Entrevista a Carmen Le Foulon, coordinadora del Área de Opinión Pública.
Una realidad económica, política y social compleja, frente a la cual la ciudadanía se muestra mayoritariamente pesimista, es lo que constató el Estudio Nacional de Opinión Pública abril-mayo de 2022, que el Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó a comienzos de mes y que ha seguido motivando análisis y cruces de información, en la búsqueda de señales y tendencias que permitan proyecciones finas sobre lo que viene en el plebiscito y después de él.
Es precisamente ese pesimismo el elemento que le parece más preocupante a la coordinadora del Área de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon Morán, quien recuerda que las expectativas económicas están en el peor nivel desde 2001, con un 42% de los entrevistados que cree que en los próximos 12 meses la situación económica del país empeorará, y con un 52% que califica la situación política como mala o muy mala.
A lo anterior se suma la fuerte preocupación por la delincuencia y temas asociados a la seguridad pública, como narcotráfico y violencia, en que 7 de cada 10 personas mencionan al menos uno de los tres como los principales problemas a los que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo, plantea la ingeniera comercial y magíster en Economía de la Universidad Católica, y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Columbia.
De ese panorama se deriva otro dato inquietante, como es que el 66% de la ciudadanía opta por el orden y la seguridad por encima de las libertades públicas o privadas, aun cuando esa posición no es solo de ahora: ya en 2008, el 63% de los encuestados adoptaba esa misma posición.
En esta entrevista, la coordinadora e investigadora del CEP en temas de comportamiento legislativo, representación y opinión pública, analiza tanto esos temas como otros vinculados al plebiscito de septiembre, entre ellos el empate técnico entre el Apruebo y el Rechazo que detectó la última encuesta, y la incógnita del 37% que aún no decide su voto en la consulta sobre la nueva Constitución.
UNA REALIDAD COMPLEJA
– ¿Qué fue lo que más le sorprendió de la última encuesta CEP y por qué?
– Lo más preocupante de la encuesta CEP es el pesimismo generalizado que se observa, tanto respecto de la situación económica como de la situación política.
– El estudio de opinión no incorporó el efecto “cuenta pública presidencial”, tras la cual otras encuestas registraron alzas en la aprobación del Presidente y del Apruebo. ¿Por qué ocurre esto?
– Esta encuesta, como se ha hecho en periodos presidenciales anteriores, busca mostrar las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía al inicio del mandato del presidente. Por lo mismo, el trabajo de campo se inicia aproximadamente un mes después del cambio de mando. La duración del trabajo de campo determina la fecha de cierre de la encuesta que en este caso fue el 29 de mayo.
– Usted dijo que el efecto de la cuenta pública en la evaluación presidencial iba a ser de corta duración. ¿Hasta dónde incide en ello la inseguridad y la situación económica?
– El Presidente Boric enfrenta una situación muy compleja, tanto en el plano económico como político. La inflación superó el 10% anual, algo que no ocurría desde 1994, y el crecimiento se ha desacelerado. Y esto se refleja en las expectativas de las personas. En la última encuesta CEP, las expectativas respecto a la economía están en su peor nivel desde que hacemos esa pregunta (2001): 42% piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país empeorará.
– ¿Y en lo que respecta a la situación política?
– También, hay una percepción muy negativa respecto de la situación política, con un 52% que califica de mala o muy mala, y un 44% que cree que es peor que hace 5 años atrás. Esto, en paralelo con la alta preocupación por la delincuencia y por temas asociados a la seguridad pública (narcotráfico y violencia): 7 de cada 10 personas mencionan al menos uno de estos tres como principales problemas a los que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo. Por ello, la cuenta pública, que como en cualquier gobierno que está iniciando su mandato, fue un relato y propuestas para Chile, se enfrenta con una realidad económica, política y social compleja, que no se supera de un día para otro. Y estos factores inciden en la aprobación presidencial.
LIBERTADES, ORDEN Y SEGURIDAD
– Al momento de escoger, el 66% de la ciudadanía opta por el orden y la seguridad por encima de las libertades públicas o privadas. ¿Esa tendencia se da en sociedades estresadas por altos niveles de temor y violencia, como en EE.UU. tras el 11-S?
– En Chile, la proporción que prefiere que haya orden público y seguridad ciudadana ha sido alta en casi todas las mediciones: solo en la medición de diciembre de 2019 esa proporción cae a 41%, pero, de todas formas, mayor al 22% prefiere que haya libertades públicas y privadas. En noviembre-diciembre 2008 un 63% se ubicaba en ese polo, no muy distinto al 66% en la última medición. En general, ante mayores niveles de preocupación, o miedo, las personas tienden a valorar más la seguridad. En el ejemplo que menciona, el temor ante los ataques terroristas no solo afectó la valoración de la seguridad, sino también, se asoció a una mayor tolerancia a la limitación de libertades.
– ¿La preocupación por la inseguridad, la delincuencia y la violencia es compartida por todos los segmentos políticos y socioeconómicos o existen diferencias?
– La delincuencia encabeza la lista de principales problemas (en términos de menciones) de todos los sectores políticos, pero a diferencia de lo que ocurre con violencia o narcotráfico -los otros dos temas asociados a seguridad-, en delincuencia se observan algunas diferencias según auto-identificación política. Así, mientras un 41% de quienes se posicionan en la izquierda consideran la delincuencia como uno de los tres principales problemas, esta proporción es 52% entre quienes se ubican en el centro, 50% entre quienes no se identifican en este eje, y llega a 62% entre quienes se posicionan en la derecha.
– Y que ocurre a nivel de segmentos de edad
– La preocupación por seguridad es transversal a todos los grupos socioeconómicos. Tanto si miramos por grupo socioeconómico o por niveles de educación, no hay diferencias estadísticamente significativas en la proporción que se los mencione como uno de los tres principales problemas. Es interesante que sí observemos diferencias en las percepciones según grupos de edad: entre los más jóvenes, la proporción que menciona violencia o narcotráfico como uno de los principales problemas es sustantiva y significativamente menor que entre los mayores. Así, mientras que un 11% de quienes tienen entre 18 y 29 años menciona la violencia y un 12% entre quienes tienen entre 30 y 44, esta proporción aumenta a 18% entre quienes tienen entre 45 y 59 años y a 20% entre los de 60 años o más. Con respecto a la preocupación por el narcotráfico, la diferencia se da entre quienes tienen menos de 30 y el resto de la población.
EVALUACIÓN PRESIDENCIAL Y OPCIÓN APRUEBO
– Usted ha dicho que a pesar de tener una de las evaluaciones positivas más altas, el Presidente no logra traspasarla a sus ministros, por lo que tampoco se sabe cuánto podría traspasar al Apruebo. ¿Qué tendría que pasar para que eso ocurriera?
-Considerando que la evaluación positiva del Presidente en la medición de abril-mayo es de 32% y negativa del 35%, no es claro que sea una buena estrategia para el Apruebo buscar asociarse tan directamente con el Presidente. Sobre todo, pensando que es difícil que su evaluación mejore sustantivamente en el corto plazo: el país enfrenta una compleja situación económica, además de los problemas de seguridad pública, factores que inciden en la evaluación de los presidentes.
– ¿Hasta dónde el anuncio de la llegada de Bachelet puede llevar aguas al molino del Apruebo? ¿Las críticas vertidas por su viaje a China pueden abrirle un flanco en este aspecto?
– Si bien ella sigue siendo una figura reconocida, en la encuesta CEP de agosto 2021 un 34% la evaluaba positivamente. Por lo que su influencia es probablemente más acotada, sobre todo porque de quienes la evalúan positivamente, una proporción relevante se define como de izquierda que son más proclives a aprobar. Ahora, no es muy probable que ese apoyo se vea fuertemente afectado por las críticas respecto a su actuación en China. Son probablemente su base más leal, y además, más de la mitad de quienes la evalúan positivamente no están interesados en política, por lo que es poco probable que sigan esa discusión.
CONFIANZA EN POLICÍAS Y MUNICIPIOS
– Hay analistas que sostienen que el Apruebo puede repuntar en la medida que dejen de aparecer los convencionales, cuya desaprobación es alta. ¿Qué cree usted?
– Las razones más frecuentes que dan las personas por las que votarían rechazo se relacionan con las características de las y los convencionales y su trabajo. Pero es importante preguntarse cuánto perdurará en la memoria de las personas, y por tanto, se mantendrá como razón, aun si las y los convencionales dejan de aparecer en los medios. Aun suponiendo que así lo hagan, cosa que es poco probable ya que seguramente participarán, al menos una proporción importante, en las respectivas campañas; hay un incentivo por mantener presente los episodios más complejos por parte de la campaña del rechazo. Y por otra, son menos las personas que reportan rechazar solo por esa razón.
– Respecto de la evaluación de instituciones, ¿no le parece sorprendente que las policías -PDI 45% y Carabineros 38%- tengan mejor evaluación que las municipalidades (29%), de las que siempre se dice que son el primer contacto y apoyo para los vecinos, y las que primero reaccionan en todo?
– Las policías – PDI y Carabineros- tenían hasta la medición de 2017, niveles de confianza similares a los que obtienen en esta medición y previo a eso, niveles aún mayores. En diciembre 2019, vemos un desplome, que se ha venido revirtiendo en las últimas dos mediciones. Por lo que, por una parte, este aumento se puede entender como una recuperación de la confianza. Pero también, es importante recordar que un 70% menciona al menos uno de los tres temas asociados a la seguridad pública como uno de los tres principales problemas, y son justamente las policías quienes están en la “primera línea” en el combate de la delincuencia. Las municipalidades, por otra parte, han tenido niveles de confianza más bajos que las policías en casi todas nuestras mediciones (a excepción de diciembre 2019), si bien, mayores que el gobierno.
ATRIBUCIONES DE LA CÁMARA DE LAS REGIONES
– Usted ha señalado que para una efectiva descentralización y contrapesos balanceados, la Cámara de las Regiones debería poder votar sobre todos los proyectos de ley. ¿Tal como está la propuesta constitucional sería un efectivo contrapeso al poder del Congreso?
– En leyes de acuerdo regional, se puede considerar que son simétricas, ya que se requiere la aprobación de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados para que se convierta en ley. Esto ya que, en la discusión en el pleno, se rechazó el inciso que definía el procedimiento en caso de que no hubiera acuerdo entre ambas, el cual permitía la insistencia del Congreso. En ese sentido, la Cámara de las Regiones cuenta con un poder de veto sobre los proyectos de ley de acuerdo regional aprobados por el Congreso de Diputadas y Diputados.
“Las materias de acuerdo regional se ampliaron sustancialmente con respecto a las primeras propuestas, y cubren áreas claves como reformas constitucionales, regulación de los sistemas de justicia, poder legislativo, las que implementen el derecho a la salud, educación y vivienda, así como la Ley de Presupuestos y materias relacionadas directamente a las regiones”, observa.
Y en las leyes relativas a otras materias, “la Cámara de las Regiones tiene un rol mucho más limitado. La propuesta establece que mediante voto favorable de la mayoría, la Cámara puede requerir conocer un proyecto y debe pronunciarse en un plazo máximo de 60 días. Si hace enmiendas, el Congreso puede aprobarlas o insistir en el proyecto original por mayoría simple”.
– Además de educación, salud, pensiones o laborales, usted incorpora los tratados internacionales a las materias en que debería incidir la Cámara de las Regiones. ¿Por qué?
– Los tratados internacionales afectan de forma diferenciada al territorio, por lo que me parece importante que las regiones, representadas en pie de igualdad en la Cámara de las Regiones, tengan incidencia. Además, los tratados internacionales, y en general, las relaciones internacionales, debieran tener una mirada de largo plazo, menos atada a un programa de gobierno en particular, por lo que es positivo que no solo puedan ser revisados por ambas cámaras.
– En otro aspecto, como la divulgación de encuestas está prohibida en un plazo que coincide con la toma de posición de los indecisos, muchas veces los sondeos aparecen como equivocados. ¿Deberían poder divulgarse hasta menos horas antes de los comicios? ¿Inciden efectivamente en la decisión de voto?
– La decisión respecto a cuántos días antes de la elección se debe prohibir la divulgación de encuestas debe tomarse en función del objetivo detrás de esa prohibición y la mejor forma de lograrlo. Hay una discusión que aún no está zanjada en la academia respecto de los efectos, y las investigaciones internacionales que encuentran efectos, en algunos casos muestran beneficios a quien va ganando, pero en otras, a quienes van de segundo o perdiendo. Por lo mismo, es un debate que debe darse en forma seria y basado en la evidencia. Pero hay otro aspecto que cruza esta discusión que me parece fundamental y es sobre la transparencia, la que es esencial para que la ciudadanía cuente con la información necesaria para poder evaluar las encuestas en su mérito. Otro aspecto que importante considerar es que la prohibición puede terminar restringiendo quiénes tienen acceso a esa información. Esto ya que las empresas siguen realizando estudios, por lo que solo quienes tienen los contactos o bien pagan por los estudios, pueden conocerlos.
– Respecto del empate técnico entre Apruebo y Rechazo, ¿en qué momento del proceso electoral se comienzan a despegar esas opciones, de acuerdo a su experiencia? ¿Hay una constante histórica?
– Depende mucho del contexto, por lo que es difícil generalizar, pero lo que hemos visto en los últimos referendos o plebiscitos, es que cuando la población está dividida entre ambas opciones al inicio de los procesos, los resultados son estrechos. E incluso, como en el caso del Brexit en el Reino Unido o el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia, sorprendentes.
– ¿El 37% de indecisos que registra el estudio es una cifra “normal” para la época o es mayor que en otros procesos? ¿Quiénes serían mayoritariamente los indecisos?
Esa proporción parece razonable considerando que la campaña aún no empieza. Y el rol de la campaña será fundamental en proveer información ya que es una decisión mucho más compleja que la del plebiscito de entrada: no se está votando si se quiere o no una nueva Constitución, sino si aprueba o no una propuesta específica, que es necesario conocer. Esto se refleja en las razones que dan las personas: un 61% de quienes aún no se han decidido mencionan que les falta información, o que aún no lo han pensado.
“Quienes aún no lo han decidido cuentan, en promedio, con menor educación que quienes sí lo han hecho: 39% cuenta con educación superior comparado con 47% entre quienes rechazan y 58% entre quienes aprueban. Pero no se diferencian en términos de edad o género de los otros grupos”, agrega.
Plantea asimismo que en términos de percepciones de la situación económica y política, así como de expectativas, se encuentran en una posición intermedia entre quienes aprueban y quienes rechazan. “Así, respecto a las perspectivas económicas del país en los próximos 12 meses, los más pesimistas son quienes rechazan con un 65% que cree que empeorará, y quienes aprueban son los más optimistas, con solo un 27%. Quienes aún no lo han decidido se ubican en el intermedio con un 42%.”