Aunque Sebastián Piñera se ha ido haciendo cargo de sus conflictos de interés, todavía le queda trabajo por hacer. No es conveniente que un candidato presidencial sea dueño de un canal de televisión, mucho menos que lo sea un Presidente de la República -después de todo, los chilenos no aspiramos a una democracia espaguetti-. Y aunque existe un mandato de venta, el conflicto de interés en Lan, incluso durante una campaña, es evidente. Dicho todo esto, no es una exageración decir que Piñera ha sido por lejos el candidato más examinado de la historia de Chile. Los ciudadanos estamos bien informados acerca de su fortuna porque desde hace años el origen, el monto y los movimientos de su patrimonio se discuten frecuentemente por los medios. Al mismo tiempo, es el primer político del que se tenga memoria que voluntariamente se hace cargo públicamente de la relación entre la política y su patrimonio personal. Por eso, no deja de ser algo ridículo, y a veces irritante, contemplar a políticos y funcionarios públicos que, sin ver vigas en el ojo propio, arrojan piedras como adolescentes sesenteros. En fin, cuando se trata de política, el sesgo y la ceguera tienen algo en común. Por ello, tal vez ha llegado la hora de extender los estándares de transparencia más allá del candidato Piñera.
Para comenzar, ¿qué tal si el Presidente Frei nos explica cómo manejó sus conflictos de interés durante su primer mandato? Al parecer su patrimonio fue y sigue siendo administrado por un hermano. Si así fuera, ¿por qué no hizo un fideicomiso ciego? Más aun, ¿es cierto que participó en reuniones de directorio mientras era Presidente? Una vez abierta la puerta de la transparencia, no hay razones para detenernos en el candidato Frei. ¿Qué tal si discutimos por la prensa el patrimonio personal y de la familia inmediata de cada uno de los otros candidatos, comunistas y ecologistas incluidos? Y también del Presidente Lagos. Si seguimos avanzando por los poderes, ¿qué le parece si los Honorables miembros del Congreso nos explican cómo han resuelto y están resolviendo los innumerables conflictos de interés a los que su actividad legislativa los expone? ¡Qué interesante sería escuchar de los Honorables que siguen siendo socios activos de estudios de abogados cómo se las arreglan para no influir en aquellos casos en que sus estudios tienen sus fichas puestas! O bien, ¿cómo lo hacen cuando votan leyes que afectan algunas de sus inversiones? Pero sigamos soñando con este fiat lux imaginario. ¿Qué tal si designamos a una comisión de investigadores serios que nos ilumine cuantificando y evaluando las innumerables asesorías que han prestado correligionarios, operadores y amigos a algunos Ministerios? De paso nos podrían explicar los criterios que usan las innumerables reparticiones públicas que contratan a honorarios. ¿Y qué reglas siguen los funcionarios políticos repartidos por el aparato público para asegurarse que los amigos y correligionarios compitan abiertamente con otros expertos cuando se trata de asesorar al Estado?
Tanta luz quizá nos recordaría la alegoría de la caverna de Platón. Enceguecidos con la realidad, seguramente nos llevaríamos más de alguna sorpresa. Sea como sea, una vez hecha la luz ¿qué tal si resolvemos el problema de fondo imponiendo prácticas de transparencia simples, pero eficaces? Por ejemplo, podríamos exigirles a todos los políticos, y a quienes ejercen cargos de «exclusiva confianza», que llenen cada año una suerte de FECU estandarizada familiar que nos vaya informando de cómo evolucionan los patrimonios familiares mientras sirven desinteresadamente a la Patria. Y podríamos, por fin, establecer un registro de lobbystas para que ejerzan legítimamente su tarea de influir. Y así como de cada libro editado en Chile queda una copia en la Biblioteca Nacional, ¿qué tal si de cada asesoría e informe contratado por el Gobierno, el Estado o una Empresa Pública, queda una copia en papel y otra electrónica en un archivo central, para que así todos los chilenos podamos consultarlos y beneficiarnos de tanta sabiduría? ¿Y por qué no obligar a las numerosas ONG´s, que sobreviven con fondos públicos, a llenar también FECUS y quedar sujetas a los mismos estándares y obligaciones de las sociedades anónimas o las Corredoras de Bolsa que deben reportar regularmente sus ingresos y gastos? Y para dejarles material a los historiadores del futuro, ¿qué le parece si exigimos que quede registro de cada gasto reservado, haciéndolos públicos 10 ó 20 años después? Con tanta luz, ¡qué país más transparente tendríamos!
