Es urgente que el gobierno y las instituciones de seguridad promuevan y, sobre todo, faciliten la presentación de denuncias de todo tipo de delitos. De otro modo, sin advertirlo, estarán debilitando el Estado de derecho.
Según datos de la Encuesta CEP, la ciudadanía ha percibido la delincuencia como uno de los problemas centrales del país durante las últimas décadas. Con una caída durante la pandemia, la cifra llega hoy al 57%, la más alta desde hace tres años. Para destacar sus avances en control del crimen, regularmente el gobierno sugiere que hay una distancia entre esa preocupación y el número real de delitos.
Esto, además de subvalorar la percepción de la ciudadanía, no considera la cifra oscura o subreporte, es decir, los delitos que las personas sufren, pero que por razones diversas no denuncian. De acuerdo con datos de ENUSC 2023, en la actualidad, el subreporte alcanza al 68% del total de delitos. El aumento de esta cifra ha sido significativo en los últimos años, incluso proporcionalmente mayor que la cantidad total de delitos.
Decidir no reportar un delito sufrido normaliza el tipo de delincuencia no denunciado y hace que las instancias encargadas de resolver los casos (Carabineros, PDI, Ministerio Público) dejen de considerarlos parte del problema. La carga del delito queda entregada a individuos que, al no denunciar, la asumen como parte de sus costos (materiales, físicos, emocionales). Así, son los ciudadanos los que terminan subsidiando al Estado en el control del crimen. Se produce un nivel de delito, de quebrantamiento del derecho representado en el subreporte, que se transforma fácticamente en “aceptable” para las instituciones de seguridad. Esta normalización del crimen constituye una trasgresión del Estado de derecho.
Para las instituciones de seguridad esta es una situación cómoda. Por una parte, tienen que tratar con una cantidad considerablemente menor de delitos y concentrarse en los casos reportados, cuestión que tampoco logran cumplir con eficacia a ojos de la ciudadanía. Por otra, ignoran elementos fundamentales para sus planes estratégicos de intervención y prevención.
La decisión de no reportar un delito, cualquiera sea este, debiera motivar una política pública ad hoc que muestre la importancia de la denuncia de manera independiente del caso. El reporte tiene razones normativas, en tanto refuerza la pretensión de restauración de la norma afectada en el marco del Estado de derecho. Pero también tiene razones funcionales, pues transfiere a las instituciones encargadas del crimen el conocimiento de los hechos y la responsabilidad de su solución. Y tiene razones operacionales, pues aun cuando haya casos sin solucionar, la denuncia gatilla persecución, eventualmente castigo, puede promover reparaciones simbólicas y generar información para la prevención de futuras acciones o planes de vigilancia.
Es urgente que el gobierno y las instituciones de seguridad promuevan y, sobre todo, faciliten la presentación de denuncias de todo tipo de delitos. De otro modo, sin advertirlo, estarán debilitando el Estado de derecho.
