Estos últimos desafíos no solo buscan incentivar el tránsito desde la informalidad a la formalidad, sino que también son una deuda pendiente con miles de trabajadoras y trabajadores formales.
En Chile, según el INE, aproximadamente 2 millones 600 mil personas tienen un empleo informal, definición que considera a trabajadores que no cotizan para el sistema de seguridad social (pensiones, salud, seguro de cesantía), como también incluye a aquellos independientes sin actividad en el SII. La tasa de informalidad es de un 28%, es decir casi un tercio de los ocupados se desempeña de manera informal, tasa que disminuyó hasta un 22% durante el periodo más álgido de la pandemia. No precisamente por un tránsito de estos trabajadores a la formalidad, sino porque estos cayeron en la desocupación o inactividad, reincorporándose al sector informal post pandemia.
La informalidad nos preocupa por diversas razones. Primero, porque está asociada a empleos más precarios, a menores ingresos, a un mayor riesgo de caer en pobreza y a una mayor inestabilidad económica y financiera, siendo el grupo de trabajadores más vulnerables ante crisis económicas. Segundo, la informalidad implica una menor recaudación tributaria y por ende mayor gasto público, especialmente en pilares solidarios de la seguridad social. También, una alta tasa de informalidad no ayuda a la legitimidad de la política social, ya que un grupo importante no contribuye al sistema y tampoco participa de ciertos beneficios.
Con el objetivo de contribuir a la caracterización de este grupo y al cómo incentivar su tránsito a la formalidad, desde el CEP estudiamos la relación entre el sector informal y el bienestar social, enfocándonos en las brechas respecto a los formales en seguridad económica, compatibilización del trabajo y la vida personal, y la satisfacción con la vida. Evidenciamos que los trabajadores formales tienen mayores logros en casi todas las dimensiones estudiadas, teniendo más herramientas para hacer frente a una crisis y a las necesidades económicas de sus hogares, como también, presentan una mayor satisfacción con la vida. Sin embargo, los informales presentan mayores logros en atributos valorados por los trabajadores: tienen una mayor flexibilidad horaria, mayor capacidad de compatibilizar su vida familiar y laboral, y mayor capacidad de ausentarse del trabajo cuando lo requieren.
En el diseño de políticas públicas para disminuir la informalidad, la clave está en comprender su heterogeneidad. Si bien la mayoría de los trabajadores de ese grupo tiene bajos ingresos y representan en mayor proporción a mujeres, jóvenes y adultos mayores, el sector informal presenta diferencias sustanciales por tipo de empleo. De acuerdo con un diagnóstico de Pivotes, alrededor de 1 millón 300 mil de los informales son cuenta propia, mientras que 1 millón son asalariados, es decir que cuentan con un empleador. Como tercer gran grupo están las trabajadoras de casa particular, en donde aproximadamente el 50% está en la informalidad, lo que corresponde a alrededor de 148 mil mujeres.
Para algunos, no es una decisión ser informal, sino más bien es la única alternativa para subsistir, mientras que para otros responde a un ejercicio de evaluar los beneficios y costos asociados al tránsito hacia la formalidad. Cada uno de estos grupos tiene distintos desafíos e incentivos para formalizarse, por lo que se requiere de distintas agendas. Por un lado, es fundamental una mayor fiscalización, como también disminuir los costos asociados y la burocracia en torno a la formalización, especialmente para aquellos trabajadores más vulnerables y para las micro y pequeñas empresas. También, es necesario rediseñar subsidios al empleo como el Bono al Trabajo de la Mujer, el Subsidio al Empleo Joven y el Ingreso Mínimo Garantizado, para que incentiven el tránsito a la formalidad.
Finalmente, tal como sugiere el estudio realizado, se requiere avanzar en distintos frentes para que el mercado laboral formal entregue mayor capacidad de compatibilizar la vida familiar y personal. Por ejemplo, a través de mayor adaptabilidad laboral y dejando de una vez de castigar la maternidad, como ocurre hoy con la actual legislación de sala cuna, la cual asigna en la contratación de mujeres formales los costos de estos cuidados. Estos últimos desafíos no solo buscan incentivar el tránsito desde la informalidad a la formalidad, sino que también son una deuda pendiente con miles de trabajadoras y trabajadores formales.
