El presente documento constituye el Informe Final del Estudio “Actualización de las estimaciones de las brechas de financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile”, que fue requerido por el Centro de Estudios Públicos (CEP) como parte de su proyecto especial “Conservación, Institucionalidad y Filantropía” a un equipo dirigido por el profesor Dr. Eugenio Figueroa B.
Desde hace más de un siglo y medio, cuando se creó el parque nacional de Yellowstone en los Estados Unidos, las áreas protegidas (AP) han sido consideradas como la primera línea de defensa para proteger la naturaleza y constituyen el instrumento para la conservación más utilizado en el mundo. Además, las AP son, en la práctica, la herramienta más efectiva para proteger la biodiversidad, los ecosistemas planetarios y los servicios ecosistémicos, pues han probado ser eficaces para detener el masivo cambio de uso de la tierra. Por ello, expandir las AP se considera actualmente como la principal estrategia para enfrentar la creciente presión humana sobre la biodiversidad global (González-García et al. 2022; Binbin y Pimm 2022; Calfucura y Figueroa 2016; Jenkins y Joppa 2009).
Las AP buscan proteger una muestra representativa de los ecosistemas de un país. Por ello, las AP del mundo constituyen una prioridad global fundamental para proteger la biodiversidad del planeta y garantizar la prestación de servicios ecosistémicos críticos de los que depende la humanidad. La preservación a largo plazo de estas áreas y de sus procesos ecológicos es esencial para la salud de las sociedades, especialmente en el actual contexto de cambio climático, de la galopante pérdida de biodiversidad y del creciente riesgo de diseminación de patógenos zoonóticos vinculado a ecosistemas degradados (Cabrera et al. 2021).
