Actualmente se concibe la institucionalidad de la educación escolar pública como municipal, pues en su regulación jurídica se determina al alcalde como el sostenedor de las escuelas y liceos, sin embargo esta misma regulación establece una difusión de atribuciones entre diferentes actores que termina por diluir la responsabilidad del alcalde. Ante el decaimiento de la educación pública, docentes y estudiantes reclaman no sólo por su fortalecimiento, sino que aparejado con ello por terminar con la municipalización, creyendo así poner fin de raíz a los problemas que la aqueja. Empero, gran parte de los problemas de la educación municipal no tienen relación con su institucionalidad, de manera que un cambio de dependencia no garantiza un mejor sistema público si no se subsanan dichos problemas.
El proyecto de ley presentado por el Gobierno no resuelve los problemas fundamentales que afectan la administración y gestión de la educación pública, como la difusión de responsabilidades, la separación de las funciones técnico-pedagógicas de las administrativas y un financiamiento insuficiente, entre otros. El único problema que aborda este proyecto tiene relación con las debilidades propias de la institucionalidad de la municipalidad. La ventaja de las agencias locales en la relación a la municipalidad radica principalmente en tres aspectos: 1. Al tener las agencias giro único, concentran sus funciones exclusivamente en las tareas relacionadas con la educación. 2. Las agencias pueden fusionar la administración de establecimientos de más de una comuna y así generar economías de escala. 3. Al no depender de la municipalidad, la educación pública queda libre de los conflictos de intereses de los alcaldes, dificultándose así su manipulación para fines políticos. Esto facilitaría la posibilidad de implementar estrategias de largo plazo. Otro aspecto positivo de las nuevas agencias es que mantiene el carácter descentralizado de la administración con una fuerte vinculación con la comunidad local.
Pero, la desvinculación con el municipio trae consigo también desventajas. El municipio está a cargo de múltiples asuntos y servicios de la comuna, de manera que le resulta fácil diseñar políticas en red para combatir de forma temprana problemas que están estrechamente ligados a la educación. Además, el alcalde, al ser elegido democráticamente por la comuna, cuenta con la legitimidad que carecen los gobiernos regionales y provinciales, dependiendo éstos del gobierno central. Por último, el hecho de que la administración de la educación tenga consecuencias políticas para el alcalde puede tener efectos positivos.
Una de las principales falencias del proyecto de gobierno es que no resuelve el problema de la definición de responsabilidades y la separación de las tareas administrativas de las técnico-pedagógicas. Además, debiera profundizarse la orientación descentralizadora que impulsó la Ley de Calidad y Equidad, transfiriendo mayores competencias a los directores de escuelas y liceos. Otro de los puntos claves que este proyecto no aborda es el financiamiento. Éste ha resultado insuficiente para asegurar capacidades técnicas y profesionales adecuadas. Para subsanar esta falencia, que es determinante para la calidad de la educación pública, se debe asegurar un financiamiento estable, equitativo y adecuado.
Por último, el actual proyecto debiera incorporar mecanismos que incentiven la integración social, considerando que nuestro sistema es uno de los más segregados del mundo.
