurales. Solo por mencionar algunos: se debe contar con una institucionalidad apropiada para definir el plan único, basada en criterios de priorización transparentes y unificados, considerando la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Fonasa debe dejar de ser una caja pagadora, financiando adecuadamente y exigiendo cumplimiento de convenios (asociado a consecuencias) a los prestadores, públicos y privados, eliminando la libre elección como hoy la conocemos.
Se requiere una entidad pública independiente del Minsal, y técnica, a cargo de hospitales estatales. El Minsal tiene un evidente conflicto de intereses y sus decisiones se guían por criterios políticos (más del 80% de los directores de servicios y hospitales cambian con el gobierno). Basta constatar que hasta que no se mandató un estudio en 2018, no existía información sobre el desempeño de hospitales. Estos, a su vez, deben poder definir el uso de sus recursos según lo requieran sus beneficiarios, más que según lo que dictaminen directores de Servicios de Salud elegidos por criterios políticos. Esto no se menciona cuando se avala un único administrador, a pesar de que existen múltiples propuestas al respecto.
Se están generando espacios para pactos sociales de largo plazo. Las decisiones que se tomen deben realizarse de manera informada, evitando que el remedio sea peor que la enfermedad.
Francisca Florenzano
Manuel Inostroza
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Carolina Velasco
