El Gobierno se ha propuesto terminar con el financiamiento compartido en educación escolar. Es una medida que tiene ventajas y desventajas respecto de la situación actual. Para que sus ventajas se materialicen y no signifique una disminución de los recursos que están comprometidos en diversos proyectos educativos que un grupo relevante de familias estima valiosos, se requiere un fuerte compromiso financiero del Estado. Sin embargo, el proyecto de ley que acaba con el financiamiento compartido no los asegura. Los recursos frescos que contempla el proyecto vienen dados por una subvención de gratuidad, que alcanza a $ 9.456 mensuales y una extensión de la subvención escolar preferencial a los alumnos de clase media, cuyo valor promedio es de $ 14.862. En este ámbito, no hay más dineros comprometidos.
La decisión de un establecimiento de dejar de cobrar financiamiento compartido dependerá, antes del plazo de diez años en que su término es obligatorio, de si la suma de las dos nuevas subvenciones compensa los recursos que se perderían por copago. Si bien la mayoría de los estudiantes que asisten al sector subvencionado se verían beneficiados con esta medida, para un grupo no menor de alumnos la compensación es insuficiente. En el mejor de los casos, si todos los estudiantes recibieran la subvención de clase media, los recursos frescos sumarían $ 24.338 por estudiante. Cerca de 600 colegios que reúnen a aproximadamente 410 mil estudiantes no seguirán este camino, porque de hacerlo dispondrían de menos recursos para sus proyectos educativos. Si se hace una estimación más realista –que supone que solo la mitad de los estudiantes obtendría subvención de clase media–, 910 establecimientos que reúnen a 580 mil estudiantes optarían por no dejar el régimen de financiamiento compartido.
Como el proyecto de ley congela, en pesos, el techo del financiamiento compartido y establece que éste se reduce en el mismo monto, en pesos, que aumenta la subvención escolar, el financiamiento nominal máximo se mantiene en el tiempo. Así, los establecimientos que opten por mantener el financiamiento compartido se irán viendo cada vez «más apretados» en sus recursos reales. Como en el proyecto no se comprometen aumentos de la subvención por sobre el reajuste habitual de la Unidad de Subvención Educacional (U.S.E., la unidad de medida en la que se paga la subvención), los estudiantes que asisten a establecimientos que opten por no abandonar inicialmente el régimen de financiamiento compartido tarde o temprano se verán perjudicados. En el mejor de los escenarios ello ocurrirá al décimo año, una vez que se termine definitivamente el financiamiento compartido, pero en muchos casos ello sucederá antes, particularmente en los establecimientos que en la actualidad tienen un monto de copago medio o alto.
El Programa de Gobierno habla de gradualidad y no de plazos para terminar el financiamiento compartido. Para evitar que se perjudiquen a los estudiantes proponemos que: 1) se elimine el plazo de diez años que contempla el proyecto para poner fin definitivo al financiamiento compartido.; 2) congelar el financiamiento compartido en U.S.E. de todos los colegios que opten por mantenerse en el régimen de financiamiento compartido; 3) que ese monto se reduzca solo cuando haya un aumento en U.S.E. de la subvención; 4) que la subvención para grupos medios, a diferencia de lo que plantea el proyecto de ley, sea compatible con el cobro de financiamiento compartido para estudiantes que no son merecedores de ese beneficio, tal como ocurre hoy con los estudiantes que reciben subvención escolar preferencial; y 5) que los colegios con financiamiento compartido que cambien la composición socioeconómica de sus estudiantes haciéndola más integrada socialmente puedan recibir la subvención de gratuidad por los nuevos estudiantes que se integren.
