Considerando que existen al menos tres proyectos de ley que recogen varios de estos aspectos, se cuenta con todos los insumos para un acuerdo que permita abordar este tema de manera integral.
El informe entregado ayer por la FNE es un aporte inédito al desarrollo de políticas públicas informadas, las que hasta ahora se han basado en la consideración de información parcial e incompleta. Tal como lo señala dicho informe, no se pueden esperar efectos de una política o regulación para un solo actor si no se abordan también los demás. He ahí la gracia de este trabajo.
Para entender, hay que mirar tanto demanda como oferta por medicamentos. La primera está intermediada, al menos, por los profesionales de la salud habilitados para recetar y, en el caso del retail, por los dispensadores de las farmacias. Poco se logra informando y motivando a quien compra el medicamento para que elija el más barato, si los otros dos actores no están alineados. Por ello es clave lograr que todos los medicamentos y en todos sus formatos cuenten con alternativas bioequivalentes y que los profesionales receten por DCI (denominación común internacional). Asimismo, debe incentivarse u obligarse a los dispensadores a ofrecer la alternativa más barata bioequivalente (mismo efecto terapéutico que el referente) o que se cuente con información en línea disponible a los usuarios.
Respecto de la oferta, están los laboratorios que desarrollan los medicamentos (luego de que ellos mismos u otros realicen un ensayo clínico), los distribuidores y las farmacias. La historia en este caso es similar. Si bien se puede incentivar el desarrollo e importación de medicamentos en Chile, mediante mejores procesos de registro, bioequivalencia, certificación y de ensayos clínicos, si no se toman medidas que alineen a los otros participantes de la cadena (ventas y recetas online, transparencia en costos y traspasos de dinero entre laboratorios y farmacias) no bajarán los precios ni el gasto de bolsillo en medicamentos.
El estudio demuestra que las compras masivas logran precios más bajos. No obstante, las lecciones de este hallazgo no son obvias, puesto que, sin institucionalidades y protocolos transparentes para la selección de los productos comprados, este efecto podría ser (bastante) menor al esperado. De todas maneras, una recomendación para el mediano plazo es que el gasto en medicamentos sea cubierto por un seguro (previamente se ha propuesto que los incluya el plan de salud de isapres y Fonasa), siempre en conjunto con las demás medidas.
Finalmente, el trabajo da cuenta de un enorme espacio a llenar por las instituciones públicas, en cuanto a información y gestión. Un ejemplo: base de datos pública que muestre los medicamentos registrados, sus patentes, bioequivalencia, etcétera.
Considerando que existen al menos tres proyectos de ley que recogen varios de estos aspectos, se cuenta con todos los insumos para un acuerdo que permita abordar este tema de manera integral.
