El “pueblo”, en definitiva, no se deja encasillar, pero tampoco se deja engañar. Cambios bien hechos, en tiempo y forma. Esa parece ser la demanda que subyace tanto al plebiscito de entrada como al de salida.
No hay nada más peligroso que sentirse dueño de la “voz del pueblo”. No sólo por el evidente rasgo mesiánico que hay detrás de dicha apropiación, sino porque la realidad nos enseña una y otra vez que el electorado -o el “pueblo”- es muy difícil de ser encasillado. En efecto, una de las principales características de las sociedades modernas es que las personas que las componen tienen intereses tan múltiples y dinámicos que rara vez un comportamiento es igual al siguiente.
Las últimas elecciones muestran el dinamismo del votante promedio. Hemos sido testigos de una verdadera montaña rusa electoral, a veces dando como vencedoras a las izquierdas, otras a las derechas y otras tantas al centro moderado. El electorado parece “transitar” de una opción a otra sin mediar razones demasiado profundas, más preocupado de las angustias del presente -la inflación, la inseguridad- que de las reivindicaciones del pasado y las ansiedades del futuro.
Lo anterior no quiere decir que la ciudadanía del siglo XXI sea menos politizada o ideologizada. Más bien, significa que las visiones tradicionales (esas que en la centuria pasada se llenaban la boca con el “pueblo”, el “movimiento obrero”, la “política de masas”) no son suficientes para alcanzar una comprensión cabal del votante que cada cierto tiempo acude a las urnas. Dura tarea tienen los políticos del mañana que quieran conocer las demandas de sus electores.
Pero no todo está perdido, claro está. En el caso que nos atañe (es decir, luego del resultado histórico del Rechazo el domingo), tenemos una gran oportunidad de reunir en una misma interpretación a las distintas posiciones que están comprometidas con el cambio constitucional, pero que han insistido, hace ya varios meses, que ese cambio debe hacerse oyendo a todas las fuerzas democráticas que coexisten en el país.
Habrá quienes -sobre todo en los sectores más a la derecha- interpretarán lo ocurrido el domingo como una señal de que “el pueblo” se ha hastiado de la discusión constitucional y que más vale regresar al statu quo que existía en 2019. Craso error: que la ciudadanía haya rechazado la propuesta de la Convención no es lo mismo que dejar inconcluso el itinerario constituyente, ya que fue ese mismo electorado el que votó masivamente a favor de tener una nueva Constitución en octubre de 2020.
No es posible, en otras palabras, pensar que “aquí no ha pasado nada”. Tampoco sería conveniente comenzar la nueva discusión constituyente desde foja cero: existen mínimos comunes, que van desde la centroderecha a la centroizquierda, que auguran un debate menos polarizado en el futuro cercano.
Esos mínimos comunes son procedimentales (cada vez hay mayor consenso de que la Constitución sea escrita por una Convención elegida a partir de reglas similares a las que se usan para las elecciones parlamentarias), pero también, y sobre todo, refieren a cuestiones constitucionales: más y mejor descentralización; un sistema político que garantice eficacia y gobernabilidad; un Estado social y democrático de derecho; el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en el marco de la unidad del Estado y el territorio nacional; una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otras materias.
El “pueblo”, en definitiva, no se deja encasillar, pero tampoco se deja engañar. Cambios bien hechos, en tiempo y forma. Esa parece ser la demanda que subyace tanto al plebiscito de entrada como al de salida.
