Los dos recientes anuncios de restricción vehicular permanente para la Región Metropolitana, una por contaminación ambiental y la otra por congestión, plantean una serie de interrogantes. Por lo pronto, si la restricción por congestión corriera en paralelo con la restricción por contaminación, los incentivos de cada una tenderían a anularse, siendo posible que la acumulación de medidas individualmente bien pensadas resulten en una sola medida mal diseñada, generando además, enormes grados de confusión en la ciudadanía.
Creemos que existe un riesgo serio de que la aplicación de restricciones simultáneas de mayo a agosto, una por contaminación ambiental y la otra por congestión, genere un grado importante de confusión en la ciudadanía.
En relación con la restricción por contaminación, la inclusión de dos dígitos de restricción para vehículos con sello verde y más de 5 años de antigüedad expandiría casi 6 veces la limitación actual. Con todo, es preciso tener en cuenta que, si lo que preocupa es la contaminación ambiental, lo primero a revisar son las emisiones y luego el número de fuentes. Desde esta perspectiva, los vehículos diésel ingresados al país post 2011 son entre dos y tres veces más contaminantes que los vehículos bencineros más antiguos en circulación; sin embargo, a estos vehículos más contaminantes se les permitirá circular sin limitaciones. La discusión debiera entonces centrarse más en torno a cuáles son las tecnologías más contaminantes y a cómo debiera desincentivarse su uso e incentivarse su reemplazo.
En cuanto a la restricción por congestión, valoramos conceptualmente la propuesta de ofrecer pases diario, es decir, la idea de pagar por circular, en tanto esta apunta a que los automovilistas internalicen todo el costo de su acción. Ahora bien, en el entendido que esto ocurre cuando el pago se asocia a la externalidad generada, parece más adecuado atacar la congestión dónde y cuándo esta se produce, y no con restricciones generales. Especial consideración debiera tenerse respecto de los efectos de la congestión en el funcionamiento de los sistemas de transporte público, habida cuenta de que pocas medidas resultarían más eficientes y redistributivas que una reducción de la congestión que aumente la velocidad del transporte masivo.
El proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso entrega a la autoridad un excesivamente variado abanico de opciones. Conscientes de que este tipo de medidas deben implementarse con ciertos grados de flexibilidad que permitan realizar ajustes en el margen, creemos igualmente que las facultades en esta materia debieran estar acotadas en rangos discutidos durante su tramitación y fijados en la ley, asegurando ciertos grados de continuidad y evitando discrecionalidad.
