A partir de la experiencia internacional observamos que no hay un único modelo para administrar la educación pública. Esta diversidad de modelos nos advierte que lo relevante no es el modelo, sino que éste sea consistente.
Si comparamos diferentes modelos exitosos entre sí notamos que comparten ciertas similitudes, a saber: i) gozan de una clara división del poder entre las diferentes instituciones involucradas, sin duplicidad de funciones, con responsabilidades claras y atribuciones necesarias para llevarlas a cabo con eficiencia; ii) el factor político se encuentra minimizado en el ámbito de la gestión, y iii) se observa una importante transferencia de autonomía a las escuelas para gestionar sus establecimientos.
Se observa una tendencia internacional a descentralizar el sistema educativo, separando las tareas de diseño de la política pública de la provisión y fiscalización, transfiriendo la provisión y las tareas administrativas a los niveles locales (región, distrito, escuela), gozando estos de mayor libertad y responsabilidad para responder así de forma oportuna y eficiente a la demanda local.
Un modelo descentralizado que transfiere cuotas importantes de autonomía a los niveles locales y a las escuelas supone mayor capital humano, altamente calificado y distribuido geográficamente. Moverse en esta dirección implica, entonces, fortalecer las capacidades de las unidades administrativas de la educación pública y al interior de las escuelas.
El diseño de la nueva institucionalidad implica abordar cuatro cuestiones claves: unidad geográfica, legitimidad democrática, financiamiento, tareas y atribuciones.
A partir de la evidencia nacional, no se encuentra correlación entre los resultados en las pruebas Simce de matemática y lenguaje y el tamaño de la matrícula pública de la comuna, el porcentaje de matrícula pública rural, el índice de vulnerabilidad de la comuna ni el gasto por alumno. Por otra parte, se observa una enorme heterogeneidad de resultados entre comunas que no se explican por el índice de vulnerabilidad. Ello lleva a pensar que el problema no radica necesariamente en la institucionalidad.
Dada la magnitud de esta reforma y la dificultad de prever los problemas que depara la nueva institucionalidad, resulta fundamental pilotear el nuevo modelo antes de hacerlo extensivo a todo el sector público. Como este cambio toma tiempo, se recomienda partir por aquellos municipios de peor desempeño y extenderlo al resto del sistema, en la medida en que haya evidencia de mejores resultados.
Asimismo, es imperativo perfeccionar el actual sistema de municipalización, subsanando sus falencias, pues se debe fortalecer el grueso de la educación pública durante la transición al nuevo modelo. Como no sabemos si la nueva institucionalidad traerá consigo los resultados que esperamos, es importante monitorear el desempeño de los municipios una vez subsanadas las falencias, pues puede convertirse en una mejor alternativa que la nueva institucionalidad.
