Teniendo como marco la cuestión conocida como la «trampa de los países de Ingreso Medio», Eduardo Bitran se pregunta por el rol que juegan las políticas de desarrollo productivo, innovación y transformación productiva digital sostenible, y la forma en que la nueva Constitución e institucionalidad pública puede abordar todo aquello.
Teniendo como marco la cuestión conocida como la «trampa de los países de Ingreso Medio», Eduardo Bitran se pregunta por el rol que juegan las políticas de desarrollo productivo, innovación y transformación productiva digital sostenible, y la forma en que la nueva Constitución e institucionalidad pública puede abordar todo aquello (partiendo de la base de que la mayoría de los temas tienen que ver con lo legislativo, lo administrativo y las políticas públicas).
Analiza las nuevas tendencias en torno a la “Aceleración Digital Sostenible”, teniendo como base las disrupciones globales (como la pandemia) en torno a las cadenas de suministro, las restricciones a la movilidad y la gestión de distancia física (que han generado una aceleración exponencial de la transformación digital), la resiliencia entendida como un factor estratégico clave, que lleva a repensar las cadenas de valor, la diversificación de las fuentes energéticas (con un énfasis en las posibilidades del hidrógeno verde), el cambio climático y los objetivos sobre reducción de emisiones, y las nuevas tendencias que impactan transversalmente a todos los sectores productivos.
Enseguida se hace cargo de la realidad de Chile como país de Ingreso Medio, incluido el tema de la “productividad total de factores” (PTF), que desde mediados de la década pasada está en terreno negativo, preguntándose por los factores que explican la caída en el ritmo de crecimiento en el periodo 2005-2017: “En mi opinión ocurrió algo esperable dado nuestra estructura exportadora: hay límites al crecimiento cuando una economía pequeña y abierta basa su crecimiento en recursos naturales y ambientales, sin generar dinámicas de innovación endógenas que permitan aprovechar ventajas de recursos para generar encadenamientos virtuosos que sofistiquen la economía”. Frente a ello plantea la necesidad de generar un círculo virtuoso entre formación de capital humano, igualdad de acceso a la educación, desarrollo de competencias y sofisticación productiva, de tal manera de generar demanda por empleo de calidad y, en definitiva, mejorar la distribución primaria del ingreso. El énfasis en la innovación es lo que permite superar las trampas de un país de Ingreso Medio como Chile, con un foco en la “transformación digital sostenible”. La verdadera “revolución tecnológica” que se ha producido en Chile en las energías renovables, especialmente la solar y eólica, y las posibilidades en torno al hidrógeno verde, nos hacen ser optimistas sobre el futuro.
Hay que preguntarse por el rol que le corresponde a la Constitución en facilitar o incluso permitir que el Estado pueda impulsar una estrategia de Desarrollo Productivo, con instrumentos y políticas que permitan proactivamente establecer propósitos y metas, movilizar a diferentes actores de la sociedad, resolver las fallas de coordinación y generar el círculo virtuoso entre sofisticación productiva y formación de capital humano.
Vivianne Blanlot, por su parte, se pregunta ¿Cómo se aborda el medio ambiente en la actual Constitución? ¿Debe considerarse el tema medio ambiental como uno constitucional? ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Cuál es el foco y la dimensión? ¿Cuáles serían los derechos y cuáles los deberes?
La Constitución de 1980 se relacionaba con la contaminación atmosférica, del suelo, y del agua. Esa era la problemática de aquel entonces. Lo que buscaba era instaurar el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y le asignaba al Estado el deber de velar para que ese derecho no fuera afectado. Pues bien, esas circunstancias han cambiado. Vivimos en un mundo, en un siglo, en que se enfrentan amenazas por deterioro del medio ambiente, amenazas al bienestar, al desarrollo sostenido y a la seguridad y salud de los habitantes del planeta. Los desafíos que vemos actualmente son: la transformación tecnológica y el consiguiente proceso de adaptación; el cambio climático; la necesidad de innovar continuamente; y la presión por una economía limpia, presión que viene principalmente por los mercados internacionales, pero también, y de manera creciente, por parte de la ciudadanía chilena. Todo eso genera nuevas oportunidades para el desarrollo, las que deben ser abordadas por el sector público y el privado en un esquema de colaboración. El énfasis está dado por los desafíos medio ambientales, debiendo considerarse el derecho al use y goce de la naturaleza, el deber de preservar los recursos de la naturaleza, y el deber de hacer un uso sostenible y eficiente de la naturaleza y los recursos que la componen.
Finalmente, Eugenio García-Huidobro, asumiendo que vivimos un “momento constitucional” (Ackerman), enfatiza los temas de recursos hídricos, medio ambiente y minería. Sin perjuicio de las diferencias, pasa revista a las propuestas de los distintos actores políticos y constata una gran cantidad de coincidencias. Advierte sobre la necesidad de no sucumbir a la tentación de constitucionalizarlo todo en materia medioambiental y de recursos naturales. En muchas de ellas hay bastantes remisiones legislativas a puntos críticos de esta discusión. Existe un cierto consenso en el sentido que la Convención Constitucional debería respetar el rol que le corresponde al legislador en muchos aspectos de la discusión sobre estas materias, cuyo tecnicismo y especificidad son completamente ajenos al lenguaje constitucional. Uno de los grandes vacíos (y desafíos) en las distintas propuestas se refiere al “régimen de transición” hacia el nuevo régimen constitucional en el ámbito de los recursos hídricos, medio ambiente y minería.
Lucas Sierra e Ignacio Walker
Coordinadores del Proyecto CEP-CIEPLAN para la deliberación constituyente.
