- Los recursos fiscales reales totales otorgados al sistema de educación superior se han reducido en un 2,6% desde 1981 a 1995. En forma simultanea, la aprticipacion en al financiamiento del sistema de aquellos itemes directamente relacionados con la calidad del alumnado y de la enseñanza ha ido perdiendo relevancia.
- Se sugiere un aumento de volumen de recursos estatales a este sector, basado en la recuperación de los montos establecidos por al DFL N° 4 de 1981 dispuestos para el año 1996. La proposición es de que en un plazo de dos a tres años se dupliquen los aportes acutales de 104,25 mil millones de pesos en 1995 a una cifra del orden de 212 mil millones de pesos.
- Por otra parte se plantea que el aporte fiscal indirecto (AFI) – un derecho de propiedad del alumno, que es quien lo genera y quien, con su decisión, define la institución de educación superior receptora de este – sea comunicado y adjudicado al postulante conjuntamente con el resultado de su Prueba de Aptitud Académica
- Actualmente, los recursos destinados a crédito y becas se definen con posterioridad al ingreso de los alumnos a las universidades. El peligro de esta asignación es producir una segmentación de universidades para pobres y otras para ricos. Una forma de evitarlo es que el monto del crédito-beca que cada alumno dispone sea publicado – al igual que el AFI – en forma paralela a la Prueba de Aptitud Académica (PAA). El mecanismo para lograrlo sería que el 25% de los alumnos con mejores promedios de notas de cada colegio, liceo o escuela del pais llenara el Formulario Unico de Acreditacion Socioeconomica (FACSE) en marzo deñ año que debe dar la PAA.
- El hecho de que un alumno pobre cuente con esta información antes de entrar a una institución de educación superior transforma profundamente la situación e que este se percibe.
