Tres factores claves para desmunicipalizar la educación pública

La cobertura de la educación municipal se ha reducido dramáticamente en las últimas tres décadas, pasando de un 78% en 1981 a un 37% en 2014. Es muy probable que en los próximos años siga cayendo la cobertura del sector municipal, pues en los niveles de prekínder y kínder que se imparten en colegios la tasa de cobertura de este sector apenas alcanza el 26% frente a un 66% de los colegios particulares subvencionados.
La Ley de Inclusión, que termina con el lucro, el financiamiento compartido y la selección en la educación escolar, responde principalmente a esta preocupación, al igual que el proyecto de ley que traspasa los establecimientos escolares de los municipios al Ministerio de Educación.
Ahora bien, si no tenemos claridad sobre los motivos por los cuales las familias prefieren los colegios particulares subvencionados en vez de los municipales, es posible que, a pesar de los cambios introducidos, la educación estatal continúe perdiendo cobertura.
Lamentablemente, no contamos con estudios que permitan comprender esta preferencia de los padres por establecimientos particulares. Esta falta de información dificulta la posibilidad de satisfacer las demandas de los padres a partir de medidas diseñadas en el nivel central o incluso intermedio; por el contrario, son las escuelas las que tienen una ventaja comparativa en esta materia al estar insertas en la comunidad local y en contacto cotidiano con los padres, apoderados y estudiantes.
Aquí radica el principal problema del proyecto de ley del Gobierno. Sin conocer las razones que han llevado a las familias a emigrar del sector público al privado, el Gobierno propone una nueva institucionalidad de la educación pública, más centralizada que la actual, asumiendo que el principal problema radicaría en la debilidad de los sostenedores. La evidencia empírica disponible, sin embargo, levanta dudas sobre esta tesis, pues observamos que cerca del 74% de la varianza en los resultados SIMCE de la educación municipal se explicaría por la varianza que ocurre al interior de las comunas y sólo un 26% por la varianza entre municipios.
Ahora bien, aun cuando el principal problema fueran los sostenedores, el problema no se resuelve automáticamente traspasando la administración de los establecimientos escolares públicos de los municipios al Ministerio de Educación, como propone el proyecto de ley del Gobierno, sino subsanando las falencias que hoy observamos en el sistema y que están presentes en la nueva institucionalidad, a saber, dilución de responsabilidades entre las distintas instituciones del Estado, conflictos de intereses políticos y falta de autonomía del equipo directivo de la escuela.