El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet contempla entre una de sus medidas poner fin al financiamiento compartido de forma gradual. Más allá de las legítimas discrepancias que puedan existir en torno a esta decisión, resulta fundamental que, si se materializa, conlleve mayores beneficios que perjuicios para el sistema escolar.
El financiamiento compartido debe comprenderse en el contexto más amplio del sistema de financiamiento de la educación escolar, de manera que su eliminación necesariamente exige revisar el sistema de financiamiento. En este contexto, la siguiente propuesta se construye sobre cuatro principios orientadores, a saber, 1) que el nuevo sistema de financiamiento tenga un impacto positivo en la calidad del sistema educativo, 2) que la distribución de los recursos sea equitativa, 3) que sea económicamente sustentable para el Estado y 4) que pueda llevarse a cabo en un plazo razonable.
Para ello este artículo propone las siguientes medidas:
1. Hacer obligatoria la Subvención Escolar Preferencial e igualar los montos de la enseñanza media con los de la enseñanza básica.
2. Transformar la Subvención por Concentración de Alumnos Prioritarios en una Subvención por Integración Social.
3. Aprobar el proyecto de ley que crea la Subvención para Alumnos de Clase Media, introduciendo algunas modificaciones, y aumentar su valor para la enseñanza media.
4. Congelar el monto nominal que cobran los establecimientos por concepto de financiamiento compartido a partir del momento que empiece a aumentar la subvención general.
5. Disminuir el monto de financiamiento compartido que cobra cada establecimiento de la mano con un aumento de la subvención general hasta su eliminación definitiva.
El costo total de esta propuesta es de aproximadamente US$ 2.985 millones, prácticamente un punto del PIB, que representa un poco más de un tercio de los fondos a recaudar con la reforma tributaria.
Esta inversión en educación escolar nos permitirá cerrar la brecha en el gasto en materia de educación escolar con la OCDE y financiar políticas claves para mejorar la calidad de la educación, como por ejemplo una nueva carrera docente, que nuestro país requiere con urgencia. Además, el nuevo sistema de financiamiento sería más equitativo que el actual, compensando las falencias producto del origen socioeconómico del alumno. Por último, este modelo tiene la ventaja de incentivar la integración social, pues hace que alumnos de niveles socioeconómicos bajos y medios sean atractivos para los establecimientos escolares que atienden a un público de nivel socioeconómico medio-alto.