Hay un amplio grupo de personas que comparte principios clave para salir del atolladero. Durante mucho tiempo hemos caminado por la cornisa; está en nosotros no caer de ella.
No cabe duda: el país experimenta un tipo de polarización comparable a los momentos más aciagos de nuestra historia. El diálogo va a la baja, los consensos parecen cosa del pasado, los acuerdos son mal mirados. Todo responde a una “cocina” acometida por partidos desprestigiados que no entienden cómo funciona la política actual. Una política que, como vimos en la Convención, está más interesada en los particularismos identitarios que en la universalidad de los derechos.
A primera vista, dicho diagnóstico es correcto. Me pregunto, no obstante, si el ambiente en la franja televisiva y en las redes sociales resume de manera fidedigna lo que nos pasa. ¿Estamos realmente al borde de la cornisa, casi a punto de caer? Los documentos que han visto la luz en las últimas semanas -y que abarcan desde la centroderecha a la centroizquierda- plantean algunos mínimos comunes que, creo, ponen en entredicho el pesimismo de Twitter y otros portales similares. Esos mínimos son tanto procedimentales como normativos.
En efecto, los partidos de Chile Vamos han coincidido con sectores de centro y centroizquierda en la necesidad procedimental de continuar el proceso constituyente más allá del plebiscito de este domingo. Y ello tanto si gana el Apruebo como si lo hace el Rechazo. En el primer caso, es claro que deberían consensuarse reformas profundas para adecuar el texto de la Convención a las demandas de la ciudadanía (las cuales tienen menos que ver con temas como la plurinacionalidad que con cuestiones materiales referidas, por ejemplo, al correcto funcionamiento de la descentralización).
En caso de que gane el Rechazo (opción que me parece más razonable para realizar los cambios), se debe volver a explicitar la continuidad del cambio constitucional. Como van las cosas, tendríamos probablemente una Convención 2.0, menos “partisana” (para usar el término del expresidente Lagos) y más representativa de las fuerzas políticas que coexisten en el país. Si así fuera, los futuros convencionales deberán tener en mente una de las principales enseñanzas que hemos aprendido este último año: las constituciones no pueden ser programas de gobierno, sino que deben aspirar a ser pactos intergeneracionales.
Ahora bien, más relevante que los acuerdos procedimentales son los consensos que se han alcanzado en materia de principios constitucionales. La idea de que exista en Chile un Estado social y democrático de derecho es transversalmente aceptada por el espectro político, si bien todavía falta una bajada más concreta para conocer sus alcances y límites. Lo mismo puede decirse del reconocimiento de los pueblos originarios: el objetivo común es que estén presentes en la Constitución (incluso otorgándoles escaños reservados de forma proporcional a su grado de representatividad electoral), pero sin que ello signifique romper el viejo binomio de “un ciudadano, un voto”.
Por otro lado, no todos los involucrados en la definición de estos principios piensan lo mismo respecto al sistema político que debería implementarse en la nueva Constitución, pero sí son todos conscientes de cuán importante son los equilibrios y contrapesos para lograr una administración que posea eficacia y gobernabilidad. Para ello, es indispensable vincular esta discusión con el régimen electoral y la regulación de los partidos pues, parafraseando a Andrés Bello, en esta materia “todas las verdades se tocan”.
En definitiva, hay un amplio grupo de personas que comparte principios clave para salir del atolladero. Durante mucho tiempo hemos caminado por la cornisa; está en nosotros no caer de ella.
