Derecho a la información y protección al consumidor

El derecho a la información es una garantía básica para la libre elección del consumidor, elemento fundamental en una sana economía de mercado.
El ideal es que el proveedor compita no sólo ofreciendo mejor calidad y menor precio, sino también mejorando la cantidad y calidad de información que entrega sobre su producto o servicio.
Este derecho debería estar consagrado en forma general en nuestra legislación comercial, junto con los mecanismos adecuados para ejercerlo.
El Estado debe actuar en forma subsidiaria, investigando y difundiendo información en aquellas áreas en que sea insuficiente, y destinada a quienes no tienen posibilidades de acceso a ella, ya que se trata de un verdadero subsidio.
Los propios proveedores y consumidores deben crear instancias para resolver sus conflictos en forma armónica. Cuando se requiera intervención judicial, ésta debe ser rápida, sencilla y especializada.
El proyecto de ley del Gobierno sobre protección al consumidor consagra los principios básicos del derecho a la información en materia de comercio de bienes y servicios, pero debería integrarse a la legislación comercial actualmente vigente, estableciendo principios de aplicación general.

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